El dictamen de la comisión de investigación impulsada por el Bloque Nacionalista Galego (BNG) ha concluido arrojando cero responsabilidad sobre los contratos concedidos a empresas del entorno de Alberto Núñez Feijóo, el sobrecoste del hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo y los acuerdos cerrados durante la pandemia del Covid.
Sin embargo, el documento, la que ha tenido acceso ElPlural.com deja las cosas como están. “Al final la conclusión es casi que se tiene que investigar a la oposición”, expresan desde el BNG en declaraciones a este medio.
El Partido Popular redactó un texto de 84 páginas que ha emitido -falta la votación, pero no se esperan sorpresas- con tan solo dos jornadas de trabajo, algo totalmente inusual según explican voces conocedoras de estos procesos. “Es la primera vez que presentan un dictamen 24 horas después de concluir la comisión (…) De hecho el PP tiene bloqueado el dictamen de las finiquitadas cajas de ahorro gallegas desde hace más de tres años. En fin, quieren liquidarlo todo cuanto antes”.
El BNG se centra en que el dictamen de la comisión viene a concluir que es “de lo más normal darle 1600 contratos a dedo a la empresa que dirige la hermana del presidente”, pero hay otros puntos en una línea que, parece evidente, favorece al PP y sobre los que la oposición también muestra su descontento.
Para empezar, el documento está redactado en solitario y en él se plasman las mismas ideas que que emiten los portavoces de la formación de Alfonso Rueda. El argumentario se aprecia claramente en las líneas que ha leído este periódico y contiene críticas a la izquierda o, directamente, afirmaciones idénticas de los políticos del PP que hablaron en la comisión.
Después de 36 personas y cerca de 120 documentos, el PP aprovecha su mayoría absoluta en el Parlamento gallego y concluye, grosso modo, que no hay nada punible en nada de lo que se pedía investigar. De hecho, quedan justificadas actuaciones como la ejecución de contratos menores.
Por partes, sobre el despilfarro del hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, valida que la gestión se hiciera público-privada. Respecto de los contratos de emergencia durante la pandemia y la acumulación de acuerdos con la firma de la hermana de Feijóo -Eulen- tampoco considera la comisión que haya “una sola tacha de legalidad”.
Documentación “tergiversada”: “El PP es un rodillo”
El procedimiento no ha estado exento de polémica. Fuentes del partido de Ana Pontón lamentan que el PP haya aprovechado “su rodillo” para bloquear la comparecencia de personas fundamentales en el devenir de la investigación como el líder nacional del PP o el compañero sentimental de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, a quien también salpica parte de la polémica por la contratación con la Xunta de Galicia.
“Han bloqueado todas las comparecencias que pedíamos tanto nosotros como el PSOE (…) Solo han dado luz verde a Rueda y algún conselleiro o conselleira porque coincidía con las suyas; y porque ya sería de un escándalo mayúsculo que el presidente de la Xunta no quisiera comparecer en el Parlamento gallego, aunque no dijo nada”, apostilla.
Y las quejas sobre la transparencia va también en la línea de la documentación que se ha puesto sobre la mesa; una información totalmente “edulcorada” según el partido nacionalista. Por poner un caso concreto, la relación de contratos de Eulen que los ‘populares’ pusieron a disposición parece ser menor a la cantidad que realmente existe: “Ha estado todo totalmente manipulado y tergiversado (…) De 2019 mandaron, por ejemplo, una relación de 40 y había más de 300”.
Sobre ello, las izquierdas lamentan que hubo documentación que llegó incluso apenas una hora antes de que empezaran las comparecencias, sin disponer de tiempo para revisarlas; que el calendario fue tan ajustado que por momentos hubo hasta seis personas ofreciendo su versión en unas mismas jornadas o debates importantes sobre el sobrecoste Álvaro Cunqueiro.
El PP busca cerrar con el texto mencionado una comisión de investigación que, por otro lado, intentó primero evitar y que después que se creó -gracias a que el BNG contaba con los diputados necesarios para poder impulsarla- controló para sacar adelante un plan de trabajo que excluyó Feijóo y a su entorno familiar a pesar de que fue el presidente de la Xunta durante la mayor parte del periodo analizado.
Los dos partidos de la oposición han denunciado que el grupo popular ha usado la comisión a su pleno beneficio, no solo por lo indicado en las líneas anteriores, sino con otras comparecencias de varios jefes médicos y de personal de hospital vigués que, por sus propias funciones, no podían poner luz y taquígrafos sobre los procedimientos de contratación de la administración gallega y se centraron en defender que se levante unas nuevas instalaciones sanitarias en Vigo.
Los ponentes del PP esgrimen en sus conclusiones que “el Consello de Contas nunca dijo que existiese sobrecoste”, sino que licitar la obra y los servicios por separado “daría resultados similares a un menor coste”. Además, inciden en que “la colaboración público-privada era la única opción viable en un contexto de crisis económica extrema y de incapacidad para recurrir a la deuda pública”.
La misma propuesta repasa también los informes que había solicitado el bipartido que dirigió la Xunta entre 2005 y 2009 a PriceWaterhouseCoopers y a Garrigues para levantar el centro. Si bien cita las observaciones de varios comparecientes, omite las de la ex conselleira de Sanidad en aquel momento, María José Rubio. En este sentido, el documento ‘final’ se remite a la intervención de la Conselleria de Facenda cuando llega Feijóo al Ejecutivo, Marta Fernández Currás. “No había ninguna documentación ni informe técnico ni económico”.
Cargada de críticas a la oposición
Para más inri, las conclusiones del documento están plagadas de críticas a la oposición. Así las cosas, los populares emiten que queda “en evidencia la diferente vara de medir del BNG, y también del PSdeG, respecto de los distintos procedimientos y modalidades de contratación”, ya que “la defienden cuando ejercen responsabilidades de Gobierno y la demonizan cuando desarrollan labores de oposición”.
Y añade un “cambio de criterio” por parte del BNG cuando “fue capaz de responder a la pregunta de si algún familiar o persona del entorno directo de Ana Pontón ha tenido contratos menores con alguna administración pública gobernada por el BNG”. Se trata de un “punto de inflexión” a juicio de la mesa, pero que en la práctica resultan insinuaciones que los ‘populares’ no han podido demostrar.
Recomienda mantener los contratos menores
El documento acaba con conclusiones igualmente chocantes respecto de los contratos menores, y es que básicamente la comisión anima a “seguir empleándolos” siempre que cumpla con la normativa vigente”.
