La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, esperaba un verano tranquilo en el que poder beber del apagón informativo para comenzar con ventaja el próximo curso político, que da su pistoletazo de salida en septiembre. De ello se encargó su jefe de gabinete y mano derecha, Miguel Ángel Rodríguez -conocido en la jerga periodística como MAR-, con una estrategia muy marcada que, sin embargo, se ha ido truncando con el paso de los días.
Hay que retroceder hasta el mes de julio -ligeramente más hábil a todos los niveles si se compara con los 31 días que le siguen-, momento en el que Rodríguez hizo una alineación de gala -si se permite el símil futbolístico- en la que cobraran peso todos o muchos nombres del Ejecutivo regional más allá de la propia Ayuso. Una táctica que, como siempre, también encuentra en frente un nombre propio: el de Pedro Sánchez.
En al organigrama de la persona de confianza de la política aparecieron hasta nueve desayunos informativos en menos de 20 días laborables, diez si se incluye uno que lideró el presidente de la Asamblea de Madrid, Enrique Ossorio, previamente vicepresidente de la Comunidad.
La puesta en marcha de la maquinaria conformaba toda una amalgama de desayunos informativos o entrevistas -entre otros eventos periodísticos- que, en muchas ocasiones, contemplaba también el fuego amigo.
Queda a merced de cada cual si esto último estaba o no pensado, pero los ejemplos son varios y variados; y también forman parte de ellos rostros determinados. Por ejemplo, el del consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, quien el mes pasado admitía que no podía asegurar que la línea 7B de Metro, que tantos problemas ha ocasionado a los vecinos de San Fernando de Henares, fuera a reabrir.
La causa provocó el efecto de reducir el impacto negativo de otras noticias como las complicaciones del túnel o una posible demolición de una parte de la plataforma durante la reforma. Sin embargo, también rescató otras de mismas características, como las llamadas “lonas de la vergüenza” que el gobierno de Sol colocó, precisamente, para tapar los escombros resultado de haber tirado abajo viviendas. Un hecho que provocó las reacciones de quienes, aseguraban, se habían quedado sin causa para siempre por lo que, califican, se corresponde con una mala gestión de la administración pública.
Algo parecido le ocurrió a Emilio Viciana. El representante primero de la consejería de Educación, Ciencia y Universidades también emprendió lo que en el vocabulario bélico se concibe como ataque de bandera blanca. En su caso lo hizo al reconocer que el ejecutivo madrileño quiere implementar un régimen sancionador en la ley de estudios para castigar a los centros educativos por realizar movilizaciones en contra de decisiones políticas o cuestiones que interrumpan el normal desarrollo de las clases.
El aspecto educativo ha resultado ser uno de los más controvertidos con el paso del verano debido a las reformas que la consejería plantea para el curso 2024/2025, la más polémica, de la que se han hecho eco medios como El País y ElPlural.com tiene que ver con el bilingüismo “a la madrileña” -como lo llaman sus detractores- que el PP, en un giro de guion inesperado, anunciaba en junio después de renegarlo asesorándose en los expertos.
Ayuso se va de vacaciones, pero su gestión se mantiene en los periódicos
Con el cambio, que la región hizo efectivo tras su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM), el equipo de Isabel Díaz Ayuso adelantaba que la asignatura de Geografía e Historia se iba a impartir finalmente en inglés y castellano y que el próximo curso añadiría conceptos más propios de la Psicología o la Pedagogía.
El hecho arrastra polémica desde su presentación ante los medios por parte del propio Viciana. La comunidad educativa -profesorado, alumnos y sindicatos- asumen que introducir puntos como El suicidio y las autolesiones o Las drogas, las adicciones y la pérdida de libertad en Geografía e Historia obedece a un ejercicio de “intrusismo laboral”. Además, algunas de las materias, parece evidente, forman parte de la particular cruzada que Ayuso mantiene contra la izquierda madrileña y contra el líder del Gobierno Central como La libertad, la igualdad ante la ley y el respeto a los demás en la Constitución, además de pretender marcar terreno con la ultraderecha e incluso dentro del PP.
La trama del novio de la presidenta, Alberto González Amador, tampoco está pasando desapercibida en época estival. Lejos de cerrarse el caso que trajo quebraderos de cabeza a la líder regional, esté sigue muy vivo por culpa de las dudas que se ciernen sobre los múltiples frentes que siguen abiertos entorno a la pareja sentimental de Ayuso.
Concretamente, la incógnita se mantiene sobre el ático que se encuentra encima del piso en el que viven González Amador y Díaz Ayuso, que adquirió el primero coincidiendo en tiempo con los delitos fiscales que él mismo reconoció. Localizado en uno de los barrios más pudientes de Madrid (Chamberí), el inmueble de cerca de un millón de euros fue pagado al contado y se utilizó para ello un préstamo de 955.000 euros cuya procedencia se desconoce.
Las miradas tampoco se han dejado de dirigir a pesar de la inhabilidad del verano a las residencias de mayores. En buena parte, gracias al empeño de la portavoz de Políticas Sociales del PSOE de Madrid (PSOE-M), Lorena Morales, quien recordaba a algunos medios de comunicación, entre ellos a este periódico, que la administración seguía sin sancionar a las empresas de comida -como se aprecia en las últimas publicaciones del BOCM- que aguantaron más de año y medio sin advertencias económicas a pesar de dejar alimentos podridos o en mal estado en las residencias de mayores u otros centros sociales de la región.
Asimismo, ElPlural.com y otros diarios tuvieron acceso al informe que recogía las multas a las compañías protagonistas y el escenario al que en muchas ocasiones se enfrentaban las personas de la tercera edad: comida con “cucarachas”, presencia de “mercurio” o de “listeria” fueron protagonistas durante meses en estos lugares.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) apercibió en julio a compañías como Femar por la cuestión mencionada, interponiendo cantidades millonarias. Mientras tanto, la Comunidad repite contrato con ellas.
Y en lo económico -por detener estas líneas en algún punto- Ayuso tampoco ha estado del todo acertada. Uno de los ejemplos de los que se ha hecho eco este periódico es el plan de alquiler planteado por la Consejería de Vivienda, pensado para personas que quieran alquilar habitaciones sueltas y compartir piso, pero que a la hora de la verdad encuentra trabas para los inquilinos como que el precio no venga topado desde la administración.
Otro caso vendría advertido desde Europa y no es directamente perjudicial para Madrid ni tampoco para el conjunto del país a partir de lo que pase en la capital, pero sí que saca de alguna manera los colores a los dirigentes que vienen haciendo gala de que las empresas eligen su comunidad como destino. Y este discurso lo abandera con especial fuerza la lideresa ‘popular’.
La situación viene dada por una modificación del Reglamento Europeo 2019/2152 que, con el objetivo de que las estadísticas sean más fiables, obliga a que el Instituto Nacional de Estadística (INE) deje de contabilizar a las empresas “económicamente inactivas”; es decir aquellas que “no tienen facturación, empleo, inversiones o producción”: las firmas fantasma.
En la práctica, el texto provoca que el número de empresas registradas en Madrid caiga en un 10%, por lo que la autonomía pasaría de ‘tener’ 558.607 empresas a 503.018; 55.000 menos.
