El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y la Xunta de Galicia se han enfrentado este año a un examen que han pasado sin apuros gracias a la mayoría absoluta de la que el PP disfruta en el Parlamento de la comunidad autónoma.
Esto no implica que no hubiera motivos de sobra para la investigación, tanto que la cuestión ha llegado al Tribunal Constitucional debido, precisamente, al veto de los ‘populares’ y de la región a que se analicen en profundidad todo lo que tiene que ver con las tres ramas por las que el Bloque Nacionalista Galego (BNG) impulsó una comisión: los contratos de la administración pública en pandemia, los acuerdos cerrados con empresas vinculadas a familiares del responsable gallego (como su hermana o su cuñado) o los sobrecostes del hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo.
En lo que respecta al presidente del PP a nivel nacional, la polémica se cierne sobre los contratos con Eulen -firma de la hermana de Feijóo- o la empresa de telemarketing vinculada al cuñado del líder ‘popular’. También ha generado controversia lo relativo al chalet “ilegal” de la mujer del gallego, Eva Cárdenas, situada en la playa de O Con; en Moaña (Pontevedra).
El último hecho relevante respecto de este tema, sobre el que ElPlural.com se ha hecho eco en varias ocasiones, es que el Estado quiere recuperar parte de su terreno para uso público. En concreto, es que la vivienda tiene, dentro del cierre levantado a su alrededor, partes que pertenecen al dominio público marítimo-terrestres y que dan acceso directo a la playa. Por ello, el Servicio Provincial de Costas de la localidad gallega abría un expediente después de confirmar “la imposibilidad física de acceder a una porción de aproximadamente 201 metros cuadrados”.
Para más detalle, alrededor de los terrenos que rodean la casa se levanta un muro que incluye estos espacios de dominio público marítimo-terrestre, por lo que no se puede acceder a los mismos. Se trata de un inmueble que usa con frecuencia el líder del PP cuando visita Galicia, pero que pertenece a su pareja y que ésta adquirió cuando el cierre estaba hecha, aunque Cárdenas sí que intervino en la zona con una renovación de la puerta que da acceso directo a la playa y que ahora cuenta con los mismos acabados que el resto de elementos de la vivienda.
Una comisión "edulcorada"
La comisión de investigación que se ha creado este año en el Parlamento gallego a instancias de la formación nacionalista y que ha contado con el respaldo del PSOE de Galicia (PSdeG) se ha enfrentado a trabas constantes, un cerrojazo informativo y el intento de pasar página lo antes posible.
Era precisamente el BNG quien anunciaba que iba a presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional fruto de las “imposiciones y vetos del PP” en el órgano parlamentario, que debería haber aclarado lo ocurrido con numerosos contratos de la administración autonómica así como con el sobrecoste del citado hospital vigués.
La portavoz del BNG, Ana Pontón, denunció los obstáculos puestos por el PP en la comisión que “investiga los chanchullo” de los ‘populares’ y que suponen una clara vulneración de los “derechos fundamentales de los diputados".
Para argumentar el recurso, la portavoz de los nacionalistas gallegos expresó que el PP llevaba a cabo decisiones “autoritarias y antidemocráticas” propias de una formación que “en primer lugar vetó de plano y sin motivación el plan de trabajo” de su partido. A su parecer, ese movimiento impidió la incorporación de comparecencias y documentación que habrían sido “claves en la investigación”; asimismo, otra de sus consecuencias es la imposición unilateral de su propio plan, que “lesiona los derechos fundamentales de los diputados e impide el normal funcionamiento de la comisión”. “Denunciamos la vulneración de nuestro derecho fundamental como representantes de la ciudadanía a la participación política y a ejercer el control de la acción del Gobierno”, dijo Pontón en sesión plenaria.
La comisión se pudo celebrar debido al número de diputados con los que contaba el Bloque Nacionalista Galego, pero desde que echó a andar solo contó con trabas por parte de la formación conservadora. Así se lo hicieron saber los partidos de la oposición a ElPlural.com, que lamentaban que la derecha había bloqueado “todas las comparecencias”. “Solo dieron luz verde a Rueda y a algún conselleiro o conselleira porque coincidía con las suyas; y porque ya sería un escándalo mayúsculo que el presidente de la Xunta no quisiera comparecer en el Parlamento gallego”, emitía el BNG, que apuntalaba que aún y con eso, el responsable gallego "no dijo nada”.
Así las cosas, las quejas acerca de la transparencia iban también en la línea de la documentación aportada, una información totalmente “edulcorada” según el partido nacionalista. Hablaban de algún caso concreto, como la mencionada relación de contratos de Eulen -a la que tuvo acceso ElPlural.com-, y es que los ‘populares’ pusieron a disposición una cantidad aparentemente menor de la que realmente existía. “El número está totalmente manipulado y tergiversado (…) De 2019 mandaron, por ejemplo, una relación de 40 cuando había más de 300”.
El resultado de la comisión ha pasado por cerrar el capítulo lo antes posible. De hecho, ha sido “la primera vez que presentan un dictamen 24 horas después de concluir la comisión”. En detalle, el PP redactó un texto de 84 páginas que se saldó con dos jornadas de trabajo, algo totalmente inusual. Sea como fuere, los 'populares', después de 36 personas y cerca de 120 documentos, aprovechaban su “rodillo” en forma de mayoría absoluta para concluir que no había nada punible en los hechos presuntamente de favoritismo hacia la familia de Feijóo y, cuanto menos, susceptibles de polémica.
