El vicesecretario de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral, Elías Bendodo, elegido a su vez por el PP como representante del partido en la comisión de mascarillas, está siendo investigado por la Fiscalía Anticorrupción por la adjudicación de miles de contratos exprés que la Junta de Andalucía efectuó durante la pandemia. Una investigación que se abrió en mayo de 2022, tal y como publicó en exclusiva ElPlural.com, y cuyos plazos han sido ampliados hasta en dos ocasiones por la Fiscalía que dirige Alejandro Luzón.
Según han explicado fuentes del Ministerio Público a este medio, "las Diligencias de Investigación siguen abiertas, ya que se ha ampliado el plazo para la investigación hasta mayo de este año, pues la prórroga se firmó en el mes de diciembre". Con esta última prórroga, Luzón mantiene “en tramitación” la investigación relativa a los contratos efectuados por la Junta de Andalucía durante la pandemia.
Ampliación de la investigación al menos hasta mayo
En cuanto a las prórrogas de la investigación, a diferencia de lo que ocurre con el resto de la Fiscalía, Anticorrupción puede, debido a la complejidad de los asuntos a tratar, solicitar más plazos de ampliación de las DIP que el resto. Por tanto, podría darse el caso de que, llegado el mes de mayo, se vuelva a solicitar una nueva prórroga de los plazos de investigación.
En definitiva, la Fiscalía Anticorrupción tiene todavía más de un mes para seguir investigando los contratos bajo sospecha que el Gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla realizó en el año 2020 de acuerdo a las nuevas normas de contratación de personal que emitió la Consejería de Presidencia, Administración Pública e Interior antes de recurrir a una nueva petición de prórroga. Cabe recordar al respecto de esta causa que Elías Bendodo lideraba entonces la mencionada Consejería andaluza.
Una investigación que se remonta a 2022
Fue el 5 de abril de 2022 cuando el PSOE de Andalucía denunció a Elías Bendodo ante la Fiscalía por presuntamente “prevaricar” con la adjudicación de 4.000 contratos exprés de empleos públicos en Andalucía. Los socialistas pidieron entonces al Ministerio Público que abriese una investigación contra el número tres de Feijóo sobre los contratos de urgencia durante la pandemia.
Desde el PSOE planteron un posible delito de “prevaricación administrativa” y señalaron en su denuncia directamente al entonces consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta, Elías Bendodo.
Las Diligencias de Investigación se abrieron inicialmente el 6 de mayo de 2022. Un año más tarde, el 17 de febrero de 2023, Alejandro Luzón, decidió ampliar el plazo de "las Diligencias de Investigación, asignadas a la Delegación Anticorrupción de Sevilla” para seguir investigando el asunto. El hecho de que la Fiscalía esté investigando por tanto tiempo las contrataciones implica la posible existencia de indicios.
Contratación exprés de la Junta de Andalucía durante el Covid
En marzo de 2020, en el primer mes de Covid, la Consejería de Presidencia, Administración Pública e Interior emitió nuevas normas de contratación de personal, poniendo con ello en el foco de la polémica al que por aquel entonces era hombre fuerte del presidente andaluz, Juanma Moreno Bonilla.
El sistema para captar personal temporal, conocido como contrataciones exprés, había sido rechazado por la justicia en el plano Contencioso-Administrativo, pero las actuaciones pasaron a ser objeto de estudio por parte de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y Criminalidad Organizada, lo que implicaba la existencia de indicios penales en el asunto.
El modelo de contratación de la Junta permitía que después de la publicación de la oferta de empleo en la web de la administración, y solo con la presentación de emails por parte de los concurrentes en un plazo de 24 horas, con titulación y declaración responsable, pudieran hacerse con la plaza. Para ello, está claro, tenían que haberse enterado de la existencia de una convocatoria que tan solo estaba abierta durante un día.
El resultado de la gestión dejó más de 3.400 plazas en distintas convocatorias, ya que en algunas ofertas no se concretaron el número de puestos a cubrir, mientras que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y la justicia Contencioso-Administrativa anularon las bautizadas como ‘contrataciones de los vigilantes de la playa’, al considerar que vulneraban derechos “constitucionalmente consagrados”. Hay que subrayar que este modelo de contratación a la sombra de las urgencias Covid no respeta los principios de igualdad, mérito y capacidad.
Tal y como explicaría hace cosa de un año ElPlural.com, la Junta obedeció con las cautelares dictaminadas por la Justicia y los interinos exprés pasarían a mantener solo, al menos, sus retribuciones y cotizaciones. Ello, después de que los gabinetes jurídicos de la administración recurrieran las sentencias, con el rechazo generalizado de los tribunales y sin recurso de amparo por parte de los servicios jurídicos del gobierno andaluz, que trató de borrar cualquier rastro de las contrataciones a través de una resolución de la Dirección general de Recursos Humanos de febrero de 2022, que anulaba las contrataciones y derechos a los interinos, desapareciendo así los puntos para baremación, antigüedad o experiencia obtenidos por estos contratos.
Sin embargo, esto no alejó la sombra de sospecha sobre los contratos de Bendodo, ya que sindicatos denunciaron la anulación que decretó Recursos Humanos, defendiendo que la carga agravante no podía recaer sobre los trabajadores que habían visto mermados unos derechos que habían conseguido a través de su puesto de trabajo en la administración. Pero del caso se desprenden otras actuaciones que fueron objeto de polémica, como que se hiciera pública una orden para deshacer el entuerto -normalmente las administraciones recurren sistemáticamente o cuentan con el respaldo del Consejo Consultivo o técnicos o letrados propios- o que del proceso se excluyera a ciertas personas -mujeres embarazadas, enfermos oncológicos, portadores de VIH o mayores de 60 años- a pesar de que el trabajo a desempeñar nada tenía que ver con la gestión sanitaria.
No fue el único hecho que levantó polvareda por aquel entonces en lo que a contratos Covid se refiere, y es que tras lo relativo a las contrataciones exprés saldrían a la luz concesiones a aseguradoras privadas. Aquellos contratos se prolongaron en el tiempo suspendiendo garantías administrativas. Un ejemplo de estas contrataciones fue el de Barveal, una compañía sin sede ni trabajadores y que había recibido pérdidas, pero que a pesar de todo recibió a dedo cuatro millones de euros para arreglar carreteras.
El equipo de Bendodo niega que esté siendo investigado
Ante esta noticia, desde el equipo del portavoz del PP en la comisión de mascarillas aseguran a ElPlural.com lo siguiente: "Elías Bendodo no está investigado por la Fiscalía y no ha recibido ninguna notificación al respecto en ningún momento". Un hecho, el de no haber recibido ninguna notificación que no implica, para nada, que no sea objeto de investigación. Y si no, que le pregunten a Koldo García, cuya causa estuvo en DIP y solo se enteró de que estaba siendo investigado después de que se judicializara cuando alguien dio un chivatazo a la trama corrupta.
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