La polémica surgida a raíz de la medida antiabortista anunciada por el Gobierno de Castilla y León de mano de la ultraderecha ha vuelto a reabrir el debate -que parecía ya cerrado- en torno al aborto. Aunque el Partido Popular de Alfonso García Mañueco ya ha salido al paso de las críticas rechazando la propuesta del ultraderechista Juan García-Gallardo, socio de Gobierno en la Junta, este portazo a las iniciativas "pro vida" planteadas por Vox en la región no ha servido para zanjar la controversia sobre un derecho que continúa abriendo brechas en la derecha de nuestro país. A este respecto, Génova da un paso hacia delante ahora y promete acometer una reforma si llega a La Moncloa para liderar la batalla cultural y social. Eso sí, desde la moderación.
El aborto, una brecha en el PP
La llegada de Alberto Núñez Feijóo a la cabeza del PP hace casi un año implicó no solo un cambio estético y de imagen sino también de postura con respecto a la interrupción del embarazo. Mientras Pablo Casado defendió en múltiples ocasiones durante su papel al frente del partido la necesidad de derogar la ley en beneficio de una norma "de maternidad", el actual presidente del PP nacional ya sentó como base de su posición el "respeto por todo tipo de familias". Una postura que pasa por el mantenimiento de la normativa -que está avalada por el Tribunal Constitucional y que ha supuesto un avance en los derechos de las mujeres- contra un ala de la formación que le exige dar la batalla tanto a la izquierda como al resto de los partidos de la bancada de la derecha.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, es una de las que más controversia ha generado a este respecto. Y es que la lideresa ha sido una nota suelta de los populares, también en el aborto, que ha pasado de demonizar a casi defender la interrupción del embarazo en una muestra más de la discrepancia interna en la formación. La dirigente madrileña criticó hace más de un año que se quisiera hacer del aborto un "método anticonceptivo" y que la izquierda lo venda como "una fiesta o celebración" mientras hace meses defendió la libertad de cada mujer. "Si una joven de 16 o 17 años quiere abortar, yo creo que tiene que abortar, desde luego. Una vez que una mujer tiene claro que no quiere salir adelante con ello, y lo tiene claro, creo que no puedes obligar a nadie a llevar una vida contraria a la que desea", aseguró.
Una chica puede hacerse un legrado con 16 años sin que sus padres lo sepan, pero no comprar una cajetilla de Marlboro
Ahora, tras el estallido de la polémica en Castilla y Léon, que pretendía obligar a las mujeres a realizarse una ecografía 4D para ver la cara y escuchar el latido del feto antes de poder tomar la decisión de abortar o no bajo una medida anunciada como "pro vida", el Partido Popular está dispuesto a recuperar el debate sobre la ley del aborto. Eso sí, desde la moderación de la que hace bandera el propio Feijóo. "No estamos de acuerdo en que en este país una chica pueda hacerse un legrado con 16 años en el recreo que hay entre matemáticas y ciencias sociales en 4° de la ESO y sin que sus padres lo sepan, pero no comprar una cajetilla de Marlboro", afirman fuentes de Génova en conversaciones con este periódico.
De esta forma se han manifestado personas cercanas al presidente popular sobre si se plantean alguna modificación de la normativa en el caso de que Feijóo llegue a La Moncloa tras las elecciones del próximo mes de diciembre, ante lo que los populares confirman que "sí". Sin embargo, evitan hablar de derogación total de la norma, como ya marcó el presidente nacional a su llegada, y aseguran que creen necesario "mejorarla". No confirman, sin embargo, por qué modificaciones pasaría esa mejora aunque todo parece indicar que se trata de unos puntos muy concretos: la autorización de los padres, la edad legal y los tiempos.
El tiempos, la gran crítica
Según las propias palabras trasladadas por Génova a ElPlural.com este lunes, uno de los escollos con los que no están de acuerdo los populares es la posibilidad de que las menores de 16 años puedan interrumpir el embarazo sin necesidad de contar con una autorización ni conocimiento de sus padres para ello. Un asunto que comparan con la edad legal requerida para fumar o, más bien, para poder adquirir tabaco en los establecimientos. Con todo, no dirimen si esta crítica pasa únicamente por establecer la obligatoriedad de contar con un consentimiento paternal o también por elevar la edad mínima para poder abortar.
En cuanto a los tiempos, cabe destacar que el PP cuenta con un recurso ante el Tribunal Constitucional de la actual ley de plazos del aborto desde el año 2010, un asunto que, tras más de 13 años, continúa en ese procedimiento sin visos de resolverse. Entre las cuestiones, la formación que dirige ahora Feijóo se opone a que la malformación fetal sea un motivo de peso para permitir a una mujer abortar, una máxima que está contemplada desde 1985 con la entrada en vigor de la primera ley que despenalizó la interrupción del embarazo. El PP, además, recurre este punto con términos tan duros como la equiparación con el exterminio y esterilización defendida por el nazismo.
Enmienda en el Senado
A pesar de su falta de confirmación dialéctica, sí han desvelado las líneas de actuación por las que apuestan a través de una llamativa acción en las instituciones. Horas después de la comparecencia de Mañueco, en la que ha rechazado la modificación planteada por Vox, y la rueda de prensa de Borja Sémper, portavoz de campaña del PP, confirmando esta posición, los populares han registrado en la Cámara alta una enmienda de veto a la ley del aborto -concretamente a la modificación aprobada por el Gobierno de Sánchez y el ministerio de Igualdad- así como más de 180 enmiendas al articulado.
Según el texto, con ella pretenden restringir el acceso a esta práctica a menores de 17 años, recuperar el periodo de reflexión de tres días para las mujeres que acudan a abortar y la eliminación del registro de profesionales objetores que se recoge en la nueva norma, que fue aprobada hace meses en el Congreso y ahora se encuentra en proceso de tramitación en el Senado. Asimismo, pretenden suprimir las bajas por menstruación incapacitante así como aquellos artículos que tienen que ver con la investigación sobre la salud menstrual o el reparto de productos de higiene femenina y anticonceptivos gratuitos en centros públicos, entre otras cuestiones.
En este sentido, parece complicado que vayan a salir adelante estas reclamaciones ya que todo se inclina a que la Cámara alta va a tumbar las enmiendas del PP. Cabe destacar que con esta decisión, los populares siguen la estela de la ultraderecha ya que Vox ya tiene presentado un veto a la normativa a la espera de su votación.
