En el último año, la oposición al Gobierno de Pedro Sánchez, que lidera el PP de Alberto Núñez Feijóo, ha convertido los juzgados en un escenario recurrente de la batalla política contra el Ejecutivo. Esta deriva ha reabierto el debate sobre una de las figuras más particulares del sistema jurídico español: la acusación popular. Las causas judiciales urdidas para hacer tambalearse al Gobierno, han supuesto la perversión de esta figura, concebida para defender el "interés general" en los procesos, por parte de las asociaciones de ultraderecha, que la están convirtiendo en una herramienta del juego político del Partido Popular.
Y no es casualidad que el dedo apunte a Génova 13. Este martes, trascendió que Víctor Soriano, abogado de la asociación ultraderechista Manos Limpias, está contratado por el PP a través de la Mesa del Senado. Este letrado es parte de la acusación popular en la investigación a Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, por la presunta filtración de datos confidenciales en la causa del novio de Isabel Díaz Ayuso. Al mismo tiempo, Soriano se embolsa 56.937 euros anuales de dinero público por ejercer como asesor de la Secretaría Primera de la Cámara Alta, que ostenta la popular Eva Ortiz. Además, el abogado anunció en septiembre la contratación del presidente de Nuevas Generaciones del PP de Alcorcón, José Luis Pantoja, para su despacho.
Manos Limpias y otras asociaciones de ultraderecha ejercen la acusación popular en los principales casos que atañen al presidente del Gobierno. Además, en muchos de ellos, son denuncias de las propias organizaciones las que detonan los procedimientos. Estos son las investigaciones a Begoña Gómez, esposa, y David Sánchez, hermano de Pedro Sánchez; la causa contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz; y el 'caso Koldo'.
El PSOE propone acabar con "el acoso de las organizaciones ultras" en los juzgados
Más allá de que uno de los letrados que es parte de una causa que beneficia al PP esté a sueldo del PP, el problema de que la figura de la acusación popular esté siendo monopolizada por la ultraderecha preocupa en el Ejecutivo. Es por ello que recientemente, el PSOE presentó una proposición de ley que, entre otras cosas, pretende eliminar este instrumento, que de todos los países de Europa solo existe en España, "al menos con las mismas características", como explica la doctora en Derecho Mercedes Fernández y recoge Newtral.
Felix Bolaños, ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, lo explicó así en los micrófonos de la Cadena SER este miércoles: "La acusación popular se está pervirtiendo porque, cuando son los ultras los que únicamente la utilizan para acosar a personas y no delitos, están utilizándola para amedrentar a personas progresistas. Con la reforma que propone el PSOE, no hay ninguna impunidad. Es acabar con el acoso a personas que hacen organizaciones ultras", señaló ante Àngels Barceló en Hoy por Hoy.
La acusación popular ultra en el 'caso Begoña Gómez'
Manos Limpias, el pseudosindicato de ultraderecha en el que ejerce Soriano, es parte de la acusación popular en la causa contra Begoña Gómez. Fue precisamente una denuncia de la organización contra la esposa del presidente del Gobierno, presentada en abril de 2024 por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios, lo que bastó al juez Juan Carlos Peinado para abrir la causa judicial contra ella. Posteriormente, Manos Limpias admitió que "no sabía" si los recortes de artículos de medios de comunicación que componían la querella "eran ciertos o no".
A pesar de esto, el procedimiento sigue en curso a día de hoy. Además de Manos Limpias, la acusación popular la ejercen Marta Castro, coordinadora nacional jurídica de Vox, la organización ultracatólica HazteOir, el "antipartido" Iustitia Europa, y el letrado youtuber Aitor Guisasola, "un abogado contra la demagogia" que fundó el partido radical y anti-sistema 'Movimiento Regeneración Política de España'. En este tiempo, estos 'juristas' han conseguido hitos como una colección de informes de la UCO desfavorables a su causa, una crisis diplomática entre Argentina y España y dos cartas a la ciudadanía firmadas por Pedro Sánchez.
Las 'querellas Manos Limpias' sientan en el banquillo al fiscal general y a David Sánchez
En el caso por el que está imputado ante el Tribunal Supremo el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, la acusación popular también la ejerce Manos Limpias, a través de su abogado -y el del PP-, Víctor Soriano. Desde el inicio de la causa, la Abogacía del Estado ha denunciado filtraciones de información confidencial del fiscal, como su número de teléfono. García Ortiz señaló directamente a las acusaciones populares como filtradoras de esta información y denunció "la exacerbación injustificada de las acusaciones" contra él.
El juz Ángel Hurtado instruye el caso, que se inició a raíz de la denuncia de una de las que posteriormente serían acusaciones populares, el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid, contra la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez. La querella la acusaba a ella y a García Ortiz de incurrir en un delito de revelación de secretos por la filtración del correo electrónico que desmentía el bulo de El Mundo, que publicó que fue la Fiscalía la que ofreció un pacto a Alberto González Amador, novio de Ayuso, por sus delitos fiscales. Posteriormente, Manos Limpias se presentó también para el ejercicio de la acusación popular.
El mismo modus operandi de la asociación ultraderechista, el de una querella compuesta de recortes de prensa, ha llevado al banquillo del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno. A finales de noviembre, la jueza le citó a declarar junto a Miguel Ángel Gallardo, presidente de la Diputación de Badajoz y líder de los socialistas extremeños. Manos Limpias también ejerce la acusación popular en este caso, que investiga posibles delitos contra la Administración Pública y la Hacienda Pública, prevaricación, tráfico de influencias y malversación.
¿Qué es la acusación popular y qué propone el PSOE?
La figura de la acusación popular es una particularidad de nuestro sistema jurídico que está reconocida en el artículo 125 de la Constitución Española, así como en la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim). Consiste en la posibilidad de que cualquier persona física o jurídica pueda promover una acción penal, sin perjuicio de que haya sido afectada por el delito que se investiga o no. Solo existe en los procedimientos públicos, es decir, los que investigan delitos que afectan al interés general. Es una figura que no existe "con las mismas características" que en España en ningún país europeo.
La propuesta de ley presentada por el Grupo Socialista en el Congreso, propone una modificación del artículo 103 de la LECrim. De esta manera, la acusación popular se limitaría a los casos que investiguen los siguientes delitos: contra el mercado y los consumidores que afecten a los intereses generales, financiación ilegal de partidos políticos, relativos a la ordenación del territorio, contra el patrimonio histórico y el medio ambiente, cohecho, tráfico de influencias, malversación, prevaricación, rebelión, odio, enaltecimiento del terrorismo, genocidio y lesa humanidad
