El Banco Central Europeo (BCE) considera que el impuesto español a la banca podría poner en peligro una transmisión fluida de las medidas de política monetaria a la economía en general si las entidades afectadas registran unos beneficios bajos o pérdidas en el momento en que se recaude de forma efectiva el gravamen. Además, el banco comunitario apuesta a repercutir el impuesto a los clientes de las entidades.

Sin embargo, el sector financiero continúa siendo uno de los mas beneficiados por la crisis derivada de la guerra de Ucrania. Al menos los seis grandes bancos españoles obtuvieron en conjunto un beneficio neto de 16.014 millones de euros en los nueve primeros meses del año, un 23% más que en 2021.

En su evaluación, el banco comunitario recuerda que la materialización de riesgos a la baja puede reducir de manera significativa la capacidad de pago de los deudores y, por lo tanto, el efecto de la normalización de la política monetaria, es decir; igualar las estructuras productivas y económicas de las distintas entidades bancarias situadas en diversos países.

En este sentido, el BCE critica que el gravamen temporal atiende a los ingresos totales y a las comisiones correspondientes al ejercicio de 2019, un año antes de la pandemia. Debido a esto advierte que el sector bancario puede ver reducidos sus beneficios o entrar en pérdidas de hacerse efectivo el impuesto.

"Si la capacidad de las entidades de crédito para alcanzar posiciones de capital adecuadas se ve perjudicada, esto podría poner en peligro una transmisión fluida de las medidas de política monetaria a la economía en general a través de los bancos", alerta el banco comunitario.

No obstante, la tendencia de la banca siendo muy positiva tal y como arrojan los últimos resultados de las entidades. Por ejemplo, el Banco Santander ha obtenido un beneficio atribuido de 7.316 millones de euros, un 25% más; BBVA registró un resultado atribuido de 4.842 millones de euros, un 47% más; al igual que CaixaBank, Sabadell y Bankinter.

Asimismo, para el BCE la base sobre la que se establecería el gravamen temporal no tiene en cuenta todo el ciclo económico y no comprende, entre otros, los gastos de explotación ni el coste del riesgo de crédito, por lo que el importe del gravamen temporal "podría no ser proporcional a la rentabilidad de una entidad de crédito".

De este modo, como consecuencia de la aplicación general del gravamen temporal, las entidades de crédito que no se benefician necesariamente de las condiciones actuales del mercado "podrían ser menos capaces de absorber los posibles riesgos a la baja de una recesión económica".

Por otro lado, en opinión del BCE una disposición genérica que establezca que el gravamen temporal no puede trasladarse a los clientes de las entidades de crédito "podría generar incertidumbre", así como riesgos operativos y de reputación conexos para dichas entidades.

A este respecto, el BCE recuerda que espera, en general, que las entidades de crédito, de conformidad con las buenas prácticas internacionales, tengan en cuenta y reflejen en los precios de los préstamos todos los costes pertinentes, incluidas las consideraciones fiscales, cuando proceda.

El Ejecutivo apoya el gravamen ante un sector bancario en constante beneficio

A pesar de la oposición frontal de la banca, con el BCE a la cabeza, el Ejecutivo continúa manteniendo su posición con respecto al gravamen. El Gobierno sostiene que el impuesto, que se postula como proposición de ley, se encuentra ahora en fase de tramitación parlamentaria.

El sector financiero, confía en que en el Congreso pueda suavizar algo la proposición de ley ya que plantea varios quebraderos de cabeza para las entidades. Entre ellos, que se prohíbe su repercusión al cliente mientras el banco comunitario recomienda lo contrario, a sí cargárselo al usuario.

Fuentes del ministerio de Hacienda tranquilizan argumentando que, “El BCE no emite una opinión en contra del gravamen, hace recomendaciones y se pronuncia sobre aspectos técnicos de la norma que considera necesario aclarar. Se trata de consideraciones relevantes para cualquier impuesto de este tipo que se pueda desarrollar en otro país. Todas estas consideraciones fueron tenidas en cuenta por el gobierno antes de hacer la propuesta.”

“Los resultados que estamos conociendo estos días apuntan a un fuerte incremento de los beneficios en los nueve primeros meses del año como consecuencia, entre otros aspectos, de la subida de tipos de interés y de que la remuneración de los depósitos todavía se mantiene contenida.”, apuntan fuentes gubernamentales

A la luz de los resultados, la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, volvía a defender el pasado miércoles que los beneficios obtenidos por las entidades bancarias “legitiman” la decisión del Ejecutivo de aprobar el nuevo gravamen sobre los beneficios extraordinarios del sector financiero.

“En un momento de tanta dificultad para millones de ciudadanos, es necesario y bueno que aquellos que más se estén beneficiando de esta crisis puedan tener mayor aportación para el bien de todos y reforzar los servicios públicos o financiar las medidas como la bajada de la factura de la luz”, afirmó la ministra.

De acuerdo con la propuesta del Ejecutivo, el impuesto gravará con un 4,8% los intereses y las comisiones que cobran las entidades bancarias que en el año 2019 hubieran ingresado más de 800 millones de euros. Por tanto, el impuesto se aplicará sobre nueve entidades españolas: Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell, Bankinter, Unicaja, Ibercaja, Kutxabank y Cajamar.