Al menos 34 millones de euros. Este es el montante económico que el Ejecutivo de Carlos Mazón ha concedido tras la DANA para trabajos de reparación de depuradoras a empresas vinculadas a la corrupción del partido en la Comunidad y provincias valencianas.
Así las cosas, parte de los contratos de emergencia que el actual Partido Popular ha adjudicado después de la tragedia han ido a parar a compañías del tejido empresarial vinculado al sector de la construcción que, durante los años de la burbuja, tuvo como protagonistas a Francisco Camps y Rita Barberá.
En total, de los 50’6 millones de euros que ha destinado en contratos de urgencia para operar en su infraestructuras, 34’2 han llegado a compañías que en su día financiaron al PP valenciano, principalmente en el marco de dos tramas de corrupción -la Gürtel y el caso Taula- que ya están sentenciadas tanto por la Audiencia Nacional como por la Audiencia Provincial de València.
En la misma línea, otro de los contratos ha sido adjudicado a una constructora que presuntamente pagó comisiones al cuñado de Rita Barberá, el letrado José María Corbín, unas presuntas mordidas que están siendo investigadas en la instrucción del caso Azud. Todas las nuevas adjudicaciones a dedo y por el procedimiento de urgencia se suman a las ya realizadas de la misma manera a empresarios vinculados a la financiación del PP en Gürtel para las obras de reparación en la presa de Buseo, así como para el tramo de metro que atraviesa el barranco del Poyo, según informa elDiario.es.
Obras de depuradoras a empresas vinculadas, presuntamente, a la corrupción del PP
Javier Sendra Mengual, secretario autonómico de Infraestructuras y Transportes, consellería que depende de Vicente Martínez Mus, ha adjudicado recientemente los contratos de emergencia para las obras en una docena de infraestructuras con “afecciones de mayor envergadura”.
Se refiere a depuradoras y colectores con daños que no se han podido reparar “directamente” por las empresas que ostentas los contratos de operación y mantenimiento, según afirma el propio Sendra en el acuerdo de declaración de emergencia. Los daños de la catástrofe han afectado “gravemente al correcto funcionamiento” de las infraestructuras y, en algunos casos, las han dejado “completamente fuera de servicio”.
Compaías beneficiadas por Mazón
En el momento de publicación de este artículo, las compañías que, con total seguridad, han sido contratadas para paliar y/o reconstruir los efectos del temporal son, entre otras, la constructora Becsa SA; la cual ha recibido un contrato de emergencia de 2,3 millones de euros para obras en infraestructuras de EPSAR en Vilamaxart, municipio situado en la comarca valenciana del Camp de Túria. Es la misma compañía que se ha ocupado de las obras en la presa de Buseo en Sot de Chera, tal y como informó el mismo medio de comunicación anteriormente señalado.
Uno de los accionistas de esta firma, Gabriel Alberto Batalla Reigada, fue condenado en 2018 por delito electoral y falsedad documental después de un pacto de conformidad con la Fiscalía Anticorrupción para reconocer los hechos y, de este modo, rebajar la pena. Becsa SA también abonó gastos de seguridad privada para Carlos Fabra después de abandonar sus cargos institucionales, tal y como revela el sumario del caso Fabra 2. De forma detallada, la antigua marca de la empresa, Lubasa, aportó 200.000 euros en la caja B del PP valenciano para la campaña electoral de Barberá en los comicios municipales de 2007, tal y como recoge una sentencia separada del ‘caso Taula’.
La Sociedad de Agricultores de la Vega (SAV) ha obtenido contratos que alcanzan los 9’5 millones de euros para obras en la depuradora de Pinedo y en infraestructuras de EPSAR en Algamesí, Albalat, l’Alcudia y Carlet. Esta compañía es una histórica concesionaria del Consistorio valenciano y abonó 300.000 euros a la Caja B de Rita Barberá entre 2006 y 2007.
CHM Obras e Infraestructuras, por su parte, ha logrado contratos de emergencia de 2,8 millones de euros para obras en una infraestructura de EPSAR en Utiel, una de las localidades que primero se vieron afectadas por la DANA. El presidente de esta firma también fue condenado en el espacio de la Gürtel; en su caso a un año y nueve meses de prisión por dos delitos electorales que tienen que ver con los comicios de 2007 y uno tercero de falsedad documental.
Se trata de una empresa familiar en la que su hermano, José Martínez Berna, consejero de la mercantil, también fue condenado a la misma pena. Ambos evitaron la cárcel tras un pacto de conformidad suscrito en 2018 con la Fiscalía Anticorrupción.
Esta misma empresa ha logrado 4,2 millones de euros de los contratos de emergencia de la empresa pública Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) para obras de reparación en el tramo que atraviesa el barranco del Poyo. También depende de la Consellería de Infraestructuras.
A las firmas señaladas hay que añadir otras como la del empresario Enrique Gimeno, Facsa. En su caso ha obtenido 1,5 millones de euros para obras en las instalaciones de EPSAR en Benicarló, que se vieron asimismo afectadas por la segunda DANA en Castellón, Alzira y Carcaixent.
La firma controla el sector del agua en Castellón desde finales del siglo XIX y su actual dirigente aceptó la pena de un año y nueve meses de prisión por tres delitos electorales y uno de falsedad documental después de reconocer la financiación en B del PP valenciano en la misma campaña electoral que las anteriores. Además, el empresario hizo un préstamo a fondo perdido a Fabra.
FCC Aqualia, Pavagua Ambiental u Ocide completarían la extensa lista de compañía que han tenido problemas con la Justicia por casos vinculados al PP y que han participado en acciones dentro de la Comunidad Valenciana después del paso de la DANA.
