El consejero de Industria y Empleo en Castilla y León, de Vox, se llama Mariano Veganzones, y este jueves ha colgado un tuit en el que afirma: “España en la Champions League de la POBREZA. ¿Progreso? ¿Escudo Social? ¿No dejar a nadie atrás (agenda 2030)? MENTIRAS. ¡¡¡ EL SOCIAL-COMUNISMO ES UNA MÁQUINA DE FABRICAR POBREZA, POLÍTICOS VAGOS Y SINDICALITAS COMEGAMBAS!!! Y todo pagado por los trabajadores”. Las mayúsculas, del tuit original.
Esto, mientras, según CCOO y UGT, el mismo consejero que les llama “’sindicalitas’ comegambas” les ofrece dinero de forma ilegal, según una nota de prensa conjunta en la que ambos sindicatos hablan de ‘chantaje’ y aseguran que el director general de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales de la Junta les ha propuesto que se acojan a una subvención de 494.982,50 euros sin que exista convocatoria pública.
La Consejería de Empleo, afirman, dirigida por Veganzones, “vuelve así a saltarse la legalidad”, puesto que, recuerdan, “mientras que, con una mano, recorta los recursos, incumpliendo la ley y acusando a los sindicatos de ser chiringuitos ultra subvencionados, con la otra mano, ofrece subvenciones injustificadas al margen de la legalidad”.
Desde CEOE Castilla y León se reconoce que la Confederación de Empresarios ha recibido una oferta, y que, en su caso, ha accedido a presentar una solicitud, vinculada, según la información facilitada por CEOE a elplural.com, a “participación institucional”.
Fuentes de CEOE explican que, en los presupuestos de la Comunidad de todos los años anteriores, antes de que Vox accediera al Gobierno Autonómico, existía una partida de subvención nominativa para CEOE, UGT y CCOO, como organizaciones empresariales y sindicales más representativas, reconocidas por la Ley 8/2008 del Diálogo Social, partida que en los presupuestos de 2023 ha desaparecido.
Este año, las cantidades a que la Consejería comunica que pueden acceder son mucho menores, -en el caso de CEOE, se reduce a la mitad-, se gestionan mediante llamadas telefónicas o correos electrónicos, y no aparecen en los presupuestos de la Comunidad, es decir, no tienen sustento documental.
Los sindicatos hablan de ‘chantaje’ y ‘prevaricación’
UGT y CCOO lamentan que Vox utilice los recursos públicos de la Consejería de Empleo para ‘intentar chantajear a los sindicatos incumpliendo la legislación, puesto que no existe ninguna Orden del Consejero que convoque, contemple o conceda ninguna subvención como la referida’.
El secretario general de UGT, Faustino Temprano, en declaraciones a ElPlural.com, anuncia la presentación de un recurso contencioso-administrativo por la desaparición de esos epígrafes en los presupuestos de la Comunidad y la recepción de una oferta de subvención que no se corresponde con ningún documento publicado por la Consejería.
Más tajante es Vicente Andrés, líder de CCOO, que habla de “canallada” y “despropósito”, y afirma que la propuesta de aceptar una cantidad de dinero a través de un portal de la Junta, “a ciegas”, con un código facilitado por la propia administración, sin regulación ni base en ninguna orden, “es un planteamiento trampa para que piquemos y destrozarnos, deteriorar nuestra imagen a través de un posible cohecho”.
“Primero nos ahogan y ahora nos dan agua envenenada”, señala Andrés, que reclama “un proceso transparente y regulado”.
Las organizaciones sindicales consideran que esta decisión de la Consejería, que lidera Vox, podría ser objeto de un delito de prevaricación, y, convencidos de que el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, desconoce este ofrecimiento ilegal, le instan a “que intervenga de manera urgente y contundente para que erradique este descontrol del dinero público que está propiciando su socio de gobierno”.
Por su parte, la Consejería de Empleo ha remitido una nota de prensa explicando que las partidas ofertadas a CEOE y sindicatos, destinadas a la participación institucional, de 898.965 euros a la patronal y 494.000 a cada central sindical, respectivamente, son producto de la reducción de las cuantías en un 50% anunciadas por Vox al principio de la legislatura.
La Consejería no se pronuncia sobre el procedimiento empleado ni sobre el soporte documental de dichas subvenciones, y únicamente afirma que la Ley de Presupuestos consignó para 2023 un importe de 1.979.000 euros “a repartir entre patronal y sindicatos, siguiendo los criterios de participación que regula la misma ley en el marco de la participación institucional de las organizaciones sindicales y empresariales más representativas”, y distribuye el presupuesto al 50% entre ellas.
