Uno de los principales casos de corrupción conocidos en el último lustro en España afronta este martes la que puede ser su más relevante sesión en los tribunales. José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama comparecen ante el juez por su papel como los tres agentes principales del 'caso Mascarillas', trama que habría movilizado hasta 60 millones de euros en contratos públicos y por los cuales este trío, además de otros miembros de la red, podría haberse beneficiado de un total de 10 millones en mordidas.
En plena tragedia sanitaria, cuando la pandemia de la COVID-19 asolaba el mundo y tenía gran incidencia en España, Ábalos, Koldo y Aldama, tal y como se juzga, habrían tejido una red de contratos públicos por la cual recibieron, aparentemente, sendas comisiones ilegales. La trama se conformó en torno a la adquisición de material sanitario en el 2020, aprovechando para ello la excepción que otorgaban los contratos de emergencia ante la situación que se vivía y los cuales no requerían de ser sacados a concurso público. Así, en los juzgados se investigan las adjudicaciones millonarias que habrían recibido determinadas empresas, como Soluciones de Gestión, y las mordidas a las que habrían accedido intermediarios y cargos públicos.
De las primeras sospechas a la investigación de la UCO y el posterior juicio
La trama surgió, como se mencionaba en el 2020, cuando se otorgaron esta serie de contratos que quedaron bajo sospecha. Entre el 2022 y el 2024 el 'caso Mascarillas' comenzó a adquirir mayor notoriedad, al producirse la actuación de la UCO que llevó a cabo una serie de registro e informes que propiciaron que esta trama saliera a la luz y que Ábalos dejara la primera línea política. Durante el 2025 la causa fue avanzando en los tribunales, tal es así que tanto el que fuera ministro de Transportes como Koldo García fueron enviados a prisión provisional al hallar el juez riesgos de fuga y de destrucción de prueba, así como subrayar el grado de implicación directa en la gestión pública.
La apertura del juicio oral tuvo lugar a final del pasado año, concretamente en el mes de diciembre, y apuntando el juez del Tribunal Supremo que los implicados podrían haber cometido delitos de organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, malversación de fondos públicos, prevaricación, falsedad documental y uso de información privilegiada. En relación a los tres principales agentes de esta presunta trama de corrupción, la Fiscalía pide 24 años de cárcel para Ábalos, 19 para Koldo y 7 para Aldama.
Casi 80 testigos y tres claves principales
Este mes de abril comenzaba el juicio, concretamente el día 7, habiendo marcado un total de 13 sesiones y citando a casi 80 testigos a declarar. El proceso se encuentra ya en su fase final en los tribunales y con las declaraciones de Ábalos, Koldo y Aldama roza ya su conclusión pasando a quedar a la espera del dictamen del juez. En definitiva, se está buscando esclarecer qué papel jugó cada cual en este triángulo que conformaron y su grado de implicación en la trama.
A lo largo de las últimas semanas en las que se vienen dando las declaraciones de los testigos, se vienen exponiendo tres ideas principales: la primera sitúa a Koldo como ejecutor y posible “transmisor” de órdenes dentro del ministerio, la segunda apunta a Aldama como intermediario que disponía de acceso privilegiado a la administración y la tercera que presenta a Ábalos como vértice político bajo sospecha de beneficiarse o permitir la operativa.
El circuito económico, las empresas implicadas y el entorno de los acusados
Las preguntas que se han ido realizando a los principales testigos han buscado perfilar con mayor detalle el funcionamiento de la presunta trama. Así, sus testimonio han ido dibujando una red en la que confluían intereses empresariales, contactos políticos y un entorno personal que, según las acusaciones, se habría beneficiado indirectamente de la operativa.
En el caso de Carmen Pano, su declaración ante el tribunal apuntó a la existencia de pagos en efectivo vinculados a la operativa empresarial. Según expuso en sede judicial, parte de las transacciones relacionadas con adjudicaciones públicas no habrían seguido los cauces bancarios habituales. Su testimonio fue utilizado por las acusaciones para reforzar la tesis de que existían flujos de dinero opacos asociados a los contratos de emergencia durante la pandemia.
Por su parte, Claudio Rivas, socio de Víctor de Aldama, describió ante el tribunal la estructura empresarial que rodeaba al intermediario. En su comparecencia explicó el funcionamiento de varias sociedades vinculadas a la operativa investigada y detalló cómo, según su versión, Aldama actuaba como nexo entre empresas interesadas en contratos públicos y contactos dentro de la Administración. También reconoció la existencia de relaciones empresariales complejas, aunque matizó su grado de conocimiento sobre posibles irregularidades.
En el ámbito institucional, el testimonio de Juan Ignacio Díaz Bidart, exjefe de gabinete de la exministra Reyes Maroto, fue relevante para situar a Aldama en el entorno ministerial. En su declaración aseguró que el empresario tenía capacidad de acceso a altos cargos y participaba en reuniones sin cargo oficial, lo que fue interpretado por la acusación como un indicio de posible tráfico de influencias. No obstante, también precisó que desconocía si dichos contactos tenían contraprestaciones irregulares.
En la misma línea, Javier Hidalgo, ex CEO de Globalia, reconoció en su comparecencia que mantuvo contacto directo con Aldama en el marco de las gestiones relacionadas con el rescate de Air Europa. Ante el tribunal describió al empresario como una figura que actuaba de intermediario recurrente en conversaciones empresariales, aunque negó que existieran pagos ilícitos o contraprestaciones irregulares en dichas gestiones.
Finalmente, el juicio ha analizado también el entorno personal del exministro José Luis Ábalos, especialmente a través de la declaración de su expareja, Jésica Rodríguez. En su comparecencia ante el tribunal, confirmó su relación sentimental con el exministro durante el periodo investigado y explicó que participó en algunos desplazamientos vinculados a la agenda institucional, siempre en el marco de viajes organizados o coordinados por el entorno de Koldo García. Su testimonio se ha utilizado para situar la existencia de una relación de proximidad entre el ámbito privado del exministro y la operativa logística del asesor, aunque sin atribuirle funciones de gestión ni participación en decisiones administrativas o económicas.
En la misma línea, la expareja de Koldo García, Patricia Uriz, también declaró ante el tribunal. En su intervención aportó detalles sobre el funcionamiento cotidiano del entorno del exasesor durante los meses de pandemia, describiendo un contexto de intensa actividad, llamadas constantes y desplazamientos relacionados con la gestión de material sanitario. Su testimonio se ha centrado en el plano personal y logístico, sin reconocer participación directa en la adjudicación de contratos, aunque ha sido incorporado a la causa como parte del análisis del entorno operativo de Koldo en los momentos clave de la presunta trama.
Por otro lado, el hijo de José Luis Ábalos también ha declarado en sede judicial para desvincularse por completo de la causa. En su intervención negó haber gestionado dinero, sociedades o bienes relacionados con la investigación y rechazó cualquier papel como intermediario o testaferro. Su declaración se ha centrado en subrayar que no mantenía relación con las operaciones investigadas ni con los contratos bajo sospecha, intentando así cerrar cualquier línea de conexión patrimonial con el exministro.
