La Axencia de Protección de Legalidade Urbanística (APLU), dependiente de la consellería de Vivienda, es la organización que se encarga en Galicia de demoler las construcciones en caso de que no cumplan con la ley. En consecuencia, es a su rodillo al que podría enfrentarse la vivienda que posee Eva Cárdenas, administradora de la inmobiliaria Niebla Azul y mujer del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, después de que el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicara una orden contra una parte de este terreno por pertenecer a dominio público marítimo-terrestre.
Por el momento todo lo que rodea al futuro de este inmueble sigue siendo una incógnita después de que, presuntamente, haya pasado el tiempo para presentar alegaciones contra su derribo. Por el momento, sin embargo, sigue siendo difícil obtener respuestas: el entorno de Cárdenas calla, el de Feijóo recurre al silencio, y así sucesivamente.
Actuaciones de la APLU
Sea como fuere, si se obedece a la normativa y se siguen los trámites que debieran llevarse a cabo con las edificaciones que no atienden a la normativa, este enclave ubicado en la playa de O Con, en Moaña (Pontevedra) podría tener los día contados. Dicho de otro modo, podría correr la misma suerte -parte de este, para ser más precisos- que otros tantos de la comunidad gallega.
En concreto, según los datos publicados en la web oficial de la APLU, en su informe de 2023 -el último que se puede consultar en el momento de redacción de estas líneas- han existido un total de 4.661 expedientes resueltos desde 2009 hasta entonces; 301 solo en ese último año. Asimismo, se han resuelto en el mismo periodo de tiempo 526 expedientes únicamente en espacios costeros; donde entraría la “mansión ilegal” -así la definen sus detractores- de la que fuera también responsable de Zara Home.
Si se atiende al número de multas, en 14 años se han tramitado 6.680 multas; 393 solo en 2023, y salvo en 2020, desde 2019 hasta el último año del que se desprenden registros se han recaudado más de un millón de euros.
Estos son solo algunos datos, pero desde su fundación en 2008 esta organización ha sido una pesadilla para muchos que han hecho de Galicia su particular cortijo construyendo en sitios en los que no estaba permitido: vivienda unifamiliares, en terrenos rústicos, galpones que un día fueron prados, esqueletos de edificios que tendrían que haberse finalizado hace décadas, o piscinas que carecen de cualquier permiso, e incluso un ápice de lógica.
Si se centra el foco por provincias, en A Coruña la APLU pasó su bola de demolición por 34 infraestructuras que se habían levantado de manera irregular y que afectaron, por ejemplo, a concellos como Arteixo, Fene, Ames, Muro, Porto do Son, Valdoviño o Santiago de Compostela.
Casos concretos de demoliciones
Son muchos los ejemplos de obras que dan buena cuenta de las cuestiones práctica que dan forma a estos datos. En Cabanas, por ejemplo, tal y como recoge La Voz de Galicia, ordenaron la demolición de una nave de aspecto industrial al encontrarse en suelo rústico. Otro vecino de Cedeira corrió la misma suerte por la misma razón. Asimismo, el propietario de un local de hostelería de Arteixo, tuvo que retirar una estructura de madera adosada a la planta baja del establecimiento.
Hay muchísimos casos. En Porto do Son, una vivienda unifamiliar construida en suelo rústico se vino abajo por la piqueta, lo mismo que en Culleredo. En Cabana de Bergantiños, por su parte, la APLU actuó sobre el esqueleto de un edificio que, además de no haberse finalizado, se había levantado en una finca que no era urbanizable. En el mismo sentido, una vivienda que estaba sin acabar corrió esta suerte en Camariñas por una cuestión familiar; u otra de dos plantas fue tirado abajo. Todo ello en el año 2023.
Orden de Costas sobre la vivienda de Cárdenas
El pasado mes de noviembre el Servicio Provincial de Costas de Pontevedra abría un expediente para recuperar unos terrenos, parte de los cuales ocupa la vivienda que protagoniza estas líneas. El motivo, después de años de litigio, es que una parte de la finca se encuentra en dominio público marítimo-terrestre. “Imposibilidad física acceder a una porción de aproximadamente 201 metros cuadrados”, emplazaba el documento. Explicado de otro modo, alrededor de los terrenos que cercan el inmueble se levanta un muro que incluyo la zona de dominio público-terrestre, por lo que no se puede acceder a ellos.
El chalet es empleado con frecuencia por el líder del PP cuando acude a su tierra natal, pero pertenece a su pareja, que adquirió la propiedad una vez que el cierre ya estaba hecho. Pese a esto, Cárdenas sí que intervino recientemente en el área con una renovación de la puerta que da acceso directo a la playa y que ahora cuenta con los mismos acabados que el resto de los elementos de la vivienda.
El BOE era muy claro en su anuncio del pasado 5 de noviembre: los terrenos de dominio público terrestre son inaccesibles debido a que un muro transversal de bloque de hormigón de aproximadamente cinco metros y otro de contención lo imposibilitan. Además, añadía, existe una “puerta de acceso cerrada”.
