La Fiscalía del Tribunal Supremo ha pedido la imputación del líder de Se Acabó La Fiesta (SALF), Luis 'Alvise' Pérez, por un presunto delito de desórdenes públicos en el marco de las protestas contra la amnistía en noviembre de 2023, que se produjeron en las inmediaciones de la sede del PSOE de Madrid en la calle Ferraz.
En concreto, los desórdenes públicos serían por la difusión entre los días 5 y 7 de noviembre de 2023 de una serie de publicaciones en el canal de Telegram Alvise Pérez, con más de 313.000 seguidores, según indican fuentes jurídicas, que "incitaron públicamente a cometer desórdenes públicos, a llevar a cabo acciones que pudieran ser calificadas de atentado y resistencia contra las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de sus funciones, e incluso a elaborar y emplear sustancias que podrían ocasionar un gran perjuicio contra la salud de las personas".
La Fiscalía sostiene en un informe al que ha tenido acceso Europa Press que el canal de Telegram de Alvise es "abierto al público" y tiene "una elevada capacidad de difusión atendiendo al número de sus seguidores y visualizaciones": "De ahí que quepa entender que Alvise Pérez puede aparecer indiciariamente como autor del presunto delito de desórdenes públicos", apunta.
Fue el juzgado de Instrucción número 13 de Madrid quien envió al Tribunal Supremo la denuncia presentada contra Alvise Pérez por este presunto delito de desórdenes públicos, después de que el líder de SALF se convirtiese en diputado del Parlamento Europeo tras las elecciones eurepeas celebradas en junio del año pasado. Por su condición de eurodiputado, Alvise está aforado ante la Sala Segunda del Supremo.
Por ello, la Sala acuerda expedir el oportuno suplicatorio al Parlamento Europeo para obtener la suspensión de la inmunidad de Alvise Pérez para poder presentarle declaración sobre los hechos denunciados.
Esta decisión del Supremo ha sido celebrada en el PSOE, víctima de este acoso ultra. "Entendemos que el acoso al que se nos sometió -y se nos somete todavía en algunas casas de pueblo- no cabe en democracia. Ponferrada, Almendralejo, Marbella, Granada, Pozuelo de Alarcón, Ejea de los Caballeros, Gijón… El listado supera con creces la barrera de los 100 ataques, unos hechos que vienen precedidos por discursos de odio lanzados por Vox y el PP, que nunca ha condenado la violencia ejercida contra nosotros", señalan fuentes socialistas.
La Audiencia Nacional también pide otra investigación
La decisión de la Fiscalía del Tribunal Supremo no es la única contra Alvise Pérez, ya que la Audiencia Nacional también pide investigar al ultra por otros delitos. En concreto, el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama pidió enviar una exposición razonada al Tribunal Supremo para investigar al eurodiputado Luis Pérez por delitos electoral y de financiación ilegal de partidos políticos por haber recibido 100.000 euros en metálico de un empresario para sufragar su compaña al Parlamento Europeo con la agrupación Se acabó la fiesta. En su auto, al que tuvo acceso ElPlural.com, el titular del Juzgado de Instrucción Cuatro considera que existen “indicios sólidos” de responsabilidad penal frente al diputado del Parlamento Europeo y, por tanto, debe ser el Tribunal Supremo el competente para continuar la instrucción debido al aforamiento que tiene.
El magistrado incluye en su escrito los indicios contra el empresario que pagó los 100.000 euros, Alvaro Romillo, para que también le investigue el Alto Tribunal de forma conjunta con Alvise, al apreciar una “íntima conexión” en la dinámica comisiva entre ambos, pues son conductas que constituyen, dice, “la cara y cruz de una misma moneda”. En el caso de Romillo, el magistrado considera que podría tratarse de una “actividad activa de donación o de aportaciones ilegales”, que castiga a quien entregare donaciones o aportaciones destinadas a un partido o federación, coalición o agrupación de electores por sí o por persona interpuesta.
Calama expone en su resolución los indicios delictivos que se han puesto de manifiesto a través de la denuncia presentada por el propio Romillo, los documentos y el informe pericial, así como por la declaración judicial del empresario, investigado a la vez en otra pieza por la supuesta estafa de la plataforma Madeira Invest.
La investigación, señala en su auto el juez, ha evidenciado que Alvise Pérez solicitó la colaboración de Romillo para crear una wallet (monedero virtual) con objeto de recibir donaciones anónimas que quedaran fuera de todo control público.
Estas donaciones estaban destinadas a sostener los gastos de la campaña electoral de las elecciones al Parlamento Europeo de 2024 por parte de la agrupación electoral que bajo el nombre de “Se acabó la Fiesta” (SALF), estaba encabezada por Luis Pérez. Tanto los servicios prestados por Álvaro Romillo para la apertura de la wallet, así como la entrega de 100.000 euros referidos, fueron efectuados por este con la intención de que Alvise, posteriormente, pudiera actuar en distintos foros publicitando tanto su plataforma bancaria Sentinel como la mercantil Madeira Invest Club.
De esta forma, señala Calama, perseguía conseguir nuevos inversores a los que venía cobrando un 10 % de la inversión. Esta comisión la compartiría con Luis Pérez si resultaba eficaz y llegaban a un acuerdo en tal sentido. Así, el primer acto de colaboración tuvo lugar el pasado 6 de abril en el hipódromo de la Zarzuela. En este evento, Alvise, ante un grupo de 3.000 inversores de Madeira Invest Club, hizo defensa de su plataforma de negocio que, según afirmaba, quedaba fuera de cualquier control financiero, y permitía obtener una significativa rentabilidad sin tributar por ella.
