La inestabilidad establecida en Castilla y León tras un año de Gobierno de coalición de PP y Vox es cada vez más acuciante. Este lunes, azuzados por una ley autonómica que contraviene toda la normativa sanitaria nacional y europea (y el sentido común), un grupo de ganaderos violentos ha intentado asaltar una institución pública, portando objetos contundentes e hiriendo a once policías. El escenario ha sido la Delegación Territorial de Castilla y León, donde unas 300 personas, convocadas por la Unión por la Ganadería de Salamanca, han comenzado a arrojar objetos, entre ellos pirotecnia, y golpear con ellos a los agentes de policía y el mobiliario.

"Son unos hechos en los que se han producido discrepancias entre la Administración autonómica y la estatal", ha valorado Isabel Rodríguez, portavoz del Gobierno, este martes. "Se ha puesto en evidencia que no se puede utilizar la falsedad ante un sector tan importante como lo es el ganadero y contraviniendo la legislación vigente", ha añadido durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. 

Este grupo violento se congregaba en las puertas de la institución para protestar contra las medidas que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación se ha visto obligado a aplicar para evitar la propagación de la tuberculosis bovina por España. La ley autonómica aprobada por Alfonso Fernández Mañueco y Juan García-Gallardo otorgaba libertad de movimiento a animales de explotaciones donde no hubiesen sido superadas las pruebas de tuberculosis, permitiendo incluso salidas de cabezas de ganado propiedad de explotaciones con la calificación sanitaria retirada o suspendida hasta explotaciones libres de enfermedades. Además, también rebajaba los requisitos para que las explotaciones afectadas por algún brote obtuviesen la calificación positiva.

La Comisión Europea, como no podía ser de otra manera, instó al Ejecutivo central a evitar que esta vulneración de cualquier lógica sanitaria pudiese expandirse por territorio nacional y comunitario. Cabe destacar que la tuberculosis bovina es una enfermedad transmisible entre animales y humanos. El contagio puede producirse a través del contacto directo y también puede estar presente en la leche, la saliva o la orina, entre otros fluidos. Además, puede trasmitirse a través de la ingesta de comida o agua contaminada. Dado el grave riesgo que una enfermedad de esta magnitud supone para la salud pública, el Gobierno central presento un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

Tribunales y medidas preventivas

A parte de recurrir a la vía judicial, el Ejecutivo decidió también tomar medidas de urgencia que evitasen que, mientras la norma del Gobierno de PP y Vox siguiese vigente, la enfermedad pudiese extenderse por España. Concretamente, la norma prohibía la movilidad de ganado castellanoleonés más allá de las fronteras autonómicas, a excepción de Valladolid, León y Burgos, donde no existen casos notificados. 

Ahora, el Tribunal ha decidido asumir medidas cautelares y suspender los efectos de la norma autonómica, tal u como solicitaba la Abogacía del Estado, hasta alcanzar una decisión. La Abogacía del Estado considera la ley una vulneración de normativas superiores, la europea y la española, y un peligro para la reputación de la cabaña ganadera y la exportación de sus productos. La Junta de Castilla y León ha aceptado esta resolución y ha comenzado un nuevo retroceso de sus políticas.

Posiciones enfrentadas

Los ganaderos aseguran que el control de la enfermedad y el saneamiento de la tuberculosis bovina puede arruinar al sector. Estos profesionales protestan contra las medidas cautelares y aseguran que el no poder salir de las fronteras autonómicas conlleva fuertes pérdidas al sector. Sin embargo, desde el Gobierno central aseguran que, tras la decisión de Vox y el PP de aliviar los controles sanitarios, la única opción posible para evitar un brote que se traslade a explotaciones de todo el territorio y pueda, incluso, saltar a personas es asumir estos preceptos hasta que los tribunales resuelvan.

Por su parte, la Consejería de Agricultura y Ganadería de Vox, en el marco de la campaña electoral, prometió aliviar los controles sanitarios, contraviniendo la normativa europea. El Ejecutivo comunitario, cuarta pata, es bastante claro y contundente con los controles sanitarios para aquellos productos animales y vegetales que operan en el mercado europeo.

Un Gobierno repleto de polémicas

La falta de respeto de la Junta de Castilla y León a la normativa estatal y europea es cada vez más evidente. El primer ejemplo de Gobierno de coalición entre PP y Vox no ha dejado de sobrepasar competencias y retroceder en avances sociales desde que el popular Alfonso Fernández Mañueco alcanzase la presidencia y regalase una vicepresidencia sin cartera al ultraderechista Juan García-Gallardo.

Entre los atropellos más sonados en poco más de un año de Gobierno se acumulan la eliminación del SERLA eliminación del SERLA -servicio de mediación laboral de Castilla y León- y el posterior intento de acallar a los sindicatos ofreciéndoles una subvención millonaria ilegal; o el ataque a los derechos de la mujer, a las que se pretendía obligar a escuchar los latidos del feto antes de abortar. A estos se suma ahora las promesas falsas realizadas a los ganaderos, a los que prometió aliviar los controles sanitarios para que reses infectadas por tuberculosis o sin garantía sanitaria pudiesen campar a sus anchas por todo el territorio.