La Fiscalía General del Estado ha recibido la denuncia contra la vivienda de Eva Cárdenas, antigua responsable de Zara Home y mujer del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, interpuesta por el presidente de la Plataforma del Sector Marítimo Pesquero de Galicia (Pladesemapesga), Miguel Delgado, en los últimos días.
Delgado había ampliado recientemente la denuncia, en su caso contra la alcaldesa de Moaña, Leticia Santos, localidad de Pontevedra en la que se encuentra el chalet, que anteriormente incluía también a la propia Cárdenas y a Feijóo en su calidad de aforado. En su objetivo de poner pie en pared, el presidente de Pladesemapesga se ha dirigido en el transcurso de los meses a diferentes organismos como la Fiscalía General del Estado, la de Galicia o la Comisión de Transparencia y, ahora, el primero de ellos le ha respondido.
“Se acusa recibo de sus escritos que han tenido entrada en esta sede electrónica de la Fiscalía General del Estado en fecha 23 y 27 de enero de 2025. Y visto el contenido del mismo le informamos que se remite a la Teniente Fiscal de la Fiscalía del Tribunal Supremo”, ha emitodo en el escrito al que ha tenido acceso ElPlural.com.
Feijóo y su condición de aforado
Hace cosa de un mes, el presidente de Pladesemapesga remitía dos documentos que pudo leer este periódico, uno de ellos orientado al órgano de García Ortiz “al amparo del artículo 124 de la Constitución Española y en ejercicio de su derecho a tutela judicial efectiva”.
Ese escrito, en el que aparecían las tres personas indicadas, se basaba en “presuntas infracciones urbanísticas y medioambientales que afectan gravemente al interés público” de las que responsabilizaba directamente a “cargos políticos y administrativos que, a través de acciones y omisiones, habrían permitido construcciones ilegales en dominio público” y habrían “contribuido a la contaminación de un ecosistema crítico”. La persona firmante de la denuncia documentó los hechos con varios anexos que vendrían a justificar la apertura de una investigación “urgente”.
El segundo escrito se centra en la petición de una “colaboración activa” entre las partes “dada la relevancia territorial de los hechos denunciados y su impacto directo en el entorno medioambiental, urbanístico y social de la región” con el fin de “asegurar una respuesta integral y efectiva frente a las infracciones denunciadas”. También pedía la aportación de informes periciales y técnicos independientes, especialmente acerca de los posibles daños ocasiones.
Afean que el Ayuntamiento de Moaña obstaculiza la investigación
Más recientemente, Delgado ampliaba la denuncia sobre Santos, a quien acusaba de estar poniendo trabas al acceso de información pública. En concreto, se refería al retraso en los plazos de respuestas y a las trabas burocráticas impuestas, como el cobro de tasas.
“Intenta desvincularse de las actuaciones y documentos que contradicen las normativas de transparencia”, lamenta Delgado en lo que considera un golpe al libre acceso a la información pública.
Pladesemapesga se ampara en varios artículos de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, según los cuales “la información pública incluye todos los documentos en poder de la Administración que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones”, por lo cual “todas las personas tienen derecho a acceder a esta información sin restricciones arbitrarias”, incluyendo el cobro de tasas “injustificadas”.
Defensa del consistorio
El consistorio ha respondido que toda la documentación necesaria para la realización y el mantenimiento de esta área de la vivienda constaba en varios expedientes (la respuesta consistorial también queda adjuntada en la documentación remitida a la Fiscalía). Sin embargo, Delgado remarca la decisión del Gobierno Central en tanto en cuanto Costas reclamó la recuperación de parte de la parcela para su uso público.
Reclamación de Costas
El Servicio Provincial de Costas publicaba en el BOE el pasado mes de noviembre la obligatoriedad de recuperar un terreno que contempla la vivienda ubicada en la playa de O Con al pertenecer a la sociedad (es de uso público).
Esto atiende a un muro de hormigón de 210 metros cuadrados en terrenos de dominio público marítimo-terrestre localizado en el arenal y encuentra su origen en construcciones realizadas sin los pertinentes permisos que incluyen un muro transversal de bloque de hormigón de 5,5 metros de largo y otro de contención con una puerta de acceso cerrada.
El chalet es empleado con frecuencia por el que fuera presidente de la Xunta cuando acude a su comunidad natal, pero es propiedad de Cárdenas, quien lo adquirió una vez que el cierre ya estaba hecho, pese a lo cual intervino recientemente en el área con una renovación de la puerta que da acceso directo al arenal y que ahora disfruta de los mismos acabados que el resto de los elementos de la vivienda.
