La cúpula de la Televisión de Galicia (CRTVG) se encuentra bajo lupa judicial, para ser más exactos, por su director general, Alfonso Sánchez Izquierdo, junto a otros directivos, por la causa penal que trata de esclarecer si los imputados incurrieron en un presunto delito de acoso y de merma de los derechos de una trabajadora, que les denunció por mobbing, descrédito personal y daños psicológicos y emocionales.
La causa se ha prorrogado en el Juzgado de Instrucción Número 1 de Santiago de Compostela después de que la Audiencia Provincial de A Coruña haya desestimado el recurso del directivo de la TVG. Sánchez Izquierdo es bien conocido en Galicia por sus estrechos vínculos con Alberto Núñez Feijóo durante su etapa en la Xunta.
En su declaración ante la jueza instructora hace un año atrás y que ha trascendido recientemente, Sánchez Izquierdo dejó en manos de sus subordinados toda responsabilidad de los hechos pese a que su cargo al frente de la TVG engloba 17 años, periodo por el que fue objetivo de numerosas sentencias judiciales por vulneración de derechos laborales, casos de sexismo y machismo; también de manipulaciones y falta de imparcialidad en favor del PP gallego en sus servicios informativos. La TVG, en manos de Sánchez Izquierdo, ha perdido hasta 40 procedimientos judiciales con las consiguientes indemnizaciones que ha tenido que realizar a los denunciantes.
Y es que, en clave política, cabe reiterar que el directivo fue nombrado por el propio Feijóo allá por 2009 y se mantiene desde entonces en el cargo, pese a que dos años más tarde se aprobó la Lei de Medios de Galicia, por la que se obliga que su puesto tenía que estar cubierto por un candidato apoyado, al menos, por dos tercios de los diputados del Parlamento gallego. Ahora, con el mandato actual de Alfonso Rueda, está previsto el horizonte de relevo de Sánchez Izquierdo al frente de la TVG y se acometa un cambio en esta normativa audiovisual.
Como tal escenario no se produjo, Sánchez Izquierdo está en el cargo de manera irregular y transitoria desde 2011 y con un salario de más de 102.000 euros anuales en 2024, según recoge Público.
En cuanto al resto de imputados, otros ocho cargos de la directiva de TVG, son: el director de negocio, Xosé Pereira Fariña; el director de recursos humanos, Víctor Tubío Villar; su predecesora, Susana Fernández Veiguela; el subdirector de los servicios informativos, Alejandro López Carballeira; la jefa de programas, Tania Fernández Lombao; la jefa de personal, Paula Veloso Pereira; el jefe de seguridad y salud laboral, Manuel Casás Macía; y, por último, la coordinadora de personal, Vitalina Cuña Palencia. Todos ellos, que ya han prestado declaración judicial, se enfrentan a penas que van de los seis meses a dos años de cárcel.
El caso de mobbing y acoso en la TVG
Con la imputación de estos nueve cargos de la TVG, entre los que figura Sánchez Izquierdo, se pone de relieve la campaña de acoso laboral que sufrió la trabajadora denunciante y motivo por el que los tres magistrados validaron la decisión de la jueza Ana López Suevos de la Audiencia Provincial de prorrogar seis meses más el caso.
Los hechos denunciados acontecieron en 2018, cuando la trabajadora, que contaba con una trayectoria de tres décadas en la televisión gallega, fue trasladada de manera repentina y sin previa consulta a la redacción de informativos de la radio autonómica. Entonces, interpuso una denuncia al entender que fue una decisión laboral discriminatoria y sexista. Desde entonces, y hasta 2023, la querellante aseguró haber sido objetivo de una campaña de hostigamiento y acoso por parte de los profesionales de TVG.
En esta última querella, la trabajadora denunció episodios de acoso por parte de sus jefes, tratos de desprecio y ninguneo, denegación de vacaciones o impedimentos para conciliar su vida personal. A su vez, como ejemplos más prácticos que alegó ante el juez, se le ponían horarios y turnos en los que no se le encargaban casi tareas de trabajo, quedando muchas de ellas sin emitirse; a su vez, no se le permitió acudir a la huelga feminista del 8 de marzo, tuvo que trabajar en días festivos y no se le permitió cubrir los periodos electorales.
Debido a estas circunstancias, la querellante denunció que sufrió episodios de ansiedad y depresión por los que los médicos le decretaron la baja laboral y, ante la petición interna de un cambio de puesto, este fue denegado por la directiva de Sánchez Izquierdo. A posteriori, el comité de empresa alertó de esta situación de mobbing y discriminación laboral y, ante la inacción de la directiva, alertó de que se estaba poniendo en peligro la salud de la afectada.
