Una granja porcina en Burgos, denunciada por el Observatorio de Bienestar Animal (OBA), ha sido absuelta por la Junta de Castilla y León. La denuncia fue presentada ante el Juzgado de Salas de los Infantes de la provincia por presuntos delitos de maltrato animal. Los cerdos de la explotación de Arauzo de Torre presentaban heridas infectadas, malformaciones y vivían en unas condiciones totalmente insalubres, según los vídeos de la OBA. Los operarios utilizaban frecuentemente picanas eléctricas, además de alimentarse en comederos en los que había ratas, gusanos e insectos.

Este jueves, se ha hecho pública la denuncia del OBA junto con las pruebas, una serie de sobrecogedoras imágenes y vídeos de 2023 en los que se pueden ver las condiciones de vida de los animales. Este caso forma parte de su proyecto “La granja del terror”, que ya documentó y denunció otra granja en Quintanilla del Coco, también en Burgos, en noviembre de 2023. La campaña acusa a Lidl de un delito de publicidad engañosa, ya que ambas granjas están vinculadas a un proveedor que suministra carne a la cadena de supermercados, y ambas cuentan con certificados de bienestar y salud animal.

Esta semana, agentes del Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil y técnicos veterinarios de la Junta autonómica han realizado varias visitas a las instalaciones de la granja de Arauzo de la Torre. Esto, como parte de la investigación solicitada por el juzgado de Salas de los Infantes, que pretendía verificar las condiciones denunciadas por el OBA. El pasado martes 14 de mayo, la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural ha confirmado a EFE que la granja cumple “todos los protocolos de bienestar animal”.

De esta manera, el Gobierno del popular Alfonso Fernández Mañueco sostiene que, a pesar de lo que se aprecia en el vídeo, la última encuesta de bioseguridad realizada a la granja de Burgos en noviembre 2023 fue positiva. El Gobierno regional realiza inspecciones periódicas de higiene y sanidad a todas las explotaciones de la Comunidad. No es la primera polémica de la Junta con la carne para el consumo humano. El pasado año, PP y Vox impulsaron una normativa autonómica que pretendía rebajar el control de la tuberculosis en las vacas.

Golpes, heridas infectadas, descargas eléctricas: las condiciones de vida de los cerdos

Los informes de la Junta contrastan con las terribles imágenes del OBA. La ONG muestra en su vídeo como un operario de la granja golpea a varios cerdos en la cabeza y el lomo con un martillo de púas para marcar a los que se van a llevar al matadero. En más clips, se puede ver a un trabajador “golpeando el lomo de los cerdos con tubos de PVC”, y en otro se usa una picana eléctrica en el lomo de uno de los porcinos. Esta herramienta “debe emplearse sólo puntualmente según la normativa de bienestar animal”, indica la ONG.

El maltrato en “la granja del terror” no termina, pues en otras imágenes se ve a otro operario golpeando 15 veces seguidas a un animal. El Observatorio argumenta que los actos que se pueden ver en todas estas imágenes constituyen delitos de maltrato animal. El caso incluye otras pruebas visuales en las que se ve a un trabajador dando patadas y descargas eléctricas en la cara a los cerdos, o sacrificando a uno mediante una pistola de compresión.

La granja cumple "todos los protocolos", según la Junta

Las declaraciones contenidas en la denuncia de la OBA, acusan a la granja de tener cerdos con hernias y deformaciones que les impiden moverse, y heridas infectadas en orejas y extremidades con síntomas de la sarna. El informante al que cita la ONG, afirma haber visto a varios animales con heridas profundas en las patas que “supuran sangre y parecen haberse infectado gravemente”. También se denuncia que los animales heridos, yacen en el suelo o caminan sin apoyar la pata, y que “parece que no han recibido atención veterinaria”.

La explotación porcina de Arauzo de Torre (Burgos) cuenta con unos 1.000 cerdos de engorde distribuidos en dos naves. Los cerdos heridos no se ubican en ninguna zona de enfermería, según el informante. También se denuncia que se han hallado comederos llenos de insectos, gusanos y ratas, y que el entorno está lleno de telarañas. Estas condiciones son propicias para la propagación de enfermedades contagiosas como la triquinosis o la salmonella, que pueden infectar a humanos que consuman la carne de estos animales.

