Juan Carlos Peinado, el mayor denunciador de Plaza de Castilla

Ser quien imparte justicia, interpretarla de forma interesada y terminar denunciando a quienes critican, amparándose además en especialistas del sector -cuando los expertos no son ellos-, por esta forma tan particular de hacer tu trabajo. Esto es lo que está pasando actualmente en España con el juez Juan Carlos Peinado, encargado de investigar a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El magistrado, que está llevando a cabo su labor de manera cuanto menos polémica ha sacado a pasear el mazo de castigo e interpuesto demandas contra todo aquel que se atreve siquiera a insinuar que no está obrando como debería.

Nadie pide nada más allá que actuar con la objetividad que requiere el arte noble de la jurisprudencia, fundamental en un Estado de bienestar y una democracia que se presupone plena. ¿Sabrán algunos jueces la inseguridad que genera pensar que si estás en algún momento en manos de la Justicia -como reo o denunciante- puede no garantizarse un proceso limpio, independientemente de la sentencia final?

¿Será consciente Juan Carlos Peinado de lo que supone a nivel social que el proceso que está llevando a cabo nada menos que contra la mujer de quien es la máxima autoridad del Estado junto al rey esté en entredicho? ¿En qué lugar le deja a él como profesional, al resto de particulares que nos empeñamos en confiar en el sistema judicial, a los profesionales que se levanta cada día con el objetivo de que no se pierda esa confianza, e incluso a España como pionera en muchas cosas, también a título judicial?

La situación se ha encrudecido en las últimas semanas después de que el magistrado haya interpuesto denuncias a políticos y periodistas que, sencillamente, han dado una opinión. Su única condena ha sido hacerlo en público y no en un ámbito privado, aprovechando el altavoz que les permite su profesión para poner pie en pared contra una situación que, simplemente, consideran inaceptable.

Hasta el momento, el magistrado de moda ha reclamado 430.000 euros en total, repartidos entre Pablo Iglesias, Antón Losada, Ernesto Ekaizer -todos ellos por condenar la actuación de Peinado en el caso de Gómez en TVE- además de a la propia cadena pública, contra quien también ha tomado represalias.

El montante incorpora asimismo personalidades reconocidas en la izquierda puramente política, como Fernando Grande-Marlaska, Óscar Puente y Gabriel Rufián, al que se le reclaman 70.000 euros considerando que insinuó una presunta prevaricación en la actuación de Peinado durante la instrucción de un caso en el que el magistrado sigue siendo incapaz de encontrar nada punible.  "Es casi un honor (…) Es lo que hay. Yo me dedico a lo que me dedico, y si no molestara o cabreara, no estaría haciendo bien mi trabajo".

Hay unas palabras del líder de ERC en esta defensa, en su tono irónico habitual, que dan buena cuenta de que estas declaraciones ni siquiera son un argumento infundado, sino que está basado en los datos que ponen sobre la mesa que sí saben de la materia: “No son palabras mías, sino de gente que sabe muchísimo más que yo (…) Le recuerdo que, por ejemplo, Peinado en el auto decía que Begoña Gómez había conocido a la famosa asesora en el tanatorio por la muerte de Begoña Gómez. Por lo tanto, a mí hasta que no me enseñen un auto diferente, pues esto es un despropósito. Y repito: no lo digo yo, sino que lo dicen los jueces”.

A más a más, el juez es cliente de Guadalupe Sánchez Baena, una abogada que nunca ha ocultado su posición liberal, cargando contra el Ejecutivo de (Pedro) Sánchez sin paliativos. Nada sospechoso cuando en este maremágnum aparece la mujer del responsable del Gobierno.

Puede ser casualidad, pero la realidad es que defiende también al novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador siendo de sobra sabido que la presidenta ha ido a presentaciones de libros suyos, o al rey Juan Carlos I en su cruzada judicial contra el expresidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla.

La pareja de la lideresa de Sol fue bautizado por la izquierda como el “mayor denunciador de la villa” por su aquelarre contra voces críticas, en una actuación similar a la que está ahora ejecutando el juez. En el caso de magistrado, (Guadalupe) Sánchez sigue esperando la más mínima oportunidad para que la persona a la que defiende interponga denuncia. Independientemente de los peligros que encarna el escenario que se plantea, ¿se ha ganado Peinado ya el título de mayor denunciador de Plaza de Castilla?