El juez Ángel Hurtado, encargado de investigar la presunta filtración de la causa del novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, insiste en sus acciones cuantas menos polémicas para considerar culpable o no al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.
Con una doble vara de medir que parece clamorosa, uno de los últimos movimientos del magistrado ha pasado por permitir que el Tribunal Supremo, del que forma parte, traslade a todas las partes miles de datos entre los que se encuentran llamadas y conexiones que datan de los años 2023 y 2024, fechas muy anteriores a los hechos que se investigan.
Pero antes de este movimiento, son varios los que se mueven en lo que muchos consideran una mala praxis o, a menos, diferente respecto de la otra parte. Posiblemente las órdenes de volcar el móvil sin indicios o de entrar a su despacho sean las dos que más controversia generan. Tanto es así que incluso la Fiscalía sostiene que este registro -y otro que se realizó en el despacho de la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez- es nulo. “No contienen razonamiento alguno que justifique la idoneidad, necesidad y proporcionalidad de las medidas adoptadas”.
“No hay proporcionalidad”
ElPlural.com se ha puesto en contacto con el magistrado Joaquim Bosch para conocer de primera mano y desde un punto de vista puramente judicial si cabría la posibilidad de que Hurtado terminara querellándose contra el juez por la forma en la que está llevando la causa.
“Con los datos de los que disponemos hasta ahora es difícil que pueda ejercer acciones penales”, explica; si bien califica algunas de las decisiones de Hurtado como “discutibles jurídicamente” porque “no se cumplen por con los requisitos de proporcionalidad” y “tampoco hay una motivación suficiente sobre indicios”.
Bosch explica a este periódico que el procedimiento cuando hay disconformidad con una resolución “es el recurso”. “Y en este caso el fiscal general sí ha presentado un recurso de apelación contra la resolución en materia de injerencias de derechos fundamentales”, expone en primera instancia.
Y respecto del punto de filtración de datos, el magistrado indica que “tampoco parece haber materia para que se puedan ejercer acciones penales, sin perjuicio de que sí es posible que García Ortiz pueda pedir actuaciones al Consejo General del Poder Judicial por la difusión de esa información y a la Agencia de Protección de Datos por la misma cuestión”. Todas ellas, respalda el magistrado, son acciones que puede ejercer el fiscal general del Estado, pero no son propiamente del tipo penal.
Se dirige al CGPJ
Para poner pie en pared frente a este modus operandi, el fiscal general se dirigía esta semana por escrito a la presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para denunciar, en el caso concreto de la documentación de la Guardia Civil enviada por el Supremo a todas las partes, que los datos aportados son “absolutamente innecesarios”.
De forma más detallada, García Ortiz afirma que la Unidad Central Operativa (UCO) informaba de llamadas que estaban por lo menos un día fuera del plazo que indicó el instructor y que, para más inri, contenían miles de datos sobre las conexiones de su teléfono a la red que para nada eran necesarios en el transcurso de la investigación.
Los datos que denuncia el fiscal fueron enviados al juez a finales de la semana pasada de la mano del informe sobre el contenido de su teléfono móvil. La documentación recoge puntos como la dirección postal y los DNI de muchas de las personas con las que García Ortiz habló por teléfono entre el 8 y el 14 de marzo de 2024, lo cual incluye datos de particulares, miembros de la Fiscalía e incluso uno de los escoltas de García Ortiz.
Son datos, todos ellos, a ojos del fiscal, cuya recopilación está “manifiestamente injustificada”. “En el cuerpo del informe de la UCO, proporcionado a las partes, se incluyen multitud de datos accesorios, y también relevantes para mi intimidad o vida familiar absolutamente innecesarias para la investigación”, ampliaba más recientemente.
Semanas de decisiones polémicas
Están siendo semanas polémicas a nivel judicial, con el juez Juan Carlos Peinado, encargado de investigar a Begoña Gómez, y Hurtado como rostros de los casos más mediáticos en la actualidad. Eso por no entrar a valorar en estas líneas el proceder de otros magistrados que también han dado la vuelta al país últimamente, como el de Adolfo Carratero, por su interrogatorio a Elisa Mouliáa, actriz que denunció al ex diputado Íñigo Errejón por presunta agresión sexual.
En lo que concierne al protagonista de este artículo, cabe destacar que, además de todo lo explicado anteriormente, sus excesos han quedado claros en otros puntos de la investigación. Por ejemplo, cuando rechazó la mayoría de diligencias solicitadas por el fiscal, que también pidió posponer su declaración para hablar después que el novio de Ayuso (cuya testifical sí se ha pospuesto hasta en cuatro ocasiones).
O en lo relativo a la intervención sobre un correo de Miguel Ángel Rodríguez, jefe de prensa de la lideresa regional, que resultaría clave para el devenir de los hechos. “No se alcanza a entender la incidencia que pueda tener ese correo de 12 de marzo, que se difunde a partir de la autorización de la persona a quien concierne el secreto, si es para minimizar la trascendencia del de 2 de febrero, cuando éste circula a partir de la actuación de un tercero ajeno a la confidencia, quien, más que divulgarlo, lo filtra subrepticiamente a la prensa, sin autorización alguna del titular del secreto, cuando la relevancia delictiva se encuentra en la quiebra de esa confidencialidad de su contenido", consideraba Hurtado.
Entretanto, el juez nunca ha permitido que llamen “defraudador confeso” a la pareja de Ayuso, a pesar de que el empresario reconoció haber cometido dos delitos fiscales ante la Fiscalía para evitar la pena de prisión, como queda demostrado en el intercambio de mails que tanta polvareda ha levantado. Asimismo, por pronunciarse en estos términos contra él, González Amador ha denunciado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; la vicepresidenta María Jesús Montero, otros ministros como Pilar Alegría o Félix Bolaños, o Manuela Bergerot y Rita Maestre, por parte de Más Madrid.
Pese al intento de acuerdo con el órgano jurídico para evitar la pena de cárcel, Ángel Hurtado reprime a quienes señalan de esta manera al novio de Ayuso. “El reconocimiento expreso que en él se hace de que se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública, cuando aparece en determinados medios y ámbitos que a Alberto González Amador se le considera un defraudador confeso, sin serlo, con el daño reputacional que ello conlleva”.
