Esperanza Aguirre presumió de sus ocho hospitales de gestión público-privada, y los usó como baza electoral. Ahora, la Fiscalía Anticorrupción investiga si hubo un sobrecoste de entre 1.200 y 1.600 millones de euros en estas operaciones, según denunció Podemos, que dejaron en manos de constructoras y fondos de inversión la edificación y parte de la gestión de los centros durante 30 años.
El Plan de Infraestructuras Sanitarias 2003-2007 incluyó ocho hospitales: Infanta Leonor, Infanta Sofía, Infanta Cristina, Hospital del Tajo, Hospital del Sureste, Hospital del Henares y Hospital Puerta de Hierro y el Infanta Elena, de Valdemoro, donde se ensayó la gestión privada en la administración y servicios sanitarios.
Lamela, de consejero a empresario de la sanidad
El entonces consejero de Sanidad, Manuel Lamela, que impulsó el plan, creó en 2010, ya fuera de la consejería, la empresa Madrid Medical Destination, S. L., dedicada a promocionar Madrid como destino del turismo sanitario, que presentó arropado por miembros del Gobierno de Aguirre.
En 2013, Lamela formaba parte del consejo de administración de Assignia Infraestructuras, empresa que gestiona todos los servicios privatizados del hospital del Tajo en Aranjuez, una concesión del Gobierno de Aguirre de 270 millones de euros, adjudicada en 2005 por el propio Lamela.
El hospital del Tajo en Aranjuez se adjudicó en un inicio a Constructora Hispánica, investigada en casos de corrupción, que más tarde vendió su gestión no médica al grupo Essentium. Este conglomerado ejerce el control mediante su compañía Assignia.
El hospital Infanta Leonor, en el barrio de Vallecas, fue adjudicado a la UTE formada por el grupo Begar, del empresario José Luis Ulibarri, imputado en el caso Gürtel, y Ploder Uicesa, ahora quebrada. Por su parte, el Infanta Sofía de Alcobendas está participado por Acciona y Cofely España.
El hospital del Sureste en Arganda cayó en manos de FCC, que lo explotó de manos de Globalvia hasta que en enero de este año vendió sus derechos a Aberdeen Infrastructures, una sociedad del fondo Lloyd's, que ya se había hecho con las participaciones de OHL en el hospital, por lo que se quedó con el 100% de la concesión.
Lloyd's compró también casi la mitad de las acciones que Sacyr poseía en el Infanta Cristina en Parla y el del Henares en Coslada por 90 millones de euros en marzo de 2014.
Las "oportunidades de negocio" de Güemes
El proyecto de Esperanza Aguirre para privatizar hospitales públicos fue a más y el sucesor de Lamela en la Consejería de Sanidad, Juan José Güemes, presentó, en septiembre de 2008 el Plan de Infraestructuras Sanitarias 2007-2011 a empresarios, en el Hotel Ritz, como “oportunidades de negocio”.
El entonces consejero buscaba socios inversores para la construcción de cuatro nuevos hospitales (Collado-Villalba, Torrejón, Móstoles y Carabanchel), esta vez, de gestión totalmente privada, incluidos los servicios sanitarios. Además, ofreció oportunidades para la reforma de los grandes hospitales públicos de Madrid: Gregorio Marañón, Ramón y Cajal, Móstoles, La Paz y 12 de Octubre.
Güemes terminó como consejero de la empresa Unilabs, beneficiaria de la privatización de los análisis clínicos de hospitales públicos, en 2009, de manos del propio consejero de Aguirre.
El modelo sanitario "entrañable"
Eran los tiempos en que el director general de Hospitales, Antonio Burgueño, el ideólogo de la privatización que había trabajado en empresas del sector, vendía las ventajas de la gestión privada de la sanidad: "El pago directo de 30,40, 50 euros del paciente al médico de cabecera redundaría en un modelo sanitario más entrañable (…) No podemos seguir ni con médicos ni empleados sanitarios funcionarios (…) Los hospitales no pueden seguir siendo propiedad del Estado”. Estas frases han sido dichas por Antonio Burgueño, director de Hospitales de la Comunidad de Madrid y artífice del llamado Plan de Medidas de Garantía de la Sostenibilidad del Sistema Sanitario Público", afirmó en un acto.
