Las amenazas se han cumplido, aunque tres meses después. El Partido Popular ha registrado su recurso contra la Ley de Amnistía ante el Tribunal Constitucional por considerar que esta norma vulnera la igualdad, es arbitraria e incluso suplanta al Tribunal Supremo. Así lo ha anunciado este jueves la secretaria general y portavoz de los populares, Cuca Gamarra, en un vídeo grabado para los medios desde la sede nacional de Génova, en el que asegura que la norma "otorga inmunidad a una casta política" para beneficio de Pedro Sánchez.
Recurso del PP a la Amnistía
Gamarra considera que presentar este recurso era "no solo necesario" sino una “obligación moral” del PP porque ya es "el único partido de Estado que queda en el arco parlamentario de nuestro país". Al mismo tiempo ha recordado que desde su formación siempre se ha defendido que la amnistía era inconstitucional e inmoral porque su única premisa era “otorgar inmunidad a una casta política para que Sánchez fuera presidente del Gobierno de España".
Según ha destacado, esta es la respuesta del PP al mandato de los españoles que se han opuesto en las urnas -por las pasadas elecciones generales- a una ley "inmoral" y "arbitraria" que pretende mantener el Gobierno y a su presidente "a cambio de impunidad". Ha insistido en que no "tiene cabida" en la Carta Magna y es "contraria" a los principios básicos del Estado de derecho. Pero Gamarra también también ha defendido que se trata de la contestación del dirigente del PP, Alberto Núñez Feijóo, "liderando la defensa de la igualdad de todos los ciudadanos ante la Ley".
El próximo miércoles, 11 de septiembre, es la fecha máxima para poder recurrir la polémica norma ante el Constitucional, por lo que los populares han acelerado el paso en el inicio del curso político, en plenos preparativos de la cumbre de barones que tiene previsto celebrar este viernes. El presidente popular ya advirtió de que agotaría los plazos para "estudiar muy bien esta ley", una norma que ha calificado de "chapuza legal" y sobre la que ha dicho muchas veces que es "inconstitucional".
Y es que este movimiento jurídico y político ya estaba anunciado y casi dado por hecho por parte de los populares desde antes de la votación de la ley en el Congreso el pasado mes de mayo. Eso sí, Feijóo no las tiene todas consigo, a la vista de que solo hay cuatro magistrados conservadores frente a los siete progresista del total de 11 que componen actualmente el órgano judicial. El líder del PP lo sabe, y de hecho ya ha asegurado que aceptará el fallo sea cual sea porque "el Estado de derecho consiste en aceptar las resoluciones judiciales".
Por el momento no se conoce el detalle del contenido del recurso pero, a la luz de las manifestaciones públicas de los dirigentes populares, se pueden señalar tres pilares fundamentales o "tres instrumentos" en la argumentación de Génova contra la ley, "políticos, sociales y jurídicos". Estos son el supuesto ataque al derecho a la igualdad plasmado en el artículo 14 de la Constitución, la arbitrariedad en la norma contenida en el artículo 9.3. y la vulneración del principio de exclusividad jurisdiccional que señala el artículo 117.
En la apertura del año judicial
Este anuncio se produce en el marco de la apertura del año judicial. De hecho, el PP lo ha difundido a escasos minutos de que el rey Felipe VI abra a partir de las 12.00 horas de este jueves 5 de septiembre el año judicial 2024-2025 en el Salón de Plenos del Supremo. Será el primero con un Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) renovado tras pasar más de cinco años y medio con el mandato caducado por la falta de acuerdo entre el PSOE y el PP, que se negaba a actualizarlo.
También las Comunidades Autónomas gobernadas por los populares tienen previsto recurrir la Ley, y ya se ha apuntado a la posibilidad de registrarlo el 10 de septiembre. Además, Génova buscará apartar de la deliberación a tres de los doce magistrados del Constitucional, como son su presidente, Cándido Conde-Pumpido, y los dos miembros que procedían del Gobierno de Pedro Sánchez, el exministro de Justicia Juan Carlos Campo y la exdirectora general de Moncloa Laura Díez. A todos ellos les consideran "contaminados" por sus anteriores responsabilidades políticas.
