Resulta del todo impensable que, en un mundo que tiende a concebir los datos personales de cada individuo como el oro de la Reserva Federal, se permitan filtraciones masivas de estas referencias y más durante un proceso judicial. Eso es lo que ha ocurrido en el caso por revelación de secretos que instruye el Tribunal Supremo y por el que el fiscal general del Estado, sobre el que pivota la investigación, ya ha puesto una queja formal ante la unidad de protección de datos del Consejo General del Poder Judicial. Y es que Álvaro García Ortiz ha denunciado que la UCO ha filtrado un informe de todas las llamadas recibidas y enviadas durante un periodo de 10 meses que desborda el objeto de investigación. Un registro que no sólo le afecta a él, sino que también contempla datos personales, como números de teléfono o domicilios de hasta otras seis personas, según ha podido comprobar ElPlural.com.
La filtración parte de la decisión del juez del Tribunal Supremo, Ángel Hurtado, que acotó el análisis de los dispositivos intervenidos al fiscal generla del Estado al periodo comprendido entre el 8 y 14 de marzo. Durante esas fechas se publicó la denuncia contra la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, por presunto fraude fiscal, así como el correo electrónico mediante el cual el empresario admitía sus delitos y reclamaba un pacto al fiscal para evitar el juicio.
Un excel filtrado
García Ortiz denuncia que, con esta maniobra, se han expuesto sus datos, lo que implica "un minutaje completo de la vida de una persona, con independencia incluso" de su condición de Fiscal General del Estado y de lo que comporta, que no es sino "un quebranto irreparable para mi intimidad personal, familiar y profesional". "Un escaparete de mi vida y mi persona sin que el tribunal adopte ninguna medida efectiva para impedirlo, sin que se haya puesto freno o contención a tal difusión, afectando gravemente a mi intimidad y poniendo en peligro mi integridad y seguridad", expone Ortiz en el escrito.
El fiscal general denuncia que la filtración de este informe y sus anexos han desnudado "240.000 registros" de su "actividad diaria y profesional", incluyendo la vulneración de "datos accesorios, y también relevantes para mi intimidad o vida familia" y que son, a su juicio, "asbolutamente innecesarias para la investigación". Pero tal exposición a cargo de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil no sólo transgrede la vida privada de García Ortiz, sino que también expone a otras cuatro personas más que aparecen en el registro de llamadas.
El de la UCO es un Excel que consta de miles de celdas, hasta 7.105 para ser más concretos. En el anexo de la Benemérita se repiten constantemente los números de teléfono del fiscal general del Estado, así como el IMEI y el IMSI (identificadores únicos para el teléfono y para la tarjeta SIM) e incluso el domicilio de un periodista, un policía que trabaja como escolta y el fiscal del Tribunal Supremo, además de una empresa y de un particular.
Este episodio de tensión en la instrucción del caso se ha desplegado a lo largo de toda esta semana y probablemente se extienda durante más fechas. Las conclusiones de la UCO en un informe apuntaban al borrado de mensajes por parte del fiscal general del Estado "hasta dos veces" el pasado 16 de octubre, momento en el que la Sala de lo Penal anunciaba su imputación por presunto delito de revelación de secretos. Los investigadores entonces subrayaban que García Ortiz había eliminado también su cuenta de Gmail.
El detonante
La intervención de los dispositivos no halló conversaciones telefónicos mantenidas durante el periodo analizado con ningún miembro del Ejecutivo o cargos intermedios; pero sí hicieron constar junto a las conclusiones remitidas al magistrado los anexos con el bruto del cribado de la discordia. Y es que estos han estado en poder de los mdedios de comunicación, como este mismo, que ha tenido acceso al Excel donde figuran los registros del fiscal.
Ello provocó el movimiento de ficha por parte de García Ortiz, que acudió ipso facto ante el Consejo General del Poder Judicial para presentar una queja formal por violación del secreto de sus comunicaciones. Este derecho está recogido en la Constitución Española y una eventual violación del mismo podría acarrear un recurso ante el Tribunal Constitucional. Algo que se añade a la reivindicación del fiscal de que la instrucción es irregular y viola sus derechos, por lo que ya preveía solicitar el amparo del órgano en cuanto exprimiera las vías de recurso en el Supremo.
La UCO y el juez, en la picota
El fiscal general ha intensificado sus críticas hacia la Unidad Central Operativa (UCO) y el juez que lidera la investigación en su contra, a quienes acusa de incurrir en excesos. En escritos anteriores de su defensa, el fiscal señaló que los informes de la UCO contenían “irregularidades y omisiones significativas” que derivaban en “conclusiones erróneas”.
Por su parte, el juez Ángel Hurtado ya había manifestado su postura en una resolución reciente, en la que rechazó varias diligencias solicitadas por la defensa del fiscal, entre ellas, la solicitud de publicación de números telefónicos. El magistrado argumentó que el derecho a la privacidad de datos no es absoluto y puede ceder ante un interés legítimo que justifique mantener la información accesible.
Frente a las críticas del fiscal hacia la UCO, el juez defendió el trabajo de la unidad, señalando que su labor se limita a cumplir con su deber de informar al tribunal sobre el avance de las investigaciones mediante los informes pertinentes. En cuanto a la cuestión de los números telefónicos, el juez sostuvo que el acceso a estos datos es esencial para que las partes puedan ejercer su derecho a una defensa efectiva y garantizar el principio de tutela judicial efectiva.
