Los nacionalistas gallegos consideran “útil” la comisión de investigación aprobada la semana pasada por el BNG sobre las irregularidades en las contrataciones de la Xunta. Así lo ha expresado en la mañana de este jueves el viceportavoz del Bloque en la Cámara, Luís Bará, quien ha puesto en valor la necesidad de llevar adelante esta comisión, pese a “las dificultades y atrancos” del Partido Popular.
La iniciativa fue aprobada la pasada semana en solitario por parte del bloque nacionalista, con el no de toda la oposición, incluidos los socialistas gallegos y el único diputado de Democracio Ourensana. Lo hacen en el marco de supuestas “ilegalidades” registradas tanto en la contratación como en el modelo de concesión empleado en la construcción del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo.
El siguiente paso será la aprobación definitiva en el pleno del Parlamento gallego, una vez de inicio el nuevo periodo de sesiones, para lo que se deberá contar con los votos particulares que presentaron los diferentes grupos. Sobre ello, el BNG ha destacado que ahora disponen de “mucha información” para el control al Gobierno, porque disponen de la “constatación de numerosas irregularidades” e “ilegalidades” en el sistema de contratación de la Administración autonómica.
En el marco de esto último, Bará no niega que los contratos menores sean “un mecanismo perfectamente legal”. “Pero no estamos hablando de eso, sino de procedimientos fraudulentos como fraccionamientos de contratos y encadenamientos de contratos año tras año”, ha explicado el diputado nacionalista.
Cifras “estratosféricas” y adjudicaciones a altos cargos
En línea con la comisión presentada por el bloque nacionalista, estos últimos han puesto de relieve que en el periodo comprendido entre 2018 y 2024, la Xunta tramitó más de un millón de contratos menores por un importe que supera los 4.443 millones de euros, lo cual ha calificado de “cifras estratosféricas”.
Entre otras cosas, han denunciado también que estos contratos se adjudicasen a empresas vinculadas a altos cargos del Ejecutivo gallego y del PP, como es el caso de Eulen, cuya directora para el Noroeste es Micaela Núñez Feijóo, hermana del presidente de la Xunta y líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo.
Entre todos esos contratos, cifrados en más de un millón, subrayan los adjudicados de emergencia durante la pandemia, porque hubo "un interés" en adjudicar servicios a "determinadas empresas". A este respecto, Bará ha mencionado Universal Support, que prestó apoyo al servicio de rastreo de casos covid y que pertenece al Grupo Konecta, donde es directivo Ignacio Cárdenas, cuñado de Feijóo.
Las iniciativas del BNG
Por todo ello, el grupo nacionalista ya ha adelantado que próximamente registrará en el Parlamento gallego diferentes iniciativas con el objetivo de limitar la contratación menor a “imprevistos” y situaciones en la que sea "necesaria", así como regular los "conflictos de intereses" en las adjudicaciones, y una “oficina antifraude” para luchar contra la corrupción.
Entre estas medidas, destaca la exigencia del “cumplimiento riguroso de la normativa” para que “todos los contratos menores” y “no solo los datos básicos”, sino también los expedientes, estén disponibles en el Portal de Transparencia.
“A partir de ahora, lo que toca en primer lugar es seguir investigando las prácticas ilegales, irregulares y los chanchullos que se están cometiendo”, ha recalcado Luís Bará, quien ha insistido en que el PP “creó en 15 años” que lleva al frente de la Xunta "un sistema de drenaje de fondos públicos hacia empresas amigas”.
Puerta abierta a los tribunales
Preguntado por los medios sobre si el BNG llevará todo ello a la justicia, como ya sugirió más directamente la semana pasada el PSdeG, el viceportavoz nacionalista ha respondido que ya se valorará "qué curso" dará a toda la información recabada, porque por ahora su labor es "fundamentalmente política".
Bará ha afirmado que tanto el Bloque como el Consello de Contas, en sus informes sobre el Hospital Álvaro Cunqueiro y la contratación, "constataron ilegalidades", pero que este órgano fiscalizador tiene "limitado" su ámbito de actuación al respecto, pese a la "cierta confusión" que intenta crear el PP.
