El lío en Castilla y León por la tuberculosis bovina no ha cesado desde de que el Ejecutivo en coalición entre Alfonso Fernández Mañueco y Juan García Gallardo relajase los controles sanitarios para permitir que las vacas contagiadas de esta enfermedad pudieran emplearse para el consumo humano.
Con acusaciones cruzadas entre el Ejecutivo regional y el Ministerio de Agricultura y el rechazo de la Justicia de la nueva legislación que pretendía suavizar los exámenes sobre salubridad animal, nada mejor que los datos para darse cuenta de que al autonomía en la que gobierna en coalición PP y Vox es en la que más ha subido la incidencia respecto de esta problemática.
Así se desliza de los indicadores que aparecen en el Informe Final Técnico-Financiero del Programa Nacional de la Tuberculosis Bovina del año 2022 publicado por el Ministerio de Agricultura, departamento que dirige Luis Planas. Es justo decir que la situación es desfavorable en varias comunidades autónomas, pero si se atiende a la incidencia de la enfermedad desde el año 2020 es en la región donde ésta se ha multiplicado hasta por siete, pasando del 0,20 al 1,39.
Además, aunque es verdad que solamente Castilla-La Mancha y Extremadura -entre las comunidades cuya prevalencia del rebaño se sitúa por encima del 1- han cumplido con el objetivo de bajar en un 20% la incidencia, es Castilla y León la que más se distancia en estos términos.
Los objetivos propuestos en el Programa Nacional de Erradicación 2022 se establecieron por cada territorio, de forma que las Comunidades declaradas libres de infección debían mantener sus estatus y el resto de regiones tenían que seguir una disminución de al menos el porcentaje mencionado no solo de la incidencia sino también de la prevalencia. En el primer baremo, Castilla y León, pese a no ser en la que más asciende, tampoco cumple ni de lejos. Ambos datos se pueden apreciar en las siguientes tablas.
Limitación del libre movimiento bovino
El pasado 5 de junio el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) acordaba la medida cautelar que paraliza la aplicación de la resolución de PP y Vox que relajaba los controles a la tuberculosis bovina.
Así las cosas, el TSJYyL decidía suspender la resolución del 10 de mayo de este mismo año adoptada por la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Castilla y León, gestionada por Vox, y ha comprendido que la Junta está de acuerdo con suspender su propia norma al no presentarse recurso. Entretanto, la resolución permitía reducir los controles y requisitos para la recuperación en última instancia del estatus de explotación libre de tuberculosis bovina, lo que favorecía el libre movimiento de explotación con vacas infectadas por este enfermedad.
Como consecuencia, el Gobierno limitó el movimiento de ganado bovino, a sabiendas de los problemas para la salud humana que podía tener la transmisión de tuberculosis. El departamento de Planas apelaba a que la resolución “incumple gravemente la normativa comunitaria y española en materia de erradicación y control de la tuberculosis bovina” y presentó un recursos contencioso-administrativo que en un primer momento la Junta se negó a acatar mientras cientos de ganaderos se concentraban a las Puertas de la Delegación Territorial de la Junta.
Gallardo, a Bruselas, pero contra Europa
García Gallardo ha hecho gala de su negacionismo sobre muchos asuntos en múltiples momentos de la presente. Sin ir más lejos, en el instante en el que la ultraderecha se opuso a acatar la medida emplazaba a golpe de tuit: “Vamos a seguir defendiendo a nuestros ganaderos frente a las imposiciones arbitrarias que les ahogan”.
Pero es que el responsable del partido de Santiago Abascal en Castilla y León llegó a acudir a Bruselas única y exclusivamente para defender la norma que había aprobado el Ejecutivo del que forma parte tras dejar clara la Unión Europea que iba contra los parámetros. De ese modo, apuntaba que no iba a dar “ni un paso atrás” en su intención de modificar unas normas que habían “fracasado”.
“La resolución del 15 de mayo es perfectamente compatible con la salud pública y alimentario y vamos a seguir defendiendo esta resolución done haga falta, en Madrid, en Bruselas y también en los tribunales (…) No hemos dado ni vamos a dar marcha atrás en nuestra intención de flexibilizar la normativa, dentro de los márgenes actuales que nos permite la ley, y tampoco vamos a dar marcha atrás en nuestras reivindicaciones en Madrid o en Bruselas para que esta normativa se cambie”, agregaba el portavoz de Vox en las Cortes.