La ONG acompaña la denuncia con un informe veterinario, en el que se afirma que “los animales de esta granja no están bajo la debida supervisión veterinaria, lo que pone en grave peligro su vida y genera una muerte lenta y dolorosa”. La carne de estos animales, está destinada al consumo humano, y el informe denuncia “incumplimientos relativos a la sanidad” de estos productos. El OBA recuerda que uno de los proveedores a los que suministra la granja cuenta con el certificado ‘Welfair’ y el sello IAWS, distinciones que premian la calidad del bienestar animal.

La denuncia contra esta “granja del terror” se suma a otra previa presentada contra la explotación porcina de Quintanilla de Coco el pasado noviembre. La granja, también en la provincia de Burgos, perdió la certificación de bienestar animal, y está investigada judicialmente por delitos contra el medio ambiente, maltrato animal y publicidad engañosa. La ONG exige a Lidl que tome medidas con estas dos granjas que están cometiendo un “escándalo animal”.

La directora de campañas del OBA, Julia Elizalde, ha recordado que es “imprescindible que las grandes empresas alimentarias pongan medios para acabar con el peor sufrimiento de los animales destinados a consumo”. Las dos explotaciones denunciadas, están relacionadas con la cadena de suministro de la cadena, la líder en Europa. El observatorio ha recogido casi 600.000 firmas para pedir el cierre de la granja.

Lidl niega distribuir su carne

El supermercado Lidl, a quien desde OBA dicen que esta granja distribuye, niega la mayor. Concretamente, fuentes de Lidl aseguran a ElPlural.com que "Lidl no distribuye ni comercializa en ningún caso productos de esa granja, tal y como certifica este proveedor. Por desgracia, no es la primera vez que esta organización trata de vincular a nuestra compañía con casos de maltrato animal, habiéndose demostrado falsos".

"Como compañía, condenamos rotundamente los abusos y el maltrato animal y manifestamos nuestro completo rechazo ante este tipo de prácticas. De forma proactiva y sin previo aviso, realizamos numerosos controles y auditorías a nuestros proveedores con el objetivo de garantizar que los centros de producción con los que trabajan cumplen con las estrictas exigencias de bienestar animal que nos marcamos como empresa y que son de obligado cumplimiento para todos ellos, según se especifica en nuestra política de compras".

Las vacas con tuberculosis, otra más de la Junta

El Gobierno autonómico de PP y Vox , a pesar de la denuncia y las imágenes compartidas, hace oídos sordos. Las inspecciones de la consejería y el Seprona parecen haber visitado granjas distintas a las que se ven en los vídeos, pues han concluido que se cumplen los protocolos de bienestar animal. Lo cierto es que no es la primera polémica que la Junta tiene con la gandería castellanoleonesa. En 2023, PP y Vox intentaron cambiar una normativa relacionada con el ganado bovino y la detección de enfermedades infecciosas en la carne para el consumo humano.

 La ley autonómica aprobada por Alfonso Fernández Mañueco y Juan García-Gallardo otorgaba libertad de movimiento a animales de explotaciones donde no hubiesen sido superadas las pruebas de tuberculosis, permitiendo incluso salidas de cabezas de ganado propiedad de explotaciones con la calificación sanitaria retirada o suspendida hasta explotaciones libres de enfermedades. Además, también rebajaba los requisitos para que las explotaciones afectadas por algún brote obtuviesen la calificación positiva.

"Hasta el más ignorante sabía que esta ley no podía salir adelante". Con esta contundencia se pronunciaron desde el Colegio de Veterinarios de Salamanca (ColVetSa) sobre la normativa. Las críticas desde el sector veterinario han sido muy duras, y han tachado esta legislación de "irresponsable y disparatada", al tiempo que han expresado su "preocupación y consternación por la situación". Juan García-Gallardo, vicepresidente de Castilla y León de Vox, llegó a ir a Bruselas a defender esta normativa.

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