Nuevo golpe para Isabel Díaz Ayuso. Una inspectora del Ayuntamiento de Madrid ha confirmado que la reforma del piso en el que vive la presidenta de la Comunidad de Madrid junto a su novio, Alberto González Amador, se realizó sin permiso administrativo. Así lo recogen tres documentos oficiales tras la visita de un trabajador municipal el pasado lunes al inmueble, justo cuando la pareja de la lideresa se encontraba en los juzgados de Plaza de Castilla declarando por el presunto fraude a Hacienda. Gónzalez Amador terminó la reforma de la vivienda pese a las órdenes de paralización del Consistorio madrileño.
Una obra sin licencia municipal
Según publica este lunes el diario El País, una inspectora del Ayuntamiento de Madrid confirmó el pasado lunes 20 de mayo que la reforma del piso en el que vive Isabel Díaz Ayuso junto a su pareja se finalizó sin permiso. La inspectora, que realizó la visita mientras Alberto González Amador se encontraba en los juzgados de Plaza de Castilla, ha corroborado que “no se ha localizado título urbanístico habilitante que ampare las obras realizadas, las cuales se encuentran terminadas", tal y como ha recogido en varios informes municipales.
El acta habla de las obras en un único inmueble, lo que descarta la unión entre este piso y el ático que se encuentra por encima, adquirido el año pasado 2023 por el abogado de la pareja de Ayuso. La inspección se ha producido dos años después de que el empresario iniciara las obras y tras una denuncia hace dos meses de la líder de Más Madrid, Rita Maestre, cuando surgieron a la luz las sospechas de ilegalidad. Cabe señalar que se desconoce quien abrió la puerta del inmueble ese lunes, cuando Ayuso no tuvo ningún acto oficial en su agenda.
En concreto, la reforma comenzó en el 2022 y consistió en el acondicionamiento de uno de los dos inmuebles contiguos que adquirió González Amador en el barrio de Chamberí. Este acometió una redistribución de las habitaciones, renovación de acabados e instalaciones de eléctricas, así como una sustitución de exteriores, con carpintería e instalación de toldos. Sin embargo, estas modificaciones se extendieron hasta el 2023 y llegaron a causar inundaciones en las plantas inferiores, con la quiebra de un restaurante incluido.
Sin embargo, lo más grave es que se llevaron a cabo sin autorización del Consistorio. La supervisora municipal -arquitecta técnica del citado barrio madrileño- ha comprobado que González Amador continuó con la reforma a pesar de que el Ayuntamiento había elaborado dos órdenes de cese y paralización. Tanto él como Ayuso defienden que no se les notificó, pero existen al menos tres pruebas. Una de ellas es el informe municipal que siguió al acta de la inspectora, firmado el viernes pasado, que señala que González Amador fue notificado el 22 de diciembre de 2022 por sede electrónica.
Sí fue notificado, tres veces
Ese segundo documento, llamado “informe técnico”, fue firmado electrónicamente por el jefe del servicio de Medio Ambiente y Escena Urbana del distrito de Chamberí, José María Leal Mora y también incluye la rúbrica de otros tres funcionarios. Estos derivaron el asunto al servicio de Disciplina Urbanística y Procedimiento Sancionador del distrito, con la recomendación de actuar conforme al artículo 195 de la Ley de Suelo autonómica, que se refiere a las medidas sancionadoras para obras ejecutadas sin licencia.
Además, el departamento de Disciplina Urbanística de Chamberí también preparó un tercer documento -llamado “orden de legalización de obras”- que desapareció el mismo día de su elaboración del sistema informático usado por los técnicos de urbanismo. En esa orden, los técnicos daban un plazo de dos meses a la pareja de Ayuso para obtener la licencia que nunca logró. En este texto le advertían que, de no hacerlo, tendría que aceptar la “demolición” de la obra, tal y como dicta la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid.
Asimismo, se le señalaba que el incumplimiento conllevaría la imposición de hasta tres multas coercitivas de 1.000, 2.000 y 3.000 euros, “reiteradas por cuantos períodos sean suficientes para cumplir lo ordenado que en ningún caso será inferior a quince días”, atendiendo a la Ordenanza Municipal de Tramitación de Licencias Urbanísticas. Además, añadía que esto no impedía la imposición de una sanción de las previstas en la Ley autonómica de Suelo. En este caso, la realización de obras sin título habilitante supondría una infracción leve castigada con multas de entre 600 y 30.000 euros.
Cabe destacar que González Amador compró la vivienda en julio de 2022, justo después de cometer un presunto fraude a Hacienda. La Fiscalía denunció el pasado mes de febrero al novio de la lideresa por estafar más de 350.900 euros en los ejercicios fiscales de 2020 y 2021, así como de un delito de falsedad en documento mercantil. La pareja de Ayuso admitió ante la Fiscalía los delitos tributarios y se ofreció a pagar lo defraudado para reducir la posibilidad de acabar en la cárcel y tener que pagar una sanción hasta siete veces mayor que lo defraudado.
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