El Gobierno de España amplía sus acciones sobre la Educación en España y, al igual que ya hiciera con las universidades, ha anunciado este miércoles que procederá a establecer un sistema de control más severo e impondrá un mayor número de requisitos en la Formación Profesional. El objetivo con el que pasarán a implementar esta iniciativa es establecer unos mínimos fundamentales que garanticen la calidad en la enseñanza de los centros privados que quieran ofrecer grados que estudiar. Así, se buscará poner límites a la apertura de espacios educativos no públicos que no cumplan con unos estándares.
A través de un Real Decreto, cuya consulta pública lanzará el Gobierno de España en los próximos dos meses, se buscará asegurar que quien imparta formación lo haga cumpliendo una serie de requisitos, cumpliendo un marco de exigencia y control. Así, desde Moncloa anuncia que se ampliará también la red de Centros de Excelencia y de Centros de Referencia Nacional, especialmente en sectores estratégicos, incluyendo diez nuevos centros de excelencia a lo largo de 2026.
Tal y como ha subrayado Pedro Sánchez, "la FP ya no es un plan B. Es, para muchísimos jóvenes, el plan A de su vida. Es el resultado de una apuesta colectiva a la que hemos dado forma a través del Plan de Recuperación. Políticas con las que hemos situado a la FP a la vanguardia de Europa". De esta manera, el presidente del Gobierno de España ponía en valor, según expresó, que "nunca antes se había invertido tanto en Formación Profesional", destacando que, durante su mandato, se ha pasado de dedicar a esta materia 187 millones en el 2018 a que, a día de hoy, sean más de 1.200, además de apuntar a que han sido más de 7.000 millones movilizados para modernizar el sistema.
En este sentido, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, señala que, fruto de las políticas desarrolladas, son más de un millón de jóvenes los que cursan Formación Profesional en España. Una cifra a la que se da lugar a partir del catálogo de más de 12.000 ofertas formativas. Un modelo de educación que está resultando especialmente llamativo para numerosas personas debido a las altas tasas de inserción laboral, cercanas al 90%, y que en muchas ramas industriales se sitúan muy cerca del 100%.
Ante la apertura de centros privados de los que se ha puesto en duda la calidad formativa que ofrecen, el Gobierno de España señala que "hay que poner orden y velar tanto por la calidad como por la equidad en el acceso a la FP. El futuro de un joven en nuestro país no puede depender de dónde nazca ni de cuánto ganen sus padres".
La actuación sobre la FP sigue a los cambios introducidos en la universidad
El Gobierno de España ha puesto en marcha en los últimos años una batería de medidas destinadas a garantizar la calidad formativa de las universidades privadas, en un contexto de crecimiento acelerado de este tipo de centros. El objetivo es claro: asegurar que la expansión del sistema universitario no se haga a costa del rigor académico, la equidad ni el interés general.
Entre las principales actuaciones destaca el endurecimiento de los requisitos para la creación y acreditación de nuevas universidades. Los proyectos deben ahora cumplir criterios más exigentes en materia de profesorado —con un porcentaje mínimo de docentes doctores y dedicación a tiempo completo—, infraestructuras, investigación y oferta académica. Además, se refuerza el papel de las agencias de evaluación, como la ANECA y los organismos autonómicos, que emiten informes preceptivos y vinculantes sobre la calidad de los centros y titulaciones.
El Gobierno también ha impulsado mecanismos de seguimiento y control una vez que las universidades están en funcionamiento. Esto incluye evaluaciones periódicas, transparencia en los indicadores de calidad y la posibilidad de retirar autorizaciones si no se cumplen los estándares establecidos. Asimismo, se busca evitar la proliferación de “universidades de bajo coste” centradas exclusivamente en la rentabilidad económica.
