La comisión de investigación que debía arrojar luz sobre las contrataciones de la Xunta de Galicia gobernada por el PP tanto durante el período de Alberto Núñez Feijóo (2009-2022) como de Alfonso Rueda, gracias a la mayoría absoluta 'popular' poco a poco se va quedando en humo. La pantalla que han establecido desde el PPdeG para evitar la comparecencia de actual líder de la formación a nivel nacional es evidente, tal y como se han quejado en repetidas ocasiones las formaciones de la oposición.
Sin embargo, esto no significa que tanto los contratos de la hermana de Feijóo, a los que hoy mismo aludió el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la sesión de control en el Parlamento, como los de su cuñado o el sobrecoste del Hospital Álvaro Cunqueiro, dejen de abordarse en la comisión, a pesar de que es esa la clara intención de los 'populares' gallegos.
Precisamente, al margen de las denuncias por las maniobras del PP para desvirtuar este organismo, hoy mismo la ex ministra socialista y ahora diputada autonómica, Elena Espinosa, hizo en la comisión una contundente denuncia sobre el centro hospitalario vigués que vuelve a poner en entredicho la gestión llevada a cabo durante la presencia de Alberto Núñez Feijóo al frente de la Xunta, y esto al margen de los 470 millones de euros de sobrecoste generados. La parlamentaria del PSdeG habló de "un caso flagrante de conflicto de intereses" que, a su juicio, pone de manifiesto el "modus operandi del Partido Popular en la gestión de recursos públicos".
En su explicación, Espinosa apuntó al papel llevado a cabo por un ex conselleiro del PP. Se trata de Tomás Pérez Vidal, ex titular de la cartera de Agricultura, Ganadería y Montes (1991-1997) sustituyendo, curiosamente, en el cargo a Romay Beccaría, mentor de Feijóo, y que además, ocupó la presidencia del Parlamento de Galicia. Con posterioridad fue designado consejero del Consello de Contas también por el PP, pero ocultando en su hoja de servicios colgada en la web de la institución un dato no menor y es que había sido consejero en Puentes y Calzadas, empresa integrante de la unión temporal de empresas que, precisamente, resultó adjudicataria del controvertido hospital.
Esto mismo lo confirmó este miércoles el consejero mayor del Consello de Contas, Juan Carlos Aladro. Ante él Espinosa subrayó que la vinculación de Pérez Vidal con la citada empresa "probada mediante documentos del Registro Mercantil, se mantuvo hasta 2020". Ese año cesó como consejero de la compañía y pasó a ser del Consello de Contas, para centrarse en "asuntos relacionados con el Servizo Galego de Saúde, Sergas".
Se da la circunstancia de que Pérez Vidal cuando el Consello aprobó el informe sobre el Hospital Álvaro Cunqueiro, decidió no participar en la reunión "reconociendo implícitamente su conflicto de intereses", lo que para la diputada socialista es una "ocultación deliberada" de la información en su currículum sobre su participación en la citada empresa.
La documentación presentada por Espinosa "dejó al descubierto" las afirmaciones de algunos comparecientes, a quienes desmintió con datos, como el del currículum de Pérez Vidal.
Solo dos compañías
La diputada autonómica del PSdeG también insistió en que el informe del Consello de Contas revelaba un sobrecoste millonario fruto de ese modelo de gestión mixta, imitación del utilizado por Esperanza Aguirre en Madrid para construir varios hospitales. Esos 470 millones se sufragaron, finalmente, con dinero público. Según Elena Espinosa, esta decisión de optar por esa fórmula de colaboración público-privada se adoptó "sin realizar un estudio previo de viabilidad", lo que para los socialistas demuestra "la improvisación y falta de rigor con las que el Gobierno presidido por Alberto Núñez Feijóo, gestionó uno de los contratos más importantes de la sanidad pública gallega".
Para el PSdeG la falta de transparencia fue constante y "marcó todo el proceso de licitación". En él solo participaron dos compañías, de las que una fue excluida por no llegar a la "puntuación mínima", lo que garantizó que la UTE de Puentes y Calzadas, con Tomás Pérez Vidal como consejero "fuese la única adjudicataria".
Por su parte, el Bloque Nacionalista Galego, a través de su diputada Montserrat Prado, acusó al Ejecutivo del PP de hacer de "bombero financiero" de la concesionaria del hospital al facilitarle financiación a través de fondos ICO y del Banco Europeo de Inversiones. Y esto en lugar de acudir directamente por parte de la Xunta "a esas mismas fuentes financieras para construir el centro hospitalario" desde lo público y evitar así el controvertido sobrecoste.
Lo dijo hoy Prado en la comisión de investigación quien denunció que la empresa concesionaria no aportó la estabilidad financeira necesaria para afrontar el proyecto, algo considerado muy grave, siendo la propia Xunta de Galicia al que se vio obligada a acudir en su auxilio.
