La Fiscalía de Galicia deja en manos de la Fiscalía General del Estado todo lo relativo al chalet del que Eva Cárdenas, ex directora de Zara Home y mujer de Alberto Núñez Feijóo, posee en la playa de O Con, en Moaña (Pontevedra) y que, tal y como se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE), ocupa un terreno de dominio público.
El órgano jurídico se ha pronunciado en estos términos después de recibir dos denuncias -una este organismo y otra la propia Fiscalía General- del responsable de la Plataforma del Sector Marítimo Pesquero de Galicia (Pladesamepesga), Miguel Delgado, a finales de 2024 contra el inmueble que la esposa del gallego tiene en esta parte del litoral atlántico, ateniéndose a la condición de aforado del político popular, a quien también alcanzan los nuevos documentos que tratan de poner pie en pared sobre estos hechos.
La Fiscalía de Galicia emite, tal y como se desprende de las líneas a las que ha tenido acceso ElPlural.com, que “el caso que nos ocupa se refiere a dos escritos, uno esta dirigido al Fiscal General del Estado y otro -que contiene inserto el anterior- está dirigido al Fiscal Superior de Galicia”, que “en ambos escritos aparecen denunciadas las mismas personas, una aforada como diputado del Congreso de los Diputados -en referencia a Feijóo- y otras dos no aforadas -en alusión a Cárdenas y a la alcaldesa de la localidad, Leticia Santos” y que los posibles delitos que se habrían llevado a cabo son de “infracciones vinculados a las actuaciones urbanísticas, administrativas y medioambientales” relacionadas con el chalet, que Delgado y su plataforma califican como “mansión ilegal”.
“Por ello, en cuanto al primer escrito de denuncia resulta procedente su remisión al Excelentísimo Señor Fiscal General por estar dirigido al mismo. Y, en cuanto al segundo escrito, dirigido al Fiscal Superior de Galicia, procede su remisión por inhibición a la jefatura de la Sección Penal de la Fiscalía del Tribunal Supremo, dada la condición de persona aforada ante el Tribunal Supremo del denunciado Don Alberto Núñez Feijóo”, indica el documento procedente de Galicia.
Así las cosas, decreta la “incoación de expediente gubernativo”, su “archivo en esta Fiscalía autonómica” y, así mismo: “Remitir el Excelentísimo Señor Fiscal General del Estado, mediante el oportuno oficio y copia de este decreto, el primer escrito de denuncia por estar dirigido concretamente al mismo (…) Remitir por inhibición, mediane oportuno oficio y copia de este decreto, el segundo escrito, dirigido al Fiscal Superior de Galicia, al Excelentísimo Señor Fiscal de la Sala Jefe de la Sección Penal de la Fiscalía del Tribunal Supremo, por estar aforado ante dicho Alto Tribunal una de las tres personas denunciadas”.
La parte denunciante espera que se abran diligencias
En declaraciones remitidas a este medio de comunicación, Delgado confía en que con la remisión de la denuncia al Tribunal Supremo permita la “apertura de diligencias de investigación en la Sección Penal del mismo tribunal”, que se realicen “peritajes ambientales y urbanísticos sobre los daños denunciados” y que “declaren los denunciados y los funcionarios vinculados” a la cuestión.
El denunciante expresa su confianza en el sistema judicial y reitera la importancia de proteger el interés público. “Este no es solo un caso sobre una propiedad en Moaña, sino una llamada a la justicia y la transparencia en todos los niveles de la administración pública”.
La relevancia del caso “trasciende a lo local”
El representante primero de Pladesemapesga considera que el caso está dotado de una “relevancia política que trasciende lo local” al estar involucrado el líder de un partido político e indica que “podría sentar un precedente en la protección de espacios públicos frente a intereses privados”.
Incluso, la demanda destaca "posibles irregularidades en adjudicaciones públicas a empresa vinculadas al entorno familiar" del expresidente de la Xunta a la vez que subraya la necesidad de una mayor vigilancia sobre el uso de recursos públicos.
Ante todo, el presidente de Pladesemapesga celebra que se hayan producido un “avance significativo en la investigación de posibles delitos relacionados con actuaciones urbanísticas, administrativas y medioambientales”. Más en detalle, además de la demostrada ocupación de dominio público marítimo-terrestre, el firmante de la denuncia alude a una “contaminación ambiental severa por falta de infraestructura adecuada” y “posible tráfico de influencias vinculado a adjudicaciones públicas”.
Costas reclamó la devolución del terreno
Costas reclamó los terrenos que pertenecen al dominio público marítimo-terrestre, que dan acceso a la playa y que están ubicados dentro del cierre levantado a su alrededor. El Servicio Provincial de Pontevedra abrió expediente con ese fin después de constatar la "imposibilidad física de acceder a una porción de aproximadamente 201 metros cuadrados”.
En concreto, alrededor de los terrenos que rodean la casa está levantado un muro que incluye las zonas mencionadas de dominio público marítimo terrestre, de manera que no se puede acceder a ellos. Si bien es cierto que cuando Cárdenas adquirió el chalet, el cierre estaba hecho, la propietaria sí que intervino en la zona con una renovación de la puerta que da acceso directo al arenal, que ahora contempla los mismos acabados que el resto de elementos de la vivienda.
