Ha sido una legislatura aciaga para el Partido Popular en términos legislativos. El Gobierno de coalición ha aprobado en torno al 70% de sus compromisos de investidura, y del resto, un tercio se encuentran bien en tramitación en Congreso o Senado, o bien en el estadio final de las negociaciones previas a su aprobación en Consejo de Ministros. La reforma laboral, subida del Salario Mínimo, Memoria Histórica, Eutanasia, reforma de sedición, malversación, ley del solo sí es sí, trans… El Ejecutivo ha sido tremendamente productivo y el presidente, Pedro Sánchez, ha logrado articular una mayoría parlamentaria mucho más amplia y engrasada que la que le llevó a Moncloa. Su corpulencia en el Congreso no se veía desde tiempos de José Luis Rodríguez Zapatero, lo que sitúa a su Gobierno como uno de los más sólidos, estables y fecundos de toda la eurozona. El PP poco ha podido hacer. Su rechazo a todo no ha sido rival para el rodillo del bloque de investidura. Tal es su frustración que su líder, Alberto Núñez Feijóo, ha denunciado que las minorías parlamentarias (Esquerra, Bildu, Más País y compañía) legislan sobre las mayorías (ellos); olvidándose de que el sistema español se basa en el parlamentarismo. Ante esto, buscan cobijo denunciando no solo lo aprobado, sino el proceso.
Fuentes del PP dicen estar profundamente “preocupados” por el “deterioro de la calidad legislativa”. A su juicio, el cómo está aprobado las leyes el Gobierno socava el debate sereno y viola los derechos de los diputados. Consideran un atropello que leyes como la reforma del delito de sedición sean tramitadas como proposición de ley en lugar de como proyecto de ley. Solo el Gobierno puede presentar proyectos de ley y conllevan informes previos de órganos consultivos; mientras que la proposición de ley es una herramienta a disposición de todos los grupos parlamentarios. En este sentido, al Partido Popular no le agrada que Moncloa recurra a sus grupos parlamentarios, Socialista y Unidas Podemos, para presentar propuestas que nacen del Gobierno como proposiciones de ley; máxime cuando se tramitan de urgencia para acortar plazos. Hasta en nueve ocasiones han utilizado esta maniobra, a destacar la transposición de directivas europeas que reformaba el delito de sedición y malversación, varias reformas del Código Penal, aborto, eutanasia o la creación de los impuestos a banca y energéticas.
El PP considera un atropello que leyes como la reforma del delito de sedición sean tramitadas como proposición de ley en lugar de como proyecto de ley
Desde el PP lamentan que las proposiciones de ley disponen de menos garantías parlamentarias. Preguntados si con tamaña afirmación no estarían aceptando que sus propuestas, que al ser oposición son proposiciones de ley, gozan de menor calidad que los proyectos de ley salidos del Consejo de Ministros, admiten que Moncloa atesora más herramientas y se escudan en que “nosotros no podemos hacerlo de otra manera y, además, las proposiciones de ley no pasan de la toma en consideración” por falta de respaldo en el Congreso.
También denuncian que los grupos parlamentarios de PSOE y Unidas Podemos acostumbran a pisar el acelerar, tramitando los articulados de urgencia, lo que acorta plazos y “dificulta el debate sereno”. Con todo, se han dado casos en los que “votamos sin los informes” y “nuestras solicitudes para tramitar de forma ordinaria, no urgente” decaen porque “la ley ya se ha aprobado y no ha lugar”.
Enmiendas que mutan en leyes y filibusterismo
La dirección del Grupo Popular considera que estas prácticas se han intensificado en los meses de noviembre y diciembre. “Queda poco para que acabe la legislatura y tienen prisa”, valoran. El ejemplo perfecto es el totum revolutum con el que Moncloa derogó sedición. PSOE y Unidas Podemos presentaron una Proposición de ley orgánica de transposición de directivas europeas y otras disposiciones para la adaptación de la legislación penal al ordenamiento de la Unión Europea, y la reforma de los delitos contra la integridad moral, desórdenes públicos y contrabando de armas de doble uso; un paraguas con el que acometerían una profunda reforma del Código Penal que impactará no solo en el delito de sedición, sino en otros tipos como el contrabando de armas de doble uso, la lucha contra el fraude o el blanqueo, la ocultación de cadáver, las criptomonedas y la creación del delito de enriquecimiento ilícito. Y no solo eso, sino que gracias a un gazpacho de enmiendas a la proposición de ley, se modificó el delito de sedición, se intento forzar la renovación del Tribunal Constitucional y clarificar la ley del solo sí es sí. “Usan la enmienda, que debe estar conectada a la ley que se pretende modificar, para crear nuevas leyes”, percuten.
"Usan la enmienda, que debe estar conectada a la ley que se pretende modificar, para crear nuevas leyes"
Ocurrió igual con la creación del impuesto a las grandes fortunas, denominado de Solidad. PSOE y Unidas Podemos registraron una proposición de ley en el Congreso para crear dos nuevas figuras tributarias dirigidas a las entidades financieras y a las grandes eléctricas. Durante el proceso de enmiendas, se lanzaron a gravar también a los grandes patrimonios. “Han creado un impuesto vía enmienda”, denuncian desde el PP, insistiendo en que puede acarrear graves perjuicios porque, en caso de declararse inconstitucional, “tendrían que devolver todo lo recaudado”.
El número de Reales Decretos Ley también ha sido objeto de crítica. Desde que Sánchez aterrizara en Moncloa, lleva 135; 93 de los cuales han sido aprobados en Consejo de Ministros en la actual legislatura. En su primera, tras la moción de censura, fueron 35; y en la que estuvo en funciones y se repitieron elecciones, siete. Según si criterio, es una figura urgente que debe estar motivada y razonada, pues "no puede ser que se apruebe un real decreto con medidas que no se aplicarán hasta julio o septiembre". El PP entiende que 135 es un número muy elevado y ha forzado que algunos de ellos se tramitaran como proyecto de ley, como el relativo a los fondos europeos. No obstante, he aquí otra de sus artimañas: el filibusterismo parlamentario. La Mesa del Congreso, donde PSOE y Unidas Podemos tienen mayoría y la utilizan para dilatar sine die algunos articulados. En el caso concreto de los fondos europeos, suman ya 77 ampliaciones y el PP teme que decaiga por no llegar al BOE antes de la disolución de las Cortes Generales.
La secretaria general del PP y portavoz parlamentaria en el Congreso, Cuca Gamarra, está dispuesta a tomar cuantas acciones estime oportunas para frenar lo que ha calificado como “colonización del Congreso”. Recursos al Tribunal Constitucional, quejas a la Mesa o campañas informativas “para que se sepa”.
Por último, la dirección del Grupo Popular también ha manifestado su malestar por la pila de comparecencias que han solicitado y no han sido atendidas. Según sus datos, la cifra asciende a 927; de las cuales 591 son para ministros y 346 para autoridades, funciones y otras figuras. La más antigua data de octubre del 2020, cuando el PP solicitó la comparecencia en comisión de Nadia Calviño con un asunto relacionado con Marca España. Y no solo lamentan sus no comparecencias, sino también sus “frecuentes ausencias”: “Hemos tenido sesiones de control con siete u ocho ministros que han faltado sin motivo de agenda”. “Desprecian el Congreso”, zanjan.
