Es evidente que en el PP se esfuerzan por proteger todo lo posible al jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, a sabiendas de que tiene gran culpa del éxito del partido a nivel regional. Si hay una cosa que no se le puede reprochar a la mano derecha de la baronesa, es que se trata de un gran estratega y que no hace nada sin un motivo, aunque a veces las formas resulten, como mínimo, criticables. Por eso, los ‘populares’ insisten en ponerle cerco a su figura.
A partir de ahí, son varios los ejemplos que se mueven en esta línea, y uno de los últimos tiene que ver con las amenazas que MAR vertió sobre periodistas cuando los profesionales de la información sacaban noticias sobre los delitos fiscales perpetrados -y reconocidos- por el novio de la responsable de Sol, Alberto González Amador.
Ante aquellos hechos, la oposición planteó varios preguntas a la Mesa de la Asamblea que, sin embargo, a día de hoy no han obtenido todavía respuesta. Por ello, el PSOE de la Comunidad (PSOE-M) ha elevado la cuestión al Tribunal Constitucional, órgano en el que los socialistas regionales han presentado un recurso de amparo por el rechazo del parlamento autonómico a contestar muchas cuestiones, entre ellas las relacionadas con las amenazas del jefe de gabinete de Ayuso a informadores de elDiario.es o El País.
Marta Bernardo, portavoz adjunta del partido de Juan Lobato en la Asamblea ha recordado que se trata de un modus operandi habitual por parte de la Mesa de la Asamblea que, sirviéndose de la mayoría absoluta del PP “no ha admitido cientos de iniciativas de la oposición para su debate en el Pleno”. “En esta ocasión, creemos que no se respetan los derechos de la diputada que presentó esta iniciativa”, esgrime para justificar la presentación del recurso.
Preguntas sobre las amenazas de Miguel Ángel Rodríguez
Entre las preguntas que plantearon los socialistas se encuentran si el gobierno regional “considera que cumple con el código ético de los altos cargos de la Administración de la Comunidad de Madrid y de sus entres escritos”, si el Ejecutivo de la región cree que “el jefe de Gabinete de la Presidenta de la Comunidad de Madrid actúa en el desempeño de sus funciones con arreglo a los principios señalados en el artículo Tercero del código ético de los altos cargos de la Administración de la Comunidad”, si Sol considera que “los mensajes remitidos el pasado 12 de marzo a una periodista de elDiario.es por el Jefe de gabinete de la Presidenta, conocidos públicamente el sábado 16 de marzo, son compatibles con los principios señalados en el código ético de los altos cargos de la Administración”.
Y añade una última pregunta en la misma línea: “¿Considera el Gobierno de la Comunidad que mensajes con el texto ‘Os vamos a triturar Vais a tener que cerrar. Idiota. Que os den’, sean expresados o lo sean como anuncio, son compatibles con los valores que deben presidir la actuación de los altos cargos de la Administración de la Comunidad de Madrid?”. Ninguna de estas cuestiones ha obtenido respuesta.
Un peligro para el Estado de Derecho
El paso al frente del PSOE llega días después de que la Comisión Europea afirmara que la mano derecha de Ayuso sería una amenaza para los informadores.
Bruselas lo expresaba de esta manera en un informe en que señalaba que los profesionales de la información se “siguen enfrentando a retos cada vez mayores en el desempeño de sus trabajadores”. En el documento, el órgano europeo mencionaba siete alertas entre las que se encuentra el nombre de Rodríguez, del que expresa abiertamente que se trata de una “amenaza” que “reprende” a periodistas por sacar noticias que comprometen.
El Consejo de Europa situaba así al responsable de prensa de la presidenta en Madrid en un nivel dos de alerta, lo que implica a las personas que suponen una amenaza para la “libertad de prensa”. Europa lo incluía aquí por supuestos de “intimidación y acoso” y llegaba a pedir una petición de investigación por parte de España con el objetivo de que “se haga justicia”.
Toda respuesta de la Comunidad se limita a aspectos genéricos
La única respuesta con la que se han encontrado quienes han decidido poner pie en pared contra la actitud de Rodríguez pasa por aspectos generales con los que sostiene que defienden la libertad de prensa. Desde el equipo de la baronesa elevaron un texto al Consejo de Europa siguiendo esa hoja de ruta, pero descartando la posibilidad de desmarcarse de las amenazas e insultos a periodistas.
