El novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, ha reaparecido este mismo miércoles en los juzgados y se ha dejado ver ante los periodistas. A diferencia de lo ocurrido el pasado lunes, cuando estaba citado a declarar en calidad de investigado por dos delitos de fraude fiscal y uno de falsedad documental, la pareja sentimental de la Comunidad de Madrid ha aparecido caminando rápido y haciendo visible su renovado cambio de look.

ElPlural.com ha sido uno de los medios de comunicación que ha podido conseguir las imágenes de González Amador a su llegada a los juzgados. A paso ligero, el protagonista del día en los juzgados de Plaza de Castilla ha acudido para declarar en la querella contra la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez Fernández, y el fiscal Julián Salto por un presunto delito de revelación de secretos por parte de un funcionario.

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El novio de Ayuso vuelve al juzgado

Alberto González Amador ha vuelto a los juzgados este miércoles. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha adelantado la citación de las partes involucradas en la querella contra la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez Fernández, y el fiscal Julián Salto por un presunto delito de revelación de secretos por funcionario. La citación, originalmente prevista para el viernes, se ha adelantado a este miércoles a las 13:30 horas debido a un presunto compromiso laboral en Málaga del novio de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso.
 

Así, González solicitó el adelanto del acto de ratificación de la querella, un trámite de Oficina Judicial sin la presencia del magistrado instructor, por lo que ha asistido al mediodía de este 22 de mayo a la cita judicial en la calle General Castaños, después de comparecer el lunes anterior en los juzgados de Plaza de Castilla, donde estaba llamado a pronunciarse por presuntos delitos fiscales y de falsedad documental. Esta citación se aplazó hasta el próximo día 24 de junio.

La querella se centra en una nota aclaratoria difundida por la Fiscalía de Madrid, relacionada con un cruce de correos entre el abogado de González Amador y el fiscal del caso sobre un presunto fraude fiscal. Entre las diligencias iniciales, el magistrado ha ordenado validar los artículos de prensa aportados por las partes querellantes y ha solicitado a los medios de comunicación certificar la autenticidad de las publicaciones relacionadas con el caso. Entre las cabeceras aludidas se encuentra precisamente ElPlural.com.

Además, se ha pedido identificar a las personas que decidieron hacer público el comunicado de prensa y al máximo responsable de la carrera fiscal que dio el visto bueno para su difusión. También se ha solicitado la relación y copia de todas las comunicaciones entre el Ministerio Fiscal y el abogado de González Amador, tanto antes como después de la publicación del comunicado.

Reacciones y procedimientos

Cabe destacar que el juicio de admisión de la querella no prejuzga ni condiciona el devenir procesal del caso. Simplemente se trata de examinar la posible apariencia delictiva de los hechos imputados, siempre que se disponga de algún elemento que avale su verosimilitud más allá de la simple afirmación del querellante.

Su admisión se produjo a pesar del informe en contra de la fiscal María de la O Silva, quien recomendó su inadmisión por falta de relevancia penal. La Sala consideró necesario investigar el alcance de los hechos relatados en la querella para determinar todas las circunstancias que puedan influir en la calificación de los mismos.

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El numerito antes de declarar

El pasado lunes, la jueza de Instrucción número 19 de Madrid suspendió la declaración de A la pareja de Ayuso hasta el próximo 24 de junio debido a problemas con la notificación a uno de los investigados y la tramitación de una videoconferencia. González, investigado por presuntos delitos fiscales y de falsedad documental relacionados con un fraude fiscal de 350.951 euros, evitó ser captado por los medios al llegar discretamente a los juzgados. Lo cierto es que protagonizó todo un numerito en los juzgados.

Cabe recordar que la investigación se centra en indicios delictivos relativos al Impuesto de Sociedades de los años 2020 y 2021 y un presunto delito de falsedad documental por facturas ficticias. Según la Fiscalía, la empresa de González habría eludido el pago de 155.000 euros en 2020 y 195.951 euros en 2021. Estas conductas están tipificadas como delitos penados en el Código Penal.

La Fiscalía abrió diligencias de investigación tras recibir un informe de la Agencia Tributaria sobre gastos ficticios y facturas falsas en la entidad Maxwell Cremona Ingeniería y Procesos. La denuncia sugiere que la sociedad, administrada por el propio González, habría llevado a cabo conductas para eludir la tributación correspondiente.

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