Cientos de personas se dieron cita ayer ante la sede del PP en la calle Génova de Madrid para pedir la dimisión de Isabel Díaz Ayuso. Sin embargo, el seguimiento en los medios, en general, ha sido mucho menor al propiciado por los ultras que, día tras día, tomaron -y algún reducto sigue tratando de hacerlo- la calle Ferraz para protestar contra el PSOE.

Sin embargo, la diferencia es que en los digitales, prensa en papel, radio y televisión conservadores y/o ultras, ni siquiera ha habido referencias a esa protesta ante la sede nacional de los 'populares'.

Por mucho que se busque, es evidente que el dinero institucional que la Comunidad de Madrid destina en forma, sobre todo, de publicidad (algunos medios han situado en casi 30 millones de euros), es el mejor de los parapetos para evitar noticias inadecuadas. La técnica no es nueva. En Galicia, el ahora líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, lo ha utilizado durante sus casi tres lustros al frente de la Xunta.

En este apartado, siempre ha habido un medio más que beneficiado, La Voz de Galicia, que en todos sus soportes siempre ha recibido la consideración de ser el periódico más próximo a Feijóo, 'su' Xunta e, incluso ahora, también en su salto a Madrid para presidir su partido.

No han sido pocas las ocasiones en que algunos medios, sobre todo los más progresistas, han denunciado esta situación, algo que, sin embargo, nunca ha recibido respuesta por parte de la administración autonómica.

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Ahora que la polémica en torno a los contratos derivados o relacionados con la pandemia enfrentan a los grandes partidos a nivel nacional, el Consello de Contas vuelve a poner sobre la mesa este apartado, llamando la atención el uso repetido y constante por parte de la Xunta presidida por Feijóo de la contratación de urgencia.

Es el informe de fiscalización de los fondos destinados para la gestión de la crisis derivada del Covid-19. El órgano controlador confirma lo que ha venido sucediendo en todos los años de Gobierno del PP, es decir, que los mismos medios también han sido los principales beneficiarios de las acciones relacionadas con la pandemia en lo que a comunicación se refiere.

Y este apartado, una vez más, el grupo al que pertenece La Voz de Galicia es el que más dinero recibió de la Xunta de Feijóo. En total, 315.000 euros del total de 883.497 destinados a medios por cuenta del fondo extraordinario del Covid. Le siguió el Faro de Vigo (Prensa Ibérica), con más de 103.000 euros a lo que se añaden otros dos contratos para cabeceras distintas del mismo grupo (La Opinión da Coruña) y también El Correo Gallego, que logró dos adjudicaciones -luego este medio pasó a formar parte del conglomerado de Prensa Ibérica-.

La Región, de Ourense, como señala el Consello de Contas y espeficica Nòs Diario, es el tercer grupo en percibir este tipo de aportaciones, con un montante global de 60.000 euros. No faltan en el reparto de estas ayudas con cargo a estos fondos extraordinarios tanto el ABC, como El Mundo y Libertad Digital.

Justificaciones "deficitarias"

Curiosamente, al margen de estas cuestiones relacionadas con medios de comunicación, el Consello de Contas recuerda que “la mayor parte de la contratación de emergencia realizada por la administración autonómica en el período 2020-2021 fue objeto de fiscalización por parte de este Consello de Contas en su Informe sobre el impacto de la pandemia COVID-19 en el ámbito de la contratación del Sergas”, es decir el Servizo Galego de Saúde.

Este informe fue publicado por el organismo en julio de 2023. Llama la atención la controversia que está surgiendo ahora alrededor de los contratos de emergencia firmados a raíz de la pandemia. Y llama la atención porque el Consello de Contas, hace ya hincapié en lo que denominó “deficiencias en algunas memorias justificativas” de las contrataciones realizadas por la sanidad gallega.

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Entre otras cuestiones, el análisis ponía sobre la mesa, por ejemplo, la “falta de un mínimo de concurrencia” a la hora de comprobar si la empresa adjudicataria de los contratos eran aptas y tenían capacidad.

Del mismo modo, en el apartado de deficiencias, el informe también citó el “incumplimiento, en algunos casos, del plazo de inicio de la ejecución de las prestaciones de un mes”, a contar desde el momento de la decisión del acuerdo que declaraba la pertinencia de la vía de emergencia. No obstante, quizás lo más grave tiene que ver con la “falta de publicidad de una parte de las adjudicaciones de los contratos en el perfil del contratante”, algo que en opinión de los especialistas da pie a la entrada en juego de las contrataciones a dedo.

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