La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Catarroja que investiga la DANA del 29 de octubre ha expresado este miércoles su petición a la defensa de la ex consellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, sobre la última solicitud presentada por esta.
A través de una providencia, la juez instructora ha querido preguntarle a la defensa de Pradas que aclare la propuesta de unificación de las acusaciones personadas en la causa solicitada. Concretamente, solicita saber “qué propuesta de unificación pretende, si se incluyen tanto acusaciones particulares como populares y sobre qué criterios interesa la unificación, a la vista de las posturas claramente divergentes que se desprenden de solicitudes de prueba, recursos y adhesiones a los mismos”.
La petición de la defensa de la ex consellera se presentó este lunes 19 de mayo y ha sido dos días después cuando ha recibido respuesta de la magistrada: que concrete la unificación solicitada “al objeto de no generar indefensión a las partes”, para lo que le da un plazo de tres días.
Queja ante el Poder Judicial
La petición de la defensa de Pradas se produce pocos días después de que esta presentara una queja formal ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) vinculada a la instrucción de la causa judicial que está llevando a cabo la juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Catarroja.
Su abogado Eduardo de Urbano, del despacho Kepler-Karst, ha denunciado en la queja de su cliente que el derecho de defensa siendo "gravemente afectado" por la forma en la que se está conduciendo la instrucción por parte de la magistrada, según ha informado la firma en un comunicado difundido este miércoles.
A juicio del letrado, "la instrucción de esta causa, una de las más complejas y de mayor relevancia social de los últimos años en nuestro país, debe realizarse con pleno respeto a las garantías procesales y a los principios de imparcialidad judicial. Sin embargo, hemos detectado irregularidades que, a nuestro juicio, vulneran derechos fundamentales de las partes y ponen en cuestión la equidad del procedimiento".
Entre los motivos de la queja, la defensa de Pradas cita "existencia de resoluciones judiciales que contienen afirmaciones categóricas sin base probatoria suficiente"; predeterminación del objeto de la instrucción; denegación "reiterada" de diligencias solicitadas por las partes; "limitación" del derecho de defensa durante las declaraciones y la posible intervención de personas "ajenas" al procedimiento judicial. Además, se denuncia el uso de "informaciones periodísticas no contrastadas como base de resoluciones judiciales", así como la "excesiva duración" en la práctica de diligencias de prueba.
La puerta giratoria de Pradas
Paralelo a ello, se ha conocido también que la exconsellera de Justicia e Interior de la Generalitat Valenciana ya ha encontrado su puerta giratoria después de abandonar el Govern como principal señalada por la gestión de la DANA. La que fuera responsable de emergencias del Ejecutivo de Carlos Mazón es ahora la principal imputada en la causa del Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja, que investiga la actuación de la administración el pasado 29 de octubre de 2024, y colaboradora de la Universidad Internacional de Valencia (VIU).
Pradas ostentaba cargos públicos como parte del Partido Popular (PP) desde 2014 y tras su renuncia forzosa ha recalado en una puerta giratoria habitual para los populares valencianos, tal y como ha revelado elDiario.es. La universidad en cuestión fue creada durante los años de Francisco Camps y privatizada posteriormente por su sucesor, Alberto Fabra, por menos de seis millones de euros, lo que representaba una cuantía hasta seis veces menor al coste de su puesta en marcha. Desde entonces, diversos excargos del PP acaban en la institución al alejarse de la política.
La exconsellera, que ya cuenta con correo electrónico académico, se defiende apuntando que vuelve a la actividad educativa que desempeñaba en 2008, aunque en aquellos momentos lo hacía como profesora asociada en la Universitat Jaume I, de naturaleza pública. A partir de ahora, lo hará en una instancia privada, que ha querido llevar con discreción su contratación, y cobrando en función de las tareas que se le encomienden, dado que finalmente se rechazó realizarle un contrato laboral al uso por reticencias internas.
