La oposición pretende desde hace meses convertir los tribunales en su principal fuente de argumentos que arrojar al Ejecutivo de Pedro Sánchez. En ellos, la derecha ha encontrado a dos aliados, dispuestos a agotar las vías para encontrar nombres, cuentas o cualquier cosa que mantenga vivas las causas que rodean al Gobierno. Sin embargo, tanto a Juan Carlos Peinado -juez de la Audiencia Provincial de Madrid que instruye el caso contra Begoña Gómez, esposa del presidente- como a Ángel Hurtado -magistrado del Tribunal Supremo que dirige la causa contra el fiscal general del Estado-, se les acumulan los ‘varapalos’ por su forma de actuar en sendos procedimientos.
Este jueves, la Audiencia Provincial de Madrid denegó la intervención del teléfono móvil y otros dispositivos del empresario Juan Carlos Barrabés, imputado por Peinado en la causa contra Begoña Gómez. El magistrado recibía un jarro de agua fría de su propia institución, que una semana antes ya había dado por nulo el registro al despecho del empresario ordenado por Peinado, en el que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) incautó dichos dispositivos. El auto esgrimió un argumento de peso: “no se puede obtener la verdad real a cualquier precio”.
Desde que Peinado imputó al empresario, no ha trascendido ninguna vinculación punible con los negocios por los que se investiga a la mujer de Pedro Sánchez. En un callejón sin salida similar se encuentra Ángel Hurtado, quien el pasado 29 de enero, veía como su propia acusación se le volvía en contra. La teniente fiscal del Supremo, María Ángeles Sánchez Conde tenía encomendado interrogar a Álvaro García Ortiz, en su declaración como imputado por presunta revelación de secretos sobre Alberto González Amador, el novio de Isabel Díaz Ayuso.
Los ocho argumentos en contra del juez Hurtado
La fiscal se negó por hasta ocho razones a realizar preguntas al fiscal general, quemando uno de los puentes de Hurtado para encontrar algo punible en la actuación de García Ortiz en la noche del pasado 13 de marzo. Para sorpresa de Hurtado, Sánchez Conde convirtió el interrogatorio en un duro alegato en contra del magistrado, al que acusó de actuar de manera “desproporcionada” al ordenar la entrada y registro en el despacho de la Fiscalía General del Estado para obtener pruebas. La fiscal señaló la desproporción de la diligencia para el delito que se imputa a García Ortiz, además de la falta de motivación para hacerlo.
Entre esos ocho argumentos jurídicos para negarse a interrogar al fiscal, Sánchez Conde incluyó la “presunta inconstitucionalidad de la prueba”, el hecho acreditado -una y otra vez- de que el contenido del correo entre el abogado de González Amador y el fiscal Salto “fue conocido antes por muchos periodistas” -en relación con el papel que desempeñó, principalmente, el jefe de prensa de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez-, que estas conversaciones, de todas formas, “tienen escaso valor”, o que el querellante -el novio de Ayuso- “ofreció un relato de hechos para desprestigiar al ministerio fiscal”.
Sánchez Conde concluía su alegato en contra de las intenciones de Hurtado alegando que “la Fiscalía ha sido víctima de un montaje” orquestado por González Amador, de cuyas actividades ha derivado “la importancia mediática del documento” sobre el que gira la causa. La fiscal fue clara: “Se ha allanado de forma imprudente la sede de la Fiscalía. Este registro debe aclararse”. En líneas similares se expresó el propio Álvaro García Ortiz, quien se negó a responder a las preguntas de Hurtado.
La "desporporcionada" praxis de Hurtado y Peinado
El juez Hurtado está cada vez más acorralado en su defensa de la entrada y registro en el despacho del fiscal general del Estado. Su premura en disponer de la información de los dispositivos de García Ortiz choca de frente con su rechazo a hacer lo propio con Miguel Ángel Rodríguez, jefe de Gabinete de Ayuso, quien confirmó estar detrás del bulo del pacto ofrecido por la Fiscalía al novio de la presidenta madrileña. Este doble rasero de Hurtado se confirmó cuando rechazó la solicitud de García Ortiz para posponer su declaración en el Supremo, mientras que Alberto González Amador ha conseguido que la suya se cambie de fecha hasta cuatro veces.
En la causa contra Begoña Gómez se encuentran contradicciones muy similares por parte de Juan Carlos Peinado, que se remontan al mismo momento en que admitió la denuncia del pseudosindicato de extrema derecha Manos Limpias, basada en recortes de prensa -algunos falsos- y que fue el detonante de la investigación. Las pesquisas del magistrado incluyen una querella del grupo ultracatólico HazteOir referida a la cátedra de la mujer de Pedro Sánchez en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), que a Peinado le pareció más que suficiente para ampliar esta cuestión, a pesar de que había quedado sin fundamento.
El juez también emuló a su homónimo en el Supremo, ordenando el acceso a las cuentas bancarias de Gómez, así como la entrada y registro de Juan Carlos Barrabés, anulado esta semana por la Audiencia. Peinado ha tratado de salir de sus acorralamientos al contragolpe: imputando y citando a testigos. Primero a Barrabés, a quien siguieron el rector de la UCM, Joaquín Goyache, y el compañero de Begoña Gómez en el IE Africa Center y otrora hombre fuerte de Esperanza Aguirre, Juan José Güemes. De la declaración del último quedó claro que la contratación de Gómez para dirigir la mencionada institución no tuvo nada que ver con su relación con Pedro Sánchez.
La última persona que ha saltado en cuestión de días de la calidad de testigo a la de imputada ha sido la asesora de Moncloa, Cristina Álvarez, a pesar de que el magistrado había dicho en un primer momento que no podía ser considerada sospechosa de tráfico de influencias ni de malversación de caudales públicos. Así las cosas, tras esta opinión, Peinado pasó a declarar que sí dispone de pruebas -sin aportar- para “colegir la participación del hasta ahora testigo en los hechos investigados”.
