La violencia de género y cómo combatirla desde las instituciones está siendo una de las tónicas que está ocupando la mayor parte de la precampaña electoral hacia el próximo 23 de julio, y motivo por el que los discursos al respecto, tanto de la derecha como de la izquierda, están abriendo el debate aún más, siendo el entonado por el de las voces feministas el que más crítico se están mostrando ante las posiciones del Partido Popular y Vox.
Mientras el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, defiende que “el feminismo trasciende lo ideológico” porque “toca derechos humanos”, persiste la guerra abierta de discrepancias y distancias entre el PP y Vox, todo ello bajo el paraguas de la constitución de los ayuntamientos en todo el país, en donde muchas se han pactado coaliciones entre ambas formaciones.
Fue el pasado lunes cuando, por parte del líder de los populares Alberto Núñez Feijóo, se avivó la polémica: "En Valencia el número uno y candidato a la presidencia de la Generalitat obtiene un 12% y nosotros les decimos que no podemos firmar nada con alguien que está condenado por violencia verbal. ¿Hace 20 años? Es verdad. ¿Es un catedrático de Derecho Constitucional? Es verdad. ¿Ha cumplido la sanción? Es verdad. Tuvo un divorcio duro y conllevó un abuso verbal hacia su exmujer”, argumentó desde los micrófonos de la Cadena Ser en referencia a Carlos Flores Juberías, condenado por violencia machista y violencia “psíquica habitual” y, tras ser apartado del Govern Valenciano, Vox le dio la cabeza de lista por la provincia para el Congreso de los Diputados. En la misma medida, Feijóo señaló que “la violencia machista es una obviedad y no debe llamar la atención que no esté en los textos”, añadió.
Debido a la inmediata reacción que sus palabras provocaron a nivel político como social, en mayor parte vertido en las redes sociales, las consecuencias se han traducido en críticas. Desde la Federación de Mujeres Jóvenes, en conversaciones con El Plural, consideran que tildar de “divorcio duro” una sentencia como la del candidato de extrema derecha es “blanquear la violencia de género y un error que perpetua el machismo al no considerar que los insultos, vejaciones e injurias hacia las mujeres”, lo que también da muestra de las muchas formas en la que se puede manifestar la violencia de género.
“Es fundamental hablar de violencia de género y no de violencia intrafamiliar, para seguir visibilizando todos y cada uno de los tipos de violencia de género que sufrimos las mujeres y que además están recogidos en la legislación española y en los convenios internacionales”, añaden.
Cabe sumar otras declaraciones controvertidas que nacen del nuevo mapa gubernamental de la Comunitat Valenciana. El ‘número dos’ de Vox, José María Llanos, señaló que “la violencia de género no existe”. Una postura que, posteriormente, secundó, el dirigente nacional de ultraderecha, Santiago Abascal: “El género es una concepción ideológica”, defendió en El Programa de Ana Rosa. En estos términos, Vox se sitúa bajo el paraguas de la “violencia intrafamiliar”, término que puede leerse en varios pactos de gobierno sellados tanto en ayuntamientos como en ejecutivos autonómicos en los que ambas marcas políticas van de la mano.
Eliminar concejalías de igualdad
Con el mismo telón de fondo destacan cuáles están siendo las primeras promesas materializadas a la realidad de estos pactos. Tanto a nivel provincial como municipal, en aquellas ciudades y localidades en las que gobiernan PP y Vox, ya se ha prometido bajo firma la eliminación de varias concejalías de Igualdad que, en su mayor parte, serán sustituidas por una de Familia o, por el contrario, todas sus competencias recaerán en otros departamentos de corte social.
Es así como destacan los ejemplos, en cuanto a capitales de provincia, de Toledo, Valladolid o Burgos, exceptuando el caso de Ciudad Real, donde el alcalde popular, en último momento, dio marcha atrás para no suprimir este departamento, pese al argumentario contrario que entonó Vox al respecto. A nivel municipal, también destacan los casos de Talavera de la Reina (Toledo), Elche y Orihuela (Alicante).
Desde la Federación de Mujeres Jóvenes, ante este fenómeno político, condenan que “lo que no se menciona, no existe”: “Esa es la intención de eliminar los recursos institucionales en materia de igualdad, que se deje de visibilizar la violencia de género”, motivo por el que instan a seguir impulsando más políticas públicas desde todos los ámbitos administrativos y gubernamentales, sin importar el tamaño de los mismos.
Las cifras de la lacra machista
Los datos no mienten. La violencia de género continúa dejando un escenario devastador en nuestro país: desde el año 2003, 1.206 mujeres han fallecido siendo víctimas de esta lacra machista. Los datos son aún más acuciantes incluso retrotrayéndose apenas seis meses atrás en el tiempo. El 2022, especialmente en el mes de diciembre, fue un año negro: 49 mujeres fueron asesinadas a manos de sus parejas o exparejas, once de ellas en los últimos 30 días. De ellas, tan solo 18 presentaron una denuncia previa contra su agresor, es decir, cerca del 40%.
En lo que concierne al 2023, la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, el pasado mes de mayo, detalló que este año han sido asesinadas 22 mujeres por violencia machista, lo que derivó en la convocatoria de un Comité de Crisis en el seno de Igualdad para abordar este incremento de crímenes. La última de ellas fue una mujer de 39 años de la provincia de Barcelona y tenía una hija menor de edad.
