Casi un mes después de que la DANA sacudiera de forma devastadora la provincia de Valencia, el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha anunciado en la mañana de este martes la puesta en marcha de un plan de reconstrucción. Lo hace de forma paralela a la reestructuración del ejecutivo valenciano, y también cuando el pueblo ya se ha cansado de solicitar unas medidas que, a juicio de la mayoría, se deberían haber llevado a cabo en el mismo momento que la DANA arrasó Valencia.
Este martes el Palau de la Generalitat ha sido testigo de la toma de posesión del nuevo Consell de la legislatura presidida por Mazón. El presidente valenciano ha presentado así a los nuevos consellers, que trabajarán en la recuperación y reconstrucción de los pueblos azotados por la DANA. Concretamente, son cuatro las caras nuevas: Francisco José Gan Pampols, nuevo vicepresidente segundo y conseller para la Recuperación Económica y Social; Nuria Martínez, nueva consellera de Justicia y Administración Pública; Juan Carlos Valderrama, nuevo responsable de Emergencias e Interior; y Marián Cano, nueva titular de Innovación, Industria y Comercio. Al margen de estos cuatro, Ruth Merino, titular de Hacienda y Economía; y Susana Camarero, vicepresidenta primera, portavoz y secretaria del Consell, únicamente han visto reestructurados sus departamentos.
Tras hacerse públicos los nombramientos, Mazón lo ha tildado como “el Consell de la recuperación” haciendo referencia a las principales líneas de acción que se van a seguir a partir de ahora en el ejecutivo valenciano. Pese al intento de reflejar compromiso y proactividad, lo cierto es que el anuncio del plan de reconstrucción se produce un mes después de que la DANA haya dejado 222 muertos en la provincia de Valencia y el pueblo haya pedido encarecidamente y en repetidas ocasiones una ayuda del gobierno valenciano que no solo no ha estado presente sino que se ha desviado hacia otras cuestiones.
Mazón le ha encomendado hoy al teniente general en su toma de posesión un plan de reconstrucción, es decir, un mes después de la tragedia no hay un plan de reconstrucción. #ayuda
— Raquel Ejerique (@raquelejerique) November 26, 2024
Los contratos a empresas de la Gürtel
En este sentido, previo a este plan anunciado con el nuevo Consell, durante el último mes se ha conocido que Mazón concedió 34 millones de euros a empresas vinculadas a la trama Gürtel y otros casos de corrupción del Partido Popular para trabajos de reparación. En materia de obras, el secretario autonómico de Infraestructuras y Transportes, Javier Sendra Mengual, ha adjudicado contratos de emergencias en una docena de infraestructuras, concretamente, a depuradoras y colectores de daños que no se han podido reparar por las empresas que ya tenían adjudicados los respectivos contratos.
En líneas similares, a la empresa Becsa SA se le ha adjudicado un contrato de 2,3 millones de euros para la reparación de la presa de Buseo en Sot de Chera y para obras en infraestructuras de saneamiento de aguas de EPSAR en Vilamarxant. Esta entidad tiene como accionista a Gabriel Alberto Batalla Reigada, condenado en 2018 por delito electoral y falsedad documental, y, entre otras cosas, abonó gastos de seguridad privada para Carlos Fabra después de retirarse de sus cargos institucionales. Además, Lubasa, la antigua marca de la empresa, aportó 200.000 euros en la caja B del PP valenciano para la campaña electoral de Barberá en los comicios municipales de 2007.
Por su parte, la Sociedad de Agricultores de la Vega (SAV), que abonó 300.000 euros a la Caja B de Rita Barberá entre 2006 y 2007, también ha recibido contratos que superan los 9,5 millones de euros para obras en Pinedo y en infraestructuras de EPSAR en Algemesí, Albalat, l’Alcudia y Carlet.
Otra de las empresas adjudicataria es CHM Obras e Infraestructuras. Por trabajos de obras en Utiel, ha recibido contratos de 2,8 millones de euros. El presidente de la empresa fue condenado en el espacio de la Gürtel; en su caso a un año y nueve meses de prisión por dos delitos electorales que tienen que ver con los comicios de 2007 y uno tercero de falsedad documental. Se trata de una empresa familiar en la que su hermano, José Martínez Berna, consejero de la mercantil, también fue condenado a la misma pena.
Poco después de conocerse esta adjudicación, una nueva de 4,2 millones de euros se confirmaba a la misma compañía. En este caso por parte de la empresa pública Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) para obras de reparación en el tramo que atraviesa el barranco del Poyo.
A las firmas señaladas hay que añadir otras como la del empresario Enrique Gimeno, Facsa. En su caso ha obtenido 1,5 millones de euros para obras en las instalaciones de EPSAR en Benicarló. Su actual dirigente aceptó la pena de un año y nueve meses de prisión por tres delitos electorales y uno de falsedad documental después de reconocer la financiación en B del PP valenciano en la misma campaña electoral que las anteriores.
El plan de reconstrucción
Pese a ello, y a las constantes peticiones del pueblo que han exigido la dimisión del presidente valenciano, en la mañana de este martes, con el nuevo Consell al frente, Mazón ha señalado que quiere “despertar la confianza en la ciudadanía” y ha apelado a algo que hasta ahora ha brillado por su ausencia en la gestión de la DANA: la coordinación y prevención.
Al margen de ello, ha señalado que van a trabajar “en un contexto de rabia y dolor que todos asumimos, por amargo que sea” Y ha proseguido: “No ignoramos ese sufrimiento, ni siquiera la indignación que pueda acompañarlo en determinados momentos y que cualquiera puede comprender. Nuestra responsabilidad es mirar de cara a esa realidad a la que vamos a dar respuesta. Vamos a poner los medios humanos y técnicos hasta el límite posible porque es nuestra obligación”.
Además de recibir a los nuevas caras del ejecutivo, ha agradecido el trabajo a las dos conselleras salientes: Salomé Pradas y Nuria Montes. Un trabajo criticado duramente por oposición y ciudadanía y tildado de “incompetente”. La primera, responsable de Emergencias, reconoció desconocer hasta la misma tarde del 29 de octubre la existencia del sistema de alertas masivas, y la segunda, Montes, fue cesada por sus polémicas declaraciones con las que señaló que era “muy importante que todas las personas sepan que aquí no se va a permitir, no se van a entregar cuerpos a familias, no se va a permitir el acceso de familiares a la zona donde tenemos custodiados a todos los fallecidos, así que tienen que esperar de forma obligatoria la llamada del juzgado y la entrega de la documentación pertinente.
