La lucha del ministerio de Trabajo y Economía Social por mantener el Servicio Regional de Relaciones Laborales de Castilla y León (SERLA), desmantelado por el Gobierno de coalición del Partido Popular y Vox, no cesa y pasa ahora a la vía judicial. La líder de la cartera de Trabajo, Yolanda Díaz, ha comunicado que este lunes se interpondrá un “requerimiento judicial a la Junta de Castilla y León para que reponga inmediatamente el SERLA”. La también vicepresidenta ya advirtió el pasado mes al Ejecutivo de Alfonso Fernández Mañueco y Juan García-Gallardo del incumplimiento legislativo que podría suponer eliminar el servicio, pero, ante la negativa a rectificar, Trabajo ha comenzado los trámites judiciales.

“Garantizar el diálogo social es ensanchar la democracia y lo defenderemos con todos los medios a nuestro alcance”, ha plasmado Díaz en sus redes sociales, en una declaración de intenciones que deja claro que el Ministerio irá hasta el final. Por su parte, el Gobierno castellanoleonés no tiene ninguna intención de mantener el principal servicio de mediación laboral en activo, decisión que quedó constatada tras ser excluido de los Presupuestos autonómicos aprobados para este 2023. El posicionamiento del Ejecutivo bicolor ha levantado ampollas a todos los niveles, desde el Gobierno central, pasando por los agentes sociales y hasta la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

“Estamos ante un retroceso de los derechos fundamentales para la paz social y para la prosperidad económica”, señalaba el pasado viernes la subdirectora general de Gobernanza, Derechos y Diálogo de la OIT, Manuela Tomei. Durante la reunión que mantuvo con los sindicatos UGT y CCOO y la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), la subdirectora trasladó su “enorme preocupación” por una decisión que tendrá consecuencias “irreparables”. No da crédito Tomei a la decisión de Mañueco, “sin precedentes en España”, por el resultado “muy grave e indeseable” que la medida causará en el mercado de trabajo del territorio.

Las declaraciones de la mandataria de la OIT se produjeron en el marco de la visita que realizaron los agentes sociales a Ginebra (Suiza) para denunciar la situación. “Estamos ante un retroceso de los derechos fundamentales para la paz social y para la prosperidad económica, apuntaba, en línea con el discurso mantenido por Díaz. "Es responsabilidad de Mañueco y de Feijóo, que lo permite. Ellos son los responsables. Esta es la moderación de Feijóo, está en sus manos que les digan a los ciudadanos que van a restaurar servicio público fundamental", señalaba la vicepresidenta en un acto celebrado en Castilla y León.

Advertencias y fallas argumentales

“De no restaurarse el servicio se tomarán medidas” porque, “si el diálogo no funciona, el único recurso que queda es ir a los tribunales”, advertía Díaz hace algo más de un mes. Las amenazas procedentes de Madrid no han calado en Gobierno de Mañueco y, como prometía la ministra de Trabajo, lo anunciado se ha cumplido. “Si esta petición no es atendida, el Gobierno de España tomará todas cuantas acciones sean menester para garantizar el respeto de los derechos y la igualdad de las personas que viven en esta comunidad autónoma”, avisaba y ahora ha cumplido.

Mientras, Mañueco ha hecho alusión a la falta de presupuesto para justificar la eliminación del servicio, a pesar de haber recibido una partida de medio millón de euros durante el pasado año para favorecer las medidas de negociación colectiva. “Ni siquiera se han licitado”, lamentaba Díaz. Otro de los argumentos del presidente autonómico hace referencia a que las funciones y derechos cubiertos anteriormente por el SERLA están garantizadas por la Junta y por otros organismos. No obstante, desde Trabajo no coinciden con este análisis y aseguran que existe “una sentencia del Tribunal Supremo a este respecto” que no permite sustituir el SERLA por el SMAC.

¿Qué es el SERLA?

El SERLA, como se define en su propia página web oficial, es un “órgano extrajudicial, autónomo y paritario destinado a dirimir, mediante la conciliación, mediación y el arbitraje, las diferencias surgidas en las controversias laborales, colectivas o plurales, buscando una solución a las mismas de forma ágil, sencilla y eficaz”. Su principal función es intermediar en los conflictos que involucren a empresas y trabajadores que desarrollen sus actividades laborales en Castilla y León, evitando los trámites judiciales.

La eliminación del servicio podría poner en riesgo el ejercicio del derecho a huelga, motivación que podría estar detrás de la decisión del Gobierno de PP y Vox. Esta situación, relatada por los sindicatos, se debe a la exigencia de los artículos 19.9 y 20.2 del III Acuerdo interprofesional sobre procedimientos de solución autónoma de conflictos laborales y determinados aspectos de la negociación colectiva en Castilla y León (ASACL-III), que contemplan la obligatoriedad de agotar los procesos de conciliación y mediación ante el SERLA antes de la comunicación oficial de una huelga.