El PP registraba el pasado 27 de diciembre en el Senado una enmienda de veto a la ley del aborto, que se está tramitando en la Cámara alta, así como 76 enmiendas al articulado con las que pretenden, entre otras medidas, eliminar el acceso a esta práctica a menores de 16 y 17 años, recuperar el periodo de reflexión de tres días para las mujeres que acudan a abortar y la eliminación del registro de profesionales objetores que se plantea en la norma del Gobierno.
El Senado debatirá las enmiendas - las mismas que el PP presentó en el Congreso- en su primer examen en la Comisión de Igualdad de esta cámara, el próximo 2 de febrero, según han informado a Europa press fuentes parlamentarias. Sin embargo, en este periodo aún se podrán presentar enmiendas transaccionadas (acordadas por varios grupos) para su votación en el órgano.
La Comisión deberá votar dos enmiendas de veto al texto presentadas por Vox y por el PP, para que esta norma sea retirada de la agenda parlamentaria.
Pero como, previsiblemente, estos vetos no van a ser aceptados por la mayoría del Senado, los 'populares' han registrado también 186 enmiendas para modificar el articulado o eliminar aquellos puntos que no comparte, como son la recuperación del derecho al aborto para las menores de 16 y 17 años, sin permiso paterno; el regreso del periodo de los tres días de reflexión para la mujer que decida abortar o que la información que se le dé sobre este proceso se produzca con anterioridad de forma verbal y también escrita, en el conocido como 'sobre'.
Entre los artículos de el principal partido de la oposición quiere eliminar, están los relacionados con el registro de profesionales sanitarios objetores que propone la norma y cuya creación sigue el mismo patrón que el registro aprobado para la Ley de Eutanasia aprobada también por este Gobierno.
Eliminar las bajas por menstruación incapacitante
También quiere eliminar las bajas por menstruación incapacitante, que considera perjudiciales para la mujer en términos laborales; así como los artículos que tienen que ver con la investigación sobre la salud menstrual o el reparto de productos de higiene femenina o anticonceptivos gratuitos en centros públicos.
También rechazan que se excluyan de las ayudas a las organizaciones a aquellas que son "contrarias al derecho recogido en la presente ley de interrupción voluntaria del embarazo" y piden la supresión de esta mención en el texto.
Del mismo modo, propone excluir artículos relacionados con la formación de profesionales y actores que participan en esta práctica; aquellos que tienen que ver con la educación afectivo sexual en las escuelas; o modificar la formación del Comité Clínico que crea esta norma, entre otras.
El próximo debate de este texto se va a producir tras las medidas sobre el aborto anunciadas por Castilla y León, en las que proponen atención psicológica para la embarazada, que esta escuche el latido o vea ecografías 4D. Sin embargo, ninguno de los dos partidos en el Ejecutivo de esta comunidad, PP y Vox, han presentado enmiendas en este sentido.
Este mismo lunes, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha negado que se vayan a introducir cambios en el protocolo de atención a mujeres embarazadas, al tiempo que ha aclarado que no se obligará "a nada" a médicos o pacientes, ya que serán éstas las que decidirán "libremente" si precisan más información.
El principal partido en el Gobierno, el PSOE, no ha registrado enmiendas a esta norma. Mientras, entre el resto de grupos hay propuestas que siguen la línea de las que ya habían presentado en el Congreso, especialmente en lo que tiene que ver con el reconocimiento en la ley de la violencia obstétrica para referirse a las malas praxis contra las mujeres en el embarazo y el parto. Además, hay otras enmiendas relacionadas con las competencias autonómicas en esta materia.
