La Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada ha decidido archivar las Diligencias de Investigación Preprocesal que mantenía abiertas para investigar los contratos efectuados por la Junta de Andalucía bajo el mando del PP de Juan Manuel Moreno Bonilla y la consejería que dirigía entonces Elías Bendodo durante la pandemia de coronavirus. Según ha podido saber ElPlural.com de parte de fuentes cercanas al Ministerio Público, el motivo por el que finalmente se ha cerrado la investigación es que, “aunque existen ciertas irregularidades, las mismas no integrarían el delito de prevaricación”, un hecho, el de que los contratos fueron irregulares, que venía reflejado en las sentencias que ‘tumbaron’ en la vía Contenciosa estos mismos contratos.
Desde Anticorrupción se ha llegado a ampliar, hasta en tres ocasiones, el plazo para investigar los contratos en las DIP que mantenían abiertas desde febrero de 2023. Estos contratos a dedo se firmaron desde la Junta de Andalucía de Juan Moreno Bonilla, amparándose en unas nuevas normas de contratación que se redactaron en la Consejería de Presidencia, Administración Pública e Interior bajo la dirección de Elías Bendodo. Así, el fiscal coincide con los magistrados que vieron los mismos en la vía civil que eran, obviamente, irregulares, pero que no llegan a poder incardinarse dentro del delito de prevaricación del Código Penal.
3.400 contratos firmados por Bendodo
El que fuera consejero de Moreno Bonilla en la Junta durante la época de la pandemia se vio inmerso en la investigación judicial sobre la adjudicación de hasta 3.400 contratos exprés que el Gobierno andaluz efectuó durante estos años. La causa judicial se abrió en mayo de 2022 y las diligencias se ampliaron hasta en dos ocasiones de plazo.
El contexto de la cuestión se remonta a marzo de 2020, al inicio de la pandemia, cuando la Junta de Moreno Bonilla emitió normas de contratación de empleo público con el único requisito de presentar un email por parte de los interesados en un plazo de tan sólo 24 horas, con titulación y declaración responsable, para optar a la plaza ofertada. Para acceder al proceso, tendrían que haber tenido conocimiento de este previamente, ya que era exprés y la fecha de caducidad era de un día, lo que no daba margen para todos los solicitantes a optar a dicho trabajo público.
Como resultado, la gestión dejó 3.400 plazas en distintas convocatorias. Este sistema de contratación, en un primer momento, fue rechazado por lo Contencioso-Administrativo, pero las actuaciones pasaron a manos de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y Criminalidad Organizada. Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) las anuló y las calificó como ‘contrataciones de los vigilantes de la playa’ al considerar que vulneraron los derechos “constitucionalmente consagrados”.
Así, las diligencias de investigación se abrieron el 6 de mayo de 2022, pero no fue hasta el 17 de febrero de 2023 cuando el fiscal Alejandro Luzón amplió el plazo de “las diligencias de investigación, asignadas a la Delegación Anticorrupción de Sevilla” para prolongar la investigación con plazo límite hasta este mes de mayo. Ahora, la causa, como se ha descrito en líneas anteriores, ha quedado archivada.
Es necesario remarcar que, en el plano político, este motivo también fue objeto de investigación en la comisión de mascarillas del Congreso de los Diputados. Fue el pasado mes de abril cuando se dio a conocer que, en el documento de citación de la Cámara Baja sobre la comisión de investigación de los contratos de mascarillas, se exigió a la Junta de Moreno Bonilla dar cuenta de los contratos adjudicados por Bendodo en su etapa dentro del Ejecutivo andaluz durante la pandemia. Entre la documentación requerida, se reclamaron informes jurídicos, resoluciones e instrucciones dentro de la Junta y entre Consejerías y las actas del Consejo de Gobierno en relación con estas contrataciones.
Por su parte, también en declaraciones a este periódico, el equipo de Bendodo desmintió haber estado investigado por esta razón: “Elías Bendodo no está investigado por la Fiscalía y no ha recibido ninguna notificación al respecto en ningún momento”. Sobre este respecto, cabe remarcar que el hecho de no haber recibido notificación alguna no implica que no sea objeto de investigación.
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