¿Alguien se imagina poner en manos del cartel de Cali la dirección del fiscal que los procesa? ¿Alguno de ustedes, lectores, habría revelado la dirección del juez o del fiscal de la Audiencia Nacional que llevó la detención de Txapote o la de cualquier otro terrorista de ETA detenido? Ya les digo yo la respuesta: no, ni por asomo. ¿Qué le habría pasado a un juez que hiciera pública la dirección personal de un fiscal de Antiterrorismo en los 80 o lo 90? Le habrían cortado las alas, por no mencionar otra parte de su anatomía, sin contemplaciones. Es más, los medios de comunicación, todos, habrían puesto el grito en el cielo si algo así hubiera sucedido. Entonces… ¿cómo no estamos viendo a todos los periodistas de este país denunciando que la dirección personal del fiscal general de Estado ahora mismo esté en manos hasta de la hoja parroquial?
Y porqué digo esto, fácil, Álvaro García Ortiz no solo es el responsable último de la Fiscalía de estas causas de corrupción que abren los medios cada día y que hace correr ríos de tinta. También lo es de todos y cada uno de los temas de terrorismo, de narcotráfico y de crimen organizado, por poner solo algunos ejemplos, que se llevan desde las diferentes fiscalías de este país. Sí, de esos casos cuyos imputados no dejan de dormir a pierna suelta por volarle la tapa de los sesos a cualquiera que les moleste. Pero en esta Españita nuestra es mejor arremeter contra Ortiz, que reconocer que todo una magistrado del Tribunal Supremo ha puesto en un riesgo evidente la vida del fiscal general, aunque haya sido de una forma inconsciente, pues no me creo, y me niego a pensar que Ángel Hurtado quiera que le suceda nada malo ni a él ni a sus escoltas, o al resto de fiscales y periodistas que llevan y escriben de temas más que delicados.
Puntos fundamentales
Llegados a este punto, y dicho lo anterior, hay varias cosas que mencionar que creo que son fundamentales en este asunto. La primera, es el hecho de que muchas de las personas cuyos teléfonos y direcciones aparecen en el anexo de la UCO que el magistrado Ángel Hurtado ha pasado a las partes tan alegremente, han tenido que cambiar de terminal porque ya están recibiendo llamadas anónimas. Este hecho por si mismo, y sin entrar en el tema de la seguridad personal, ya evidencia por si solo el calado de la metedura de pata de Hurtado.
Lo segundo quizás es más técnico, pero no por ello menos importante. Está claro que en un procedimiento, las partes personadas en cualquier procedimiento tienen derecho a recibir el sumario íntegro. Pero la duda es qué pasa cuando dar datos personales, como teléfono, DNI o la dirección puede suponer una amenaza para la seguridad personal. Es más, en el caso del fiscal general estamos directamente hablando de la seguridad del Estado. Y es que es de perogrullo que la seguridad de las personas siempre ha de estar por encima de todo lo demás.
En manos del CGPJ
Tanto García Ortiz como la exfiscal general del Estado y actual fiscal de Sala de Memoria Democrática, Dolores Delgado, han enviado sendos escritos al Consejo General del Poder Judicial denunciando lo sucedido, y no es para menos. Menudo papelón que tiene ahora sobre su mesa el promotor de la disciplinaria. Sinceramente no me gustaría estar en su pellejo. Pero, por otro lado, el Consejo General del Poder Judicial tiene una oportunidad de oro para pegar un puñetazo encima de la mesa. Un puñetazo que ahora mismo es más necesario que nunca. Yo misma me pregunto, lectores, ¿podría servir esto para darle un ‘tironcito’ de orejas a Hurtado (más no creo pues los milagros a Lourdes) dejando claro que lo que ha hecho es una auténtica barbaridad por muy legal que esta sea? ¿Podría servir esto para que, a partir de ahora, se anonimicen aquellos datos que no son relevantes para la causa, y que además pueden suponer un riesgo para las personas? ¿Podría el CGPJ, por una vez y sin que sirva de precedente, hacer algo que de verdad sirva más allá de subirse la dietas?
