"Hasta el más ignorante sabía que esta ley no podía salir adelante". Con esta contundencia se han pronunciado desde el Colegio de Veterinarios de Salamanca (ColVetSa) sobre la normativa autonómica que pretendía aliviar los controles sanitarios para erradicar la tuberculosis en las vacas. Las críticas desde el sector veterinario han sido muy duras, y han tachado esta legislación de "irresponsable y disparatada", al tiempo que han expresado su "preocupación y consternación por la situación".

Una legislación que "chocaba con los estándares europeos y estaba claro que sería recurrida por algún sindicato veterinario", en palabras ya no del ColVetSa, sino del propio consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León, Gerardo Dueñas, quien a pesar de reconocer sin tapujos lo disparatado de esta normativa, ha asegurado que mantendrá el pulso con el Ministerio de Agricultura en los tribunales, aún teniendo en cuenta que la ley vulnera las normativas vigentes y podría detonar una crisis sanitaria

"Profundamente preocupados y afectados"

"Muchos funcionarios nos sentimos profundamente preocupados y afectados por la grave situación en la que se encuentra el sector ganadero de Castilla y León", publican desde el ColVetSa. "Desgraciadamente se nos ha considerado los culpables de una situación que nunca debió suceder, y es que los políticos, en un acto de la máxima irresponsabilidad, publicaron una ley que hasta el más ignorante sabía que no podía salir adelante", expresan, visiblemente indignados ante la publicación de esta normativa. 

"No se puede, de forma unilateral y por la fuerza, saltarse normativas que nos conciernen a todos, porque el resultado desgraciadamente no se ha hecho esperar. Por mucho que los políticos de Castilla y León pretendan ciegamente continuar con el disparate, la legislación hay que cumplirla y tenemos sobre nosotros todas las miradas, tanto del resto del país como de la Comunidad Europea. Y el cierre de nuestros intercambios comerciales ha sido la primera y catastrófica consecuencia", sostienen, en referencia al confinamiento de las vacas de la región, para evitar la expansión de la enfermedad al resto de territorios españoles.

"Lamentablemente este gobierno de Castilla y León ha perdido una magnífica oportunidad para apoyar al campo, como decían que iban a hacer. Y es que desde la Consejería de Agricultura se estaban dando pasos para permitir más facilidades a los ganaderos, y en ese camino se estaban dirigiendo muchas actuaciones, dentro de unos límites ordenados y sin levantar alarmas innecesarias. Y sin poner el peligro un prestigio que tanto nos ha costado conseguir", lamentan desde el ColVetSa.

"Pero sin dar tiempo a que esas medidas fueran desarrollándose, repentinamente sacan una normativa que lo pone todo patas arriba. No sólo por lo mal hecha que está, que da vergüenza leerla, sino porque nos deja en una situación de absoluta incertidumbre e indefensión porque no se sabe lo que hay que hacer y de lo que parece que sí que hay que hacer resulta que va en contra de toda la legislación nacional y comunitaria", denuncian, frustrados con la administración de Alfonso Fernández Mañueco y Juan García-Gallardo.

Confinamiento de vacas

A raíz de esta complicada situación se ha tomado la decisión de paralizar la normativa, a petición del Gobierno al Tribunal de Justicia Autonómico, con el fin de impedir la posible expansión de la bacteria. Por orden del Ministerio de Agricultura, todas las reses de las provincias con incidencia en la enfermedad quedarán confinadas y no podrán moverse hasta que la comunidad autónoma oficialice la resolución judicial y retorne a la legislación previa, más estricta y adaptada a los estándares españoles y europeos. 

La rectificación se publicará hoy en el boletín oficial de la comunidad. El empeño por seguir adelante con esta normativa ha despertado la indignación de diferentes asociaciones agrarias y veterinarias, entre ellas, la citada al comienzo de este artículo. ha indignado a asociaciones agrarias y a veterinarios. Muchos ganaderos, por su parte, se sienten "censurados" ante los controles a los que se ha de someter el ganado, aunque sea por el bien de la salud pública, pero afean su “politización”.

"Muchos nos sentimos profundamente apenados y no albergamos ningún afán de enfrentamiento con los ganaderos. Al contrario, deseamos que las aguas vuelvan a su cauce lo antes posible porque somos conscientes de las gravísimas consecuencias que esto puede traer. Seguiremos estando al servicio de los ganaderos, porque el orden y el buen cumplimiento de las normas no sólo es una imposición, sino también una garantía para todos. Que quizá desconozcan el trabajo de fondo que se desarrolla por los técnicos de la Consejería, pero deben ser conscientes de que de su buen funcionamiento depende que los distintos sectores se desarrollen en un ámbito de legalidad, seguridad y eficacia", concluyen desde el Colegio de Veterinarios de Salamanca.