La exconsellera de Justicia e Interior de la Generalitat Valenciana, Salomé Pradas, ya ha encontrado su puerta giratoria después de abandonar el Govern como principal señalada por la gestión de la Dana. La que fuera responsable de emergencias del Ejecutivo de Carlos Mazón es ahora la principal imputada en la causa del Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja, que investiga la actuación de la administración el pasado 29 de octubre de 2024, y colaboradora de la Universidad Internacional de Valencia (VIU).
Pradas ostentaba cargos públicos como parte del Partido Popular (PP) desde 2014 y tras su renuncia forzosa ha recalado en una puerta giratoria habitual para los populares valencianos, tal y como ha revelado elDiario.es. La universidad online en cuestión fue creada durante los años de Francisco Camps y privatizada posteriormente por su sucesor, Alberto Fabra, por menos de seis millones de euros, lo que representaba una cuantía hasta seis veces menor al coste de su puesta en marcha. Desde entonces, diversos excargos del PP acaban en la institución al alejarse de la política.
La exconsellera, que ya cuenta con correo electrónico académico, se defiende apuntando que vuelve a la actividad educativa que desempeñaba en 2008, aunque en aquellos momentos lo hacía como profesora asociada en la Universitat Jaume I, de naturaleza pública. A partir de ahora, lo hará en una instancia privada, que ha querido llevar con discreción su contratación, y cobrando en función de las tareas que se le encomienden, dado que finalmente se rechazó realizarle un contrato laboral al uso por reticencias internas.
Las reacciones no han tardado en llegar en el mundo de la política, desde donde han querido recordar que la responsable educativa durante el Govern de Fabra que privatizó la VIU era la actual alcaldesa de Valencia, María José Catalá, que además también es colaboradora de la universidad. La cuantía del cobro por esta figura de colaborador no ha trascendido y la propia Catalá nunca ha querido detallarlo. “Privatizan, cobran, colocan. Así se paga la lealtad”, ha denunciado Compromís València a través de sus redes sociales.
El caso Dana avanza
Este fichaje se ha producido mientras la investigación judicial por la gestión el día de la Dana, en el que murieron 228 personas, sigue avanzando. La última actualización ha sido la presentación en el juzgado, por parte de la Federación Estatal de Trabajadoras de las Administraciones Públicas de la Confederación General del Trabajo (FETAP-CGT), de un informe técnico en el que se identifican 357 "fallos críticos" e incumplimientos del Plan Especial de Inundaciones (PEI) por parte de los responsables autonómicos durante los días previos y, en especial, el día de la catástrofe.
Mientras siguen llegando pruebas y la jueza ahonda en lo sucedido aquel día, la defensa de Pradas ha presentado una queja formal ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en relación con la instrucción de la causa judicial. Su abogado, Eduardo de Urbano, denuncia en la queja que el derecho de defensa de Pradas está siendo "gravemente afectado" por la forma en la que se está conduciendo la instrucción por parte de la magistrada, según ha informado la firma en un comunicado.
A juicio del letrado, "la instrucción de esta causa, una de las más complejas y de mayor relevancia social de los últimos años en nuestro país, debe realizarse con pleno respeto a las garantías procesales y a los principios de imparcialidad judicial. Sin embargo, hemos detectado irregularidades que, a nuestro juicio, vulneran derechos fundamentales de las partes y ponen en cuestión la equidad del procedimiento".
Entre los motivos de la queja, la defensa de Pradas cita "existencia de resoluciones judiciales que contienen afirmaciones categóricas sin base probatoria suficiente"; predeterminación del objeto de la instrucción; denegación "reiterada" de diligencias solicitadas por las partes; "limitación" del derecho de defensa durante las declaraciones y la posible intervención de personas "ajenas" al procedimiento judicial. Además, se denuncia el uso de "informaciones periodísticas no contrastadas como base de resoluciones judiciales", así como la "excesiva duración" en la práctica de diligencias de prueba.
