El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León, artífice de la normativa autonómica que pretendía aliviar los controles sanitarios para erradicar la tuberculosis bovina, ha dado finalmente la cara este miércoles. Lejos de rectificar, Gerardo Dueñas ha echado balones fuera y ha asegurado que mantendrá el pulso con el Ministerio de Agricultura en los tribunales, a pesar de que la ley vulnera la normativa española y europea y podría detonar una crisis sanitaria. “Éramos conscientes de que la norma chocaba con la legislación europea y sabíamos que algún sindicato veterinario la recurriría”, ha reconocido sin titubear.

En la línea negacionista del Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco, encarnada en mayor medida en los miembros de Vox, Dueñas ha acusado al Ejecutivo central de actuar con “alevosía” por no hacer intervenido antes para frenar la aplicación de la ley que el mismo diseñó. A pesar de lo incoherente de las explicaciones sostenidas por el consejero, en connivencia con la norma, desde el Gobierno castellanoleonés mantienen que, a pesar de vulnerar toda la legislación superior, “la resolución es legal, puede tener alguna interpretación diferente, pero es legal”. Sin embargos, ni veterinarios ni técnicos ni la UE coinciden con esta afirmación.

“La situación creada en Castilla y León es extremadamente grave”, ha valorado Luis Planas, ministro de Agricultura, Pesca y Ganadería, que ha trasladado su “apoyo sin reservas a los profesionales veterinarios que están siendo objeto de presión e incluso de coacción”. El titular de la cartera ha acusado al Ejecutivo de Castilla y León por “crear un problema saltándose las normas sanitarias de España y de la Unión Europea” y ha garantizado que hará todo lo necesario para proteger al “conjunto de los ganaderos” y a todo el territorio, manteniendo “los más altos estándares de calidad y de seguridad que podríamos haber perdido”.

El atropello sanitario acometido por PP y Vox ha sido tal que el director de Crisis en Alimentos Preparados, Animales y Plantas de la Unión Europea, ubicado en la cartera Salud y Seguridad Alimenticia, se dirigió al Gobierno central para que tomase cartas en el asunto. La actuación rápida desde el Ministerio evitó daños mayores y confinó a los bovinos de seis de las nueve provincias de la comunidad. A partir de hoy ya podrán volver a circular las reses que hayan superado los controles sanitarios sin problemas, ya que, hasta que el Tribunal Superior de Justica de Castilla y León resuelva, previsiblemente a favor del Ministerio, se retorna a la normativa anterior a la polémica ley de Vox.

Perdida de dinero y prestigio en el mercado

Más allá de la crisis sanitaria que podría haber detonado el intento de rebajar la “presión que tiene el sector ganadero”, lo cierto es que esto también ha afectado a los ingresos del sector ganadero castellanoleonés, que se encontrará además con una pérdida de prestigio y de cuota de mercado en el comercio exterior. Los diez días de cierre perimetral que han afectado a la autonomía, a excepción de León, Burgos y Valladolid, han supuesto una perdida de 3,8 millones de euros, según los cálculos del Sindicato Veterinario de Castilla y León.

Además, España puede ser multado por haber vulnerado la normativa europea. “Teniendo en cuenta que hemos infringido, aquí es el conjunto de España quien va a ser multado”, señala Manuel Martínez, presidente del sindicato. No obstante, esto no es lo más grave si tenemos en cuenta que podrían verse reducidas las tan necesarias ayudas de la Política Agraria Común (PAC), necesarias para que muchos ganaderos y agricultores salgan adelante. “Podemos tener pérdidas en las ayudas económicas de la PAC por incumplir los programas sanitarios que reciben cantidades importantes para su desarrollo”.

Más allá de la pérdida de prestigio y de las perspectiva que pueda instalarse en Europa, los veterinarios aseguran que la carne bovina de Castilla y León es segura, “independientemente de los devaneos de cualquier político que, por cuestiones de veleidad, impongan cualquier actuación contra la normativa vigente”. Así de duro se ha mostrado Martínez, que ha enumerado los más de cinco controles sanitarios y de tuberculosis que las reses pasan, mientras viven y a posteriori, antes de llegar a cualquier mesa o supermercado. “Para eso están los servicios veterinarios oficiales y los empleados públicos que van a actuar porque es su obligación”, aunque los amenacen.

Por último, desde el sector veterinario han querido trasladar que existe una hermandad y un trabajo y respeto mutuo con los ganaderos. “Queremos lanzar un mensaje de tranquilidad absoluta a toda la sociedad y a todos los consumidores para decirles que pueden estar tranquilos, que los productos tienen la garantía y el sello de los servicios veterinarios y que, por tanto, vamos a poderle seguir consumiendo sin ninguna preocupación los excelentes productos que tenemos”, ha concluido el presidente del sindicato.