Violaciones de derechos y “mala praxis”. Este es el resumen del informe que el Defensor del Pueblo ha enviado a la Consellería de Sanidade de Galicia y a la Fiscalía sobre la situación del sanatario psiquiátrico La Robleda (cerca de Santiago de Compostela) que, en medio siglo de historia, acumula acusaciones contra la integración física y mental de sus pacientes.
Todo ha estallado después de que el organismo que capitanea Ángel Gabilondo se personara por sorpresa en el lugar localizado en el municipio de O Pino el pasado mes de septiembre. Con dos días de entrevistas con personal e internos y tras revisar grabaciones de las cámaras o consultar documentación clínica, ha quedado al descubierto el escenario indigno en el que se encuentran muchas de las personas que son atendidas en este sitio, donde están atadas durante semanas, encerradas o expuestas a agresiones sexuales han sido una tónica habitual.
Responsabilizan a la Xunta por la "financiación pública"
La oposición ve en la administración del gobierno de Alfonso Rueda una de las indiscutibles culpables de haber llegado a esta situación en tanto en cuanto una parte de la financiación del centro es pública al contar con servicios concertados.
En esa línea se pronuncia la portavoz parlamentaria de Sanidad Hospitalaria, Iría Carreira, quien ha avanzado que el BNG va a exigir responsabilidad al Ejecutivo del PP en la Cámara regional por esta “gravísima situación”. “El informe del alto comisionado estatal revela la mala praxis del centro, con casos de violaciones de derechos, pacientes encerrados y atados y sometidos a agresiones sexuales, unos hechos que no tienen ningún tipo de justificación ni paliativo”.
La diputada afirma que los acontecimientos destapados “dan muestra de la escasa preocupación que tiene la Xunta por la salud mental y por los pacientes psiquiátricos” al permitir que sucedan “en un centro que tiene financiación pública por contar con servicios concertados”.
El partido de Ana Pontón ha anunciado que presentará varias iniciativas en sede parlamentaria para exigir responsabilidades, entre las que contempla pedir explicaciones al conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña: “Vamos a reclamar transparencia y que salga a la luz todo lo que está pasando en este hospital psiquiátrico (…) Y medidas para que esta mala praxis no se repita nunca más, ni en un centro privado, ni en uno concertado y, mucho menos, en un centro público”.
Ingresos involuntarios durante años o inmovilizaciones de internos "claramente tranquilos"
El psiquiátrico sanatario La Robleda, perteneciente al grupo Hestia Alliance con sede en Barcelona, ha presentado casos de enfermos atados durante semanas o encerrados con llave en sus habitaciones en el transcurso de varios días.
El texto del Defensor del Pueblo destaca casos concretos que dan buena cuenta de la verdadera pesadilla a la que han enfrentado algunos de los internos en todos estos años. Entre los ejemplos concretos se encuentran el de una paciente que pasó más de una década ingresada de manera involuntaria, un plazo absolutamente injustificable, como apostilla el organismo, ya que “en ninguna enfermedad mental se producen descompensaciones de duraciones tan largas”; o la denuncia de abuso sexual por parte de otra enferma. Según recoge su historial médico, un empleado le tocó “sus partes íntimas” y le insultó. El personal del centro anotó que se visionarían las cámaras para comprobar los hechos, pero no consta el resultado de dicho visionado ni que se activara ningún protocolo.
El documento emitido por el Defensor del Pueblo apunta que “a pesar de las lagunas que hay en el conocimiento de la realidad que se describe, resulta incuestionable que en la planta de psiquiatría se requiere extremar el rigor en la detección de casos de posible agresión sexual, poniendo en marcha los procedimientos que sean necesarios para la indagación de los hechos y proporcionar la correspondiente protección”.
Otro de los aspectos analizados por el organismo de Ángel Gabilondo tiene que ver con las inmovilizaciones a las personas que padecen una enfermedad psiquiátrica, una práctica que obedece a un procedimiento que tanto las autoridades judiciales como las organizaciones sanitarias piden que se abandone progresivamente, pero que en La Robleda se ha mantenido de forma “habitual”.
Se llevan a cabo “durante semanas” de hecho, según se desprende del informe, y muchas veces en personas que están “claramente tranquilas y no muestran ningún signo de agresividad”, incluso “colaborando en la retirada de su ropa y el resto de las instrucciones”.
Frente a la privación de esta libertad, los inspectores destacan el caso de un interno que fue atado durante nueve días para después ser encerrado con llave en su habitación durante tres días más. El “aislamiento habitacional”, inciden los trabajadores de Defensor del Pueblo, se corresponde con una “práctica muy común”, aunque secreta dado que “no se recoge en ninguna de las circulares ni documentos internos”. “Supone una práctica para la cual, además, no existe ningún soporte legal en la legislación, suponiendo una vulneración de derechos básicos como la libertad y la dignidad”, aseveran.
Estos casos concretos -que no aislados- forman parte de una sinrazón que se complementa con la falta de un protocolo “bien establecido y operativo” o ingresos de hasta 20 años, a veces sin justificación médica.
