El cerco judicial sobre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se extiende y reproduce desde el principio de la legislatura. El Gobierno en su conjunto se ha visto salpicado por acusaciones no probadas y una sombra de conexiones que arrancaron con el ‘caso Koldo’, nombre que hace referencia a Koldo García Izaguirre, asesor y mano derecha de José Luis Ábalos durante su época como ministro de Transportes y número tres del PSOE como secretario de Organización de los socialistas.
No obstante, y más allá de otras causas que han aderezado los ataques de la derecha tanto política como mediática, como la imputación de David Pérez Sánchez-Castejón, hermano del líder del Ejecutivo, hay dos instrucciones que han monopolizado el diario de sesiones en el Congreso en ambos frentes, desde las acusaciones de nepotismo hasta las de lawfare.
Se trata de las que están realizando el juez Juan Carlos Peinado, quien investiga a Begoña Gómez por los presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, intrusismo laboral y apropiación indebida; y la realizada por el magistrado Ángel Hurtado, encargado de dirimir si el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, está detrás de una revelación de secretos que afecta a Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid y principal activo del PP en sus enfrentamientos directos con Moncloa.
Peinado y su persecución a Moncloa
Todo empezó con la imputación de Gómez, basada en una denuncia realizada por pseudosindicatos como Manos Limpias que bebía de recortes de prensa con informaciones falsas y bulos desmontados. Desde entonces, la ampliación de la instrucción se ha librado al ritmo de lo que pedían las acusaciones populares, conformadas por la ya mencionada organización ultra y otras de la misma índole como Ilustitia Europea, Hazte Oír o Vox, quienes no han cesado en su empeño de alargar sine die una causa que, por el momento, está más enfocada en seguir incrementando el ruido alrededor del Gobierno que en las pruebas fidedignas en contra de la mujer del presidente, quien, atónita, al igual que su defensa, asisten a un incremento del número de imputados que cada vez se cierra más sobre La Moncloa.
Desde Barrabés, cuya imputación fue criticada desde el primer minuto por su prolífica labor como empresario eternamente vinculado a la contratación pública -también con el PP-, hasta asesores de Moncloa como Cristina Álvarez, quien, como ha sido práctica habitual en los sucesivos gobiernos desde la llegada de la democracia, ha ayudado en sus labores a la mujer del líder del Ejecutivo, enviando varios correos electrónicos en su nombre que no aportan indicios delictivos fehacientes. Este lunes, de hecho, y mientras Álvarez recurría su imputación acusando a Peinado de tenderle “una trampa”, el instructor añadía un nuevo nombre a su larga lista de citados a declarar: se trata de Alfredo González, alto cargo del Gobierno que demandó la contratación de la asesora.
A las continuas citaciones judiciales, criticadas incluso por otros estamentos judiciales, como ha sido el caso del desproporcionado allanamiento a Juan Carlos Barrabés o la malversación de una testifical para elevar de testigo a investigado la condición de Juan José Güemes, se añade una espectacularización morbosa fomentada y dirigida por el propio Peinado. Uno de los casos más evidentes fue la visita del instructor a La Moncloa el 30 de julio para tomarle declaración a Pedro Sánchez. Una declaración que, como era de esperar, no tardó en filtrarse a los medios de comunicación -algo que, sorprendentemente, se ha convertido en práctica habitual-. Mismo modus operandi que con la protagonista de la investigación, Begoña Gómez, quien ya conoce a la perfección los pasillos de los juzgados de Plaza de Castilla.
Una constante procedimental que deriva en filtraciones jugosas y que dañan reputacionalmente la instrucción. Una forma de actuar contra la que ha tratado de actuar por activa y por pasiva Antonio Camacho, abogado de Gómez, demandando, por ejemplo, que las testificales no sean grabadas en vídeo para limitar “la vulneración de los derechos de esta, de una manera más acorde, con su posición procesal, y su derecho a la presunción de inocencia, especialmente en el momento de la instrucción, garantizado constitucionalmente en el artículo 24 de la Constitución Española".
Hurtado y la conexión fiscal-presidencia
Si bien en el juzgado de instrucción número 41 de Madrid se libra una batalla que afecta directamente a los lazos familiares del presidente, otra de las investigaciones que avanza a ritmo frenético contra el Gobierno tiene un escenario mucho más pomposo. Se trata del Tribunal Supremo, donde el magistrado Ángel Hurtado avanza a mayor velocidad en la investigación sobre quién y cómo se filtró la confesión por fraude fiscal de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, que lo que la Audiencia de Madrid hace con la causa del defraudador confeso.
El principal señalado es Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, y Hurtado anda detrás de demostrar una conexión que, por el momento, teniendo en cuenta las pruebas que ha arrojado la instrucción, se le resiste. Se trata de la vinculación entre la fiscalía y presidencia, a la que él mismo se refiere en sus autos. Incautación del móvil, volcado y filtración de las llamadas, registro de su despacho, testificales de los periodistas que informaron del fraude fiscal de González Amador y un continuo paseo de todo el organigrama de la Fiscalía por la plaza Villa de París, donde está radicado el Alto Tribunal.
Este intento por encontrar pruebas de las que hoy en día no hay constancia también ha provocado que el magistrado se haya topado con el rechazo de parte del estamento judicial. Exactamente igual que le sucediese a Peinado con el allanamiento de Barrabés, muy discutida fue la decisión de Hurtado de registrar el despacho del fiscal general del Estado, así como incautar el teléfono móvil de algunos de los citados a declarar -como Juan Lobato- mientras se perdonaba el mismo proceso a otros -como Miguel Ángel Rodríguez, jefe de Gabinete de Ayuso- al considerarse un exceso.
Un sinfín de críticas que ha llegado a su máxima expresión con el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) encargado por el magistrado. La filtración de las llamadas y de datos sensibles sobre García Ortiz, como su domicilio, ponen directamente en peligro al líder del Ministerio Público y van radicalmente en contra de la protección de datos que se le presupone a una instrucción ejercida por el Supremo.
El objetivo siempre fue Pedro Sánchez
Ya en el mes de julio, ElPlural.com informaba de que las acusaciones populares incluidas en la causa contra Begoña Gómez tenían clara su intención, que no era otra que la imputación del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Una voluntad eminentemente política derivada del juego sucio de organizaciones como Vox que presumían abiertamente de estar detrás de la citación en calidad de testigo del líder del Ejecutivo ordenada por el juez Peinado: “Sánchez tendrá que comparecer gracias al trabajo del partido en la causa”, aseguraba en tono triunfalista Santiago Abascal. “Nuestro partido dice y hace”, sentenciaba.
Una persecución que estuvo a punto de tener su afecto, no por la vía judicial, ya que ahora mismo la imputación de Sánchez sería algo excesivo incluso para polémicos instructores como Hurtado y Peinado, sino por el político. De hecho, el líder del Ejecutivo estuvo muy cerca de dejarlo todo, tomándose cinco días de desconexión para valorar si merecía la pena arriesgar el buen nombre de su mujer por liderar el Ejecutivo frente a los desproporcionados ataques de la derecha política, mediática y judicial.
Cinco días que reagruparon al socialismo, que copó las calles de Ferraz para pedir la resistencia de su líder. Cinco días que sirvieron al presidente para volver con más fuerza en sus intentos por desmontar la ola reaccionaria radicada en “programas de radio, columnas en prensa y sede judicial”. Un paso adelante frente al “quien pueda hacer, que haga” que retrotrae a otra época y que ha sido recuperado por Moncloa para ejemplificar la “cacería judicial” contra Pedro Sánchez, rival a batir.
