Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2025 vuelven este martes al Consejo de Ministros como el primer paso de un nuevo intento de salir adelante para poder aplicarlos a partir del próximo 1 de enero. Tras el no de Junts a los objetivos de deuda y déficit planteados por el Gobierno a finales de julio, el Ministerio de Hacienda de María Jesús Montero vuelve a llevar sus cifras previstas para el próximo año a la reunión del Consejo de Ministros para arrancar un segundo camino, y una segunda oportunidad, para la aprobación de las cuentas públicas de 2025.
El Ministerio de Hacienda, y el equipo económico del Gobierno, mantienen el techo de gasto llevado ya al Consejo de Ministros por primera vez el 16 de julio de 2024, una semana antes de ser tumbados los límites de déficit y deuda en el Congreso de los Diputados. Así, el Ejecutivo pretende aprobar, de nuevo, este martes el límite de gasto no financiero de 2025 y los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública para el conjunto de administraciones, el primer paso para la aprobación final de las cuentas públicas de 2025. Todo ello sin cambios frente a la propuesta diseñada, y presentada públicamente, hace casi dos meses.
En un Consejo de Ministros casi exclusivamente económico, con María Jesús Montero y Carlos Cuerpo a la cabeza, el Ejecutivo marcaba antes de las vacaciones de verano el techo de gasto en una cifra récord de 199.171 millones de euros, cifra que incluye los fondos europeos de recuperación y que supera la reservada para el ejercicio económico actual. Asimismo, el equipo económico del Gobierno daba cuenta de los nuevos objetivos de estabilidad fiscal, con la previsión de cerrar este 2024 con un déficit del 3% y del 2,5% en 2025, y de la revisión de los porcentajes para las distintas administraciones.
Los PGE de 2025, o al menos las primeras cifras públicas, contemplan también una transferencia del Estado al sistema de la Seguridad Social de 22.881 millones de euros, una partida que crece un 7% con respecto a 2024 y que está alineada con las recomendaciones del Pacto de Toledo, tal y como explicó la responsable de la cartera de Hacienda y voz económica autorizada del Ejecutivo. Ya en la primera presentación del techo de gasto, la ministra de Hacienda y vicepresidenta primera se mostraba confiada en el plan. “Esperamos tenerlos aprobados antes del 31 de diciembre de 2024”, anunciaba Montero, reconociendo también la complicada situación parlamentaria. No obstante, la fecha límite anunciada por Montero todavía puede cumplirse, teniendo el Gobierno casi cuatro meses hasta el cierre del año.
Más del Consejo de Ministros
Además del techo de gasto, que vuelve a la mesa del Consejo de Ministros, se espera que el Gobierno apruebe medidas de carácter económico y social en el entorno de las empleadas del hogar, un sector muy feminizado. Este ha sido uno de los objetivos recurrentes de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quien este martes detallará la letra pequeña del real decreto que será sometido a votación previa a su aprobación.
El texto contiene varios avances en seguridad y reconocimiento para estas trabajadoras, conminando a los empleadores a elaborar una serie de tareas preventivas para que las empleadas puedan realizar su trabajo de una forma segura y en condiciones óptimas. Estos trabajos preventivos pasan, especialmente, por una evaluación online y el reconocimiento médico gratuito.
Presupuestos con o sin apoyos
Con la nueva aprobación del techo de gasto, bloqueado en el Congreso antes del parón veraniego por el rechazo del habitual bloque de la oposición y de Junts per Catalunya, se abre una nueva fase para presentar los Presupuestos Generales del Estado. El Gobierno es consciente de que no será fácil aprobar las cuentas públicas, pero está decidido a presentarlos y someter su puesta en marcha a decisión de la Cámara Baja.
Con el ánimo de que las negociaciones acaben cambiando pareceres y las cuentas puedan ser aprobadas, pesa sobre el Gobierno una presión añadida por la hemeroteca. Era 2018 cuando el actual presidente del Gobierno, entonces aún en la oposición, aseguraba en varios mítines que Mariano Rajoy estaba obligado a convocar elecciones generales porque un Ejecutivo sin presupuestos era como “un coche sin gasolina”. Palabras que ahora recuerdan desde el PP y que, por el momento, no atienden en Moncloa, desde donde aseguran que la voluntad del líder del Ejecutivo y de su equipo ministerial es agotar la legislatura a toda costa.
No obstante, los plenipotenciarios de la configuración de los PGE y de su negociación aún no descartan que el libro amarillo pueda ser aprobado. Confían en la capacidad de negociación del Gobierno, marca personal de Pedro Sánchez, y esperan pacientemente a que dos de los partidos involucrados en su hipotética aprobación se rearmen internamente. En el horizonte, Junts per Catalunya y ERC celebrarán durante este otoño sus congresos internos, de donde saldrá una hoja de ruta independentista y, previsiblemente, nuevas caras con las que batirse en los despachos y en las mesas de diálogo.
La financiación territorial
La presentación de los PGE no es la única batalla que asumirá de forma cercana el Gobierno. Los ministerios de Hacienda y de Economía, con María Jesús Montero y Carlos Cuerpo al frente, respectivamente, tienen por delante un sinfín de retos que empiezan con el nuevo sistema de financiación autonómica, de extrema relevancia después del acuerdo para la singularidad catalana y el descontento del resto de autonomías.
De hecho, esta fue la medida más debatida este sábado en el Comité Federal del PSOE. A las críticas de Emiliano García-Page y Javier Lambán, líderes del sector crítico a Pedro Sánchez, le siguió un encuentro a puerta cerrada en la que el secretario general del partido, Pedro Sánchez, volvió a prometer un nuevo marco de financiación territorial con más recursos para la totalidad de las CCAA. Algo que, tal y como ya adelantó el pasado miércoles en el Instituto Cervantes, se conseguirá duplicando el presupuesto del fondo de compensación interterritorial.
No obstante, esta promesa no calmó los ánimos del presidente de Castilla-La Mancha y del líder de los socialistas aragoneses, que, visiblemente enfadados, comparecieron en un tono durísimo ante la prensa desplegada a las puertas de Ferraz para pedir que la singularidad catalana no rompa los marcos constitucionales de solidaridad entre autonomías: “¿Qué tiene de singular una dolencia médica en un niño de las Ramblas y uno de Almendralejo?”, se preguntó Page. “Si Madrid reclamase lo mismo, el resto de autonomías tendríamos que irnos en pateras a Mauritania”, aseguró Lambán.
Críticas que resonaron internamente pero que, según aseguran fuentes que escucharon lo que sucedía a puerta cerrada, no fueron tan vehementes en el interior del Comité Federal. De hecho, el cónclave fue menos crispado de lo que se anticipaba, con solo 24 intervenciones, menos de las habituales en un “Comité de trámite”, y con las únicas intervenciones díscolas de los dos disidentes habituales -se esperaba que Juan Lobato (Madrid), Miguel Ángel Gallardo (Extremadura) o Juan Espadas (Andalucía) se sumasen a las críticas-.
