Finalmente, será el propio presidente del Gobierno y líder del Ejecutivo, Pedro Sánchez, quien decida si se somete al debate sobre la cuestión de confianza presentada el pasado mes de diciembre por Junts.
Así se ha hecho efectivo después de que este miércoles la formación de Carles Puigdemont haya aceptado las consideraciones de los letrados de la Cámara Baja y haya cedido a reformular la redacción del texto, mediante la que dejan en manos del propio presidente la decisión.
En su momento, el pasado 9 de noviembre, la PNL presentada por Junts instaba al presidente del Gobierno “a plantear una cuestión de confianza”. Sin embargo, según se reflejaba en un informe de 16 páginas presentado por los letrados de la Secretaría General del Congreso estas propuestas “se conciben, a partir de la previsión contenida en el artículo 111.2 de la Constitución, como manifestaciones de posición de la Cámara o, según el artículo 193 del Reglamento, como propuestas de resolución que, como se verá, carecen de efectos jurídicos”.
Por ello, y tras la respectivas negociaciones que se han dado entre el Gobierno y Junts para salvar el escudo social del decreto ómnibus, los neoconvergentes parecen mantenerse en la postura de la desconfianza pero ahora ven el posible debate como una “oportunidad”. Así lo ha expresado su portavoz en el Congreso, Miriam Nogueras: “Creo que es una oportunidad, si tú realmente te sientes fuerte y tienes argumentos para seducir a aquellos que necesitas que te voten, la plataforma de un debate de estas características es brillante para lucirte y para no dar más argumentos a quien te está cuestionando la confianza”.
Una propuesta “sin impacto jurídico”
Pese al sí de Junts a que sea el líder del Ejecutivo quien decida sobre el debate, no conlleva esto último que finalmente se lleve a cabo la cuestión de confianza. Ya en el escrito presentado por los letrados de la Cámara Baja se especificaba que “el resultado de la votación de esta iniciativa, si fuera admitida y sometida al Pleno, carecerá de impacto jurídico alguno en la relación de confianza existente entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo”.
Es decir, que estas propuestas tienen, fundamentalmente, como fin último la consideración de la valoración general de la Cámara sobre el asunto que se lleve a debate, en este caso la legislatura de Sánchez, sin que esto sea vinculante ni tenga efectos jurídicos. “La aprobación de este tipo de iniciativas comporta la expresión por parte de la Cámara de su criterio o afán sobre el asunto debatido, derivándose de ello, sin duda, efectos políticos, pero en ningún caso jurídicos”.
Con todo ello, e independientemente de lo que se desprenda del posible debate, este se celebraría, a mucho tardar, el próximo 25 de febrero. Esto es así porque los grupos como Junts, que reúnen menores apoyos en la Cámara Baja que los cuatro grandes -PSOE, PP, Vox y SUMAR- solo pueden presentar una proposición no de ley (PNL) para instar al Gobierno a llevar a cabo cualquier medida por cada periodo de sesiones, y en el caso de los nacionalistas catalanes la fecha prevista para hacerlo es el 25 de febrero.
De esta manera, de aprobarse, será la mayoría progresista de la Mesa del Congreso -formada por cuatro miembros del PP y cinco de PSOE y SUMAR- quien apoye el debate.
Tira y afloja en las negociaciones
El anuncio del grupo neoconvergente se produce un día después de que el Gobierno y Junts llegaran a un acuerdo para recuperar las medidas recogidas en el decreto Ómnibus que la última semana tumbaban con PP y Vox. A modo de intercambio de favores, los de Puigdemont cedían a conceder el apoyo al Ejecutivo a cambio de que Sánchez aceptase el debate de la PNL sobre la cuestión de confianza.
Un acuerdo que no solo conllevaba efectos en lo que a la confianza del presidente se refiere sino también en el anuncio de suspensión de las negociaciones con el PSOE que anunciaba hace unas semanas Puigdemont, y que quedaba suspendido de esta forma.
Con todo ello, se recupera el decreto social que, como señalaban este martes fuentes del gobierno, incluye “la revalorización de las pensiones, el mantenimiento de las bonificaciones para el transporte público, las ayudas relativas a la DANA y medidas para proteger a familias vulnerables, así como medidas para garantizar el cobro del alquiler a propietarios y el pago de los desperfectos ocasionados por okupas o morosos en las viviendas”.
