Los ricos de la Comunidad de Madrid se unen a Ayuso en su pugna contra el Impuesto sobre el Patrimonio. En concreto, han vuelto a recurrir ante el Tribunal Constitucional para poder pagar menos impuestos, tal y como ya hicieron con el impuesto de Solidaridad a las Grandes Fortunas (ISFG). En otros territorios españoles ya se ha dado una serie de impugnaciones en los años anteriores, a los que se unen ahora las grandes fortunas madrileñas.
Los despachos de abogados y otros fiscalistas han realizado en los últimos años una oleada de impugnaciones en contra del Impuesto sobre el Patrimonio. Bien para que el Constitucional lo anule o bien para ver si pone en entredicho algún aspecto de este, de forma que puedan continuar recurriendo a la Justicia española. Asimismo, se teme que desde la sentencia de la plusvalía que solo tenga efectos sobre aquellas personas que hayan reclamado.
Dado que esta ha sido la primera vez que los ricos de Madrid han tenido que pagar este impuesto en la comunidad, las impugnaciones se han presentado en las últimas semanas. De hecho, en verano se siguen presentando y se espera que continúen en septiembre. Tal y como marcan declaraciones de abogados al medio El Confidencial, estos esperan que el tribunal Constitucional se pronuncie este 2024, lo que explicaría que se den estas prisas.
El PP y los ricos, contra el Impuesto sobre el Patrimonio
El Impuesto sobre el Patrimonio lleva vigente desde el año 2009, aunque ha tenido una exención del 100% que permitía a las grandes fortunas no pagar nada a través de este tributo. Eso sí, con la imposición llevada a cabo por parte del Gobierno de España del ISGF, el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso se ha visto obligado a recuperar este tributo en la comunidad, de forma que obtuviesen su recaudación.
Por este motivo, aquellos contribuyentes que tengan más de tres millones de euros de patrimonio se han visto obligados a pagar este tributo entre los meses de marzo y junio de este 2024. Muchos de estos han ido impugnando esto con el asesoramiento de expertos en fiscalidad, de forma que consideran que hay una posibilidad de que el Tribunal Constitucional tumbe la restauración de este impuesto permanente, que se incluyó en los Presupuestos Generales del Estado de 2021.
Esta decisión fue recurrida por el PP, que esgrimió que era posible que se vulnerase el principio constitucional de no confiscatoriedad y que podría suponer un defecto de forma, debido a que se estableció como impuesto permanente uno temporal derogado a través de los presupuestos. Eso sí, son argumentos muy débiles y muchos consideran que es difícil que el Constitucional falle a favor del PP. Sobre todo, porque este órgano ya aprobó el ISFG.
Además de los argumentos presentados por los populares, las impugnaciones de las grandes fortunas madrileñas también han indicado otros daños. Por ejemplo, tienen que ver con el principio de reserva de la ley, que está protegido constitucionalmente, que se habría dañado a través de las prórrogas constantes del tributo a través de los Presupuestos Generales del Estado, así como de los Reales Decretos-ley. Eso sí, no todos los asesores tienen claro que esto vaya a tener éxito.
Impugnar puede salir caro
Pese a que la mayoría de las grandes fortunas han seguido el consejo de sus asesores, recurrir puede suponer un riesgo para los recurrentes. En concreto, porque puede romper la prescripción de un ejercicio y dar paso a que el Ministerio de Hacienda pueda cuestionar la tributación de ese contribuyente a través de otros conceptos, de forma que al final el recurrente acabe pagando aún más.
De hecho, que no se tribute a través del Impuesto sobre el Patrimonio podría suponer el Tribunal Constitucional obligue a hacerlo a través del ISGF, aunque esto no esté tan claro. En otras autonomías, los ejercicios que se impugnaron fueron o bien los no prescritos que apuntaban hacia el año 2021 o bien los posteriores a la aprobación del Impuesto Sobre las Grandes Fortunas para el tramo inferir a los tres millones de euros de patrimonio, que es cuando se aplica dicho impuesto.
Eso sí, a pesar de que el Constitucional ya validó el ISGF, aún hay varias reclamaciones en vigor que esperan llegar a Europa. Así, la esperanza para los ricos sería que el Tribunal de Justicia de la unión Europea vea dicho tributo de forma distinta. Por eso, los asesores en Madrid continúan recomendando acudir a la Justicia, ya que no es seguro que acaben pagando a través del Impuesto Sobre las Grandes Fortunas.
