El propio Pedro Sánchez ponía sobre la pista de la doble vara de medir de la derecha de los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Calificación nada inocente, pues varía en función del protagonista del dossier en cuestión y, por supuesto, de la conclusión de los investigadores. Básicamente, el aparato mediático conservador cataloga como válido o inválido el informe de la Benemérita le sea más o menos favorable. Ejemplos contrapuestos son el conocido recientemente sobre el fiscal general del Estado -que descarta la filtración del novio de Isabel Díaz Ayuso-, frente a los del caso Koldo que aparentemente ponen contra las cuerdas a altos cargos del PSOE o a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez.
Así, en su última comparecencia del año, además de hacer un balance de este crispado 2024, el presidente del Gobierno percutió en su afán por desmontar la estrategia de lo que en fueros socialistas catalogan como “ola reaccionaria”. Alusión específica a todas las patas de la mesa que componen el frente de ataque contra Sánchez y su entorno: véase el PP, la ultraderecha, los medios afines al espectro conservador y “una parte de la judicatura”. Hipótesis que conecta con la teoría de las “cartas marcadas” que deslizó el propio jefe del Ejecutivo en conversación informal con los periodistas en la tradicional copa de Navidad de Moncloa.
En lo que atañe a esta disonancia argumental de la derecha, que Sánchez bautiza como “ley del embudo” e incluso la hace extensible a la nueva estrategia de pactos con Junts, se parte de la premisa de que toda documentación sensible que apunte a Moncloa, a Ferraz o al entorno socialista se da por buena independientemente de su procedencia. Así lo explicaba en la comparecencia de este lunes, en la que se esmeró por hacer de escudo mediático ante el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.
“No deja de ser sorprendente que hay medios de comunicación conservadores y la oposición que, cuando los informes de la UCO son de su interés, son poco menos que las tablas de la ley, los diez mandamientos”, arrancó el jefe del Ejecutivo. Mientras tanto, si la Guardia Civil firma investigaciones cuyas conclusiones rehuyen de sus intereses, “resulta que hay que corroborarlos, que no son tan claros”. “La oposición debería ser coherente con sus críticas”, remachó el presidente del Gobierno, al tiempo que redundaba en sus tesis de que “nadie pedirá perdón” al fiscal general del Estado.
La UCO y Begoña Gómez
El caso de la esposa del presidente del Gobierno es paradigmático en este escenario. Hasta en dos ocasiones, la Guardia Civil descartó indicios delictivos en el proceder de Gómez en la causa que instruye el polémico juez Juan Carlos Peinado. La última vez fue en julio de este mismo año, cuando la UCO emitió un informe de 102 páginas en el que concluye que seis contratos adjudicados a la empresa de Juan Carlos Barrabés -con quien la firma de Gómez cerró varios acuerdos- se tramitaron “con normalidad y bajo los principios que rigen la contratación pública”. Previamente, tras analizar otros tantos contratos de Red.es con el mismo empresario, el desenlace fue el mismo.
Ante la posibilidad de que la mediática causa se desplomara, los conservadores iniciaron la ofensiva, pero esta vez el enemigo era una institución del Estado como la Guardia Civil. El Partido Popular puso en tela de juicio los trabajos de un organismo al que siempre dicen defender frente al Gobierno. Sin embargo, en esta ocasión, tanto Alberto Núñez Feijóo como el resto de gerifaltes conservadores, desacreditó el segundo informe de la UCO aferrándose a que el propio Instituto Armado requisó documentación en Red.es.
La ley del embudo
En cambio, la derecha no se muestra tan escéptica cuando un informe de la UCO arrojó luz sobre la filtración del novio de Ayuso tras analizar el móvil del ya ex secretario general del PSOE-M Juan Lobato. En ese punto, todo tipo de resortes conservadores saltaron a la yugular de Moncloa, descalificando al presidente del Gobierno, tachándolo de dictador y asumiendo como ley las conclusiones de la Guardia Civil.
Lo mismo ocurre con el caso Koldo. Es más, el estallido de la causa que investiga la compraventa de mascarillas y otro tipo de material sanitario durante la pandemia le sirvió al Partido Popular para replantearse su estrategia de oposición. Desde que la trama salió a la portada de la actualidad, Génova dio un giro a su recetario contra el PSOE para practicar una maniobra de desgaste total arrojando la presunta corrupción a la fachada de Moncloa. De hecho, los investigadores del caso elaboraron un informe que se dio a conocer el pasado mes de octubre y que le sirvió al PP para dictar sentencia. De hecho, todo el aparato conservador concluyó que el “gran objetivo” de la “trama corrupta” era “proteger al presidente del Gobierno.
Así lo verbalizaron altos cargos del partido como la secretaria general, Cuca Gamarra, quien sostiene que el informe de la UCO de dicho mes, remitido a la Audiencia Nacional, “implica directamente al presidente del Gobierno”. En este sentido, hacían balance de un nuevo varapalo judicial al Ejecutivo y a su máximo responsable, Pedro Sánchez, a quien la UCO “implica directamente en esta trama corrupta”. Incluso lo llegaron a catalogar como “baño de realidad”, adjetivo que se descabalga de los últimos avances del Instituto Armado en las causas vinculadas al novio de Ayuso.
