El amparo brindado por la ONU a la petición de apoyo del Gobierno español contra las iniciativas de las comunidades autónomas de derecha-ultraderecha que meten la marcha atrás en la memoria democrática ha cosechado un sonoro aplauso por parte de oposición, sindicatos e historiadores de Castilla y León, ya en pie desde hace semanas contra la derogación de las leyes de memoria autonómicas y la aprobación de la llamada “Ley de Concordia”.

Las reacciones van desde plantearse si el presidente del Gobierno autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, puede seguir en su puesto habiendo sido acusado por la ONU de vulnerar los derechos humanos hasta recordar que este no es el primer caso en el que la coalición PP-Vox sufre un revés desde fuera de las fronteras del territorio, pasando por calificar de “demoledor y vergonzante” el informe de Naciones Unidas.

Tudanca: “¿Puede Mañueco seguir de presidente?”

El secretario general socialista, Luis Tudanca, considera “descorazonador comprobar cómo lo que en España para PP y Vox es una sana nostalgia del régimen franquista, para la ONU es una grave vulneración de los derechos humanos que dificulta enormemente el conocimiento de la verdad y el deber de memoria, que son derechos reconocidos en diferentes tratados internacionales suscritos por España”.

En su opinión, el único camino que queda es que Mañueco retire el texto “de forma inmediata”, y se pregunta si alguien que, en connivencia con la ultraderecha ha provocado que la ONU acuse a Castilla y León de vulnerar derechos humanos puede seguir de presidente. 

Izquierdo: “La ONU no tiene dudas y Cuca Gamarra sí”

La historiadora e investigadora memorialista María Jesús Izquierdo subraya que “Naciones Unidas no tiene dudas” de la agresión que para la memoria histórica supone este retroceso, puesto que vulneran la legislación internacional y atentan contra la de derechos humanos, y califica de “demoledor y vergonzante” el informe de los relatores de la ONU.

La ONU, insiste Izquierdo, tiene claro que estas leyes transgreden la obligación del Estado español de garantizar la preservación de la memoria de las grandes violaciones de los derechos humanos; es más, dice, “indican que son un atentado contra el derecho a saber y a la verdad, que son universales”.

“Para mí es un demoledor informe, y vergonzante, como otros que ya hemos recibido en años anteriores, cuando aún no se habían desarrollado las leyes memorialistas”, y añade, “pero es peor aún que la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, se ha atrevido a alegar el desconocimiento de los relatores; está claro que la derecha y la ultraderecha de este país no tienen límites en la implantación de su hoja de ruta antidemocrática”.

Los sindicatos: “No es la primera vez”

Desde UGT, Faustino Temprano recuerda que “en este país hubo una dictadura y hay que reconocerlo” y pide al Gobierno de España que “cumpla con la resolución de la ONU” y garantice la Ley de Memoria en vigor, “porque los compañeros y compañeras, víctimas del franquismo, siguen en las cunetas y necesitan reparación”.

CCOO lamenta, por su parte, que, una vez más, la gestión del Gobierno de Castilla y León vuelva a ser cuestionada y puesta como ejemplo de incumplimiento de la legalidad.

Ignacio Fernández, presidente de la Fundación Jesús Pereda de CCOO CyL recuerda que no es la primera vez, puesto que ya ocurrió con el protocolo abortista que anunció el vicepresidente, Juan García-Gallardo y con el Servicio de Relaciones Laborales (SERLA), cuando en marzo del año pasado el Gobierno de España remitió un requerimiento previo a la vía judicial advirtiendo de que si la Junta no cumplía con la legalidad vigente, adoptaría las acciones oportunas.

Los relatores de la ONU, con su rechazo al proyecto del Gobierno de Mañueco, vienen a unirse, afirma Fernández, “al coro de instituciones españolas, europeas e internacionales que vienen dándonos la razón en todos los conflictos que tenemos abiertos con la Junta de Castilla y León”.

El sindicato se felicita de que tanto el Gobierno de España como Naciones Unidas velen por el cumplimiento de la legislación y por el derecho de las víctimas del franquismo y recuerda que el proyecto de la Ley de Concordia lo es sólo de los partidos en el Gobierno, PP y VOX, sin participación de ningún otro partido ni organismo.

“Frente a esa decisión unilateral, la Ley de Memoria Histórica y Democrática salió adelante con el acuerdo entre las asociaciones memorialistas, las organizaciones sindicales de clase y el Gobierno de la Comunidad Autónoma, que incorporó, para su desarrollo, a las universidades públicas de Castilla y León y a las entidades locales”, subraya el portavoz de CCOO.

Pidiendo auxilio internacional

El sindicato, a día de hoy, tiene abiertos nueve procesos judiciales contra la Consejería de Empleo y se ha dirigido a instancias como el Comité Europeo de Derechos Sociales, organismo del Consejo de Europa que vela por el cumplimiento de la Carta Social Europea y que ha admitido a trámite la reclamación de CCOO y UGT por la posible vulneración de sus preceptos.

Además, el pasado 13 de marzo, la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo votó a favor de la petición de una investigación, presentada también por ambos sindicatos, por la vulneración de los derechos recogidos en los tratados fundacionales de la Unión Europea en torno al diálogo social.

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