Nuevo frente en la causa judicial de la DANA de Valencia. La defensa de la exconsellera de Justicia e Interior del Gobierno de Carlos Mazón, Salomé Pradas, investigada por la gestión de la catástrofe del 29 de octubre que dejó 228 víctimas mortales en la provincia de Valencia, ha presentado este miércoles una queja formal ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en relación con la instrucción de la causa judicial que está llevando a cabo la juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Catarroja.
Su abogado Eduardo de Urbano, del despacho Kepler-Karst, ha denunciado en la queja de su cliente que el derecho de defensa siendo "gravemente afectado" por la forma en la que se está conduciendo la instrucción por parte de la magistrada, según ha informado la firma en un comunicado difundido este miércoles.
A juicio del letrado, "la instrucción de esta causa, una de las más complejas y de mayor relevancia social de los últimos años en nuestro país, debe realizarse con pleno respeto a las garantías procesales y a los principios de imparcialidad judicial. Sin embargo, hemos detectado irregularidades que, a nuestro juicio, vulneran derechos fundamentales de las partes y ponen en cuestión la equidad del procedimiento".
Entre los motivos de la queja, la defensa de Pradas cita "existencia de resoluciones judiciales que contienen afirmaciones categóricas sin base probatoria suficiente"; predeterminación del objeto de la instrucción; denegación "reiterada" de diligencias solicitadas por las partes; "limitación" del derecho de defensa durante las declaraciones y la posible intervención de personas "ajenas" al procedimiento judicial. Además, se denuncia el uso de "informaciones periodísticas no contrastadas como base de resoluciones judiciales", así como la "excesiva duración" en la práctica de diligencias de prueba.
De Urbano ha apuntado a su vez que el "respeto a la imparcialidad y a la presunción de inocencia es esencial para mantener la confianza en el sistema judicial, como resulta de las normas procesales y los principios de ética judicial". Por ello, ha solicitado al Poder Judicial que analice los hechos expuestos "y adopte las medidas oportunas para garantizar un proceso justo y conforme a Derecho".
Pradas declaró ante la juez que "no sabía nada de emergencias"
Hace prácticamente un mes atrás, la exconsellera de Mazón acudió a declarar ante la juez de Catarroja en calidad de imputada. Entonces, Pradas declaró que la dirección de urgencia del CECOPI era “coordinada” junto con la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana, añadiendo a su vez que, tal y como se recogió de su declaración, ella “no sabía nada de emergencias” pese a ocupar la Conselleria de estas competencias.
En este sentido, aseveró que “no tenía conocimientos técnicos” en esta materia y, por ende, hacerse cargo de la situación, al añadir así que las responsabilidades de Emergencias eran “sólo institucionales”. Asimismo, el jefe del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia, José Miguel Basset, “están diseñados para no tener que pensar y no estar tomando decisiones”.
Bajo el mismo telón de fondo, Pradas declaró en sede judicial que eran los expertos de Emergencias los que debían coordinar la situación de la DANA. La Conselleria de Interior tenía una jefa de gabinete, un jefe de prensa, un asesor de asuntos parlamentarios y un asesor de asuntos generales; sin embargo, ningún asesor en emergencias. Pradas era una de "las no experta en la materia, sino representantes institucionales" en el CECOPI y la reunión de urgencia del 29 de octubre, donde eran los expertos "los que tenían que coordinar".
Pradas remarcó entonces que, siguiendo el plan de inundaciones, cuando se decreta el nivel 2 se constituye un comité de dirección que ejerce una dirección "única, coordinada y colegiada en la que la presencia de los representantes garantiza una mayor eficacia en la respuesta del conjunto de administraciones que intervienen en la emergencia", declaró. "Más que un mando único hay una dirección única", añadió al respecto.
